Esta columna parte de un encuentro con la directora (Domi Viñas) y la jefa de estudios (Mireia Arnau) del Instituto-Escuela El Til·ler, situado en un barrio popular de Barcelona. Pero puede representar a otros muchos centros de toda la península que, como argumentaba en mi columna anterior, para mí ocuparían los primeros puestos de “mi” lista Forbes de mejores instituciones de enseñanza.
El concepto de Instituto-Escuela responde a una institución educativa española fundada en Madrid en 1918, para extender a la enseñanza secundaria oficial los principios educativos fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza y de la pedagogía europea más avanzada de su época. La Generalitat Estatutària (1932-1933), creó el Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya en 1932, basado en la coeducación, el uso del catalán como lengua básica, el laicismo y la continuidad coordinada entre la enseñanza primaria y la secundaria.
En la primera década del siglo XX, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña comenzó a impulsar la creación de este tipo de centros, que acogen alumnado entre 3 y 16 años. En este momento existen más de 50. Su finalidad es dar respuesta a las necesidades del alumnado y sus familias y explorar nuevas estructuras organizativas que permitan alcanzar el éxito escolar a toda la población. Sobre el papel, este tipo de centros goza de autonomía pedagógica para impulsar sus proyectos educativos y capacidad organizativa y de gestión de sus recursos. Como idea sigue siendo sugerente y atractiva. Como realización depende, como toda acción escolar, del contexto social, político y económico.
El artículo 27 de la Constitución Española aprobada en 1978 estipula:
- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
- Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
- Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
Cuarenta y cuatro años más tarde, en la distancia entre el papel y “la realidad”, encontramos un tupido entramado formado por las experiencias y situaciones más diversas. Algunas, como argumenta este texto, ignoradas y, en ocasiones, humillantes.
Según un informe de Save the Children de 2021, en el 9 % de los centros educativos españoles se concentra más del 50 % de alumnado desfavorecido. En un 37,4 % la concentración es de entre un 26 % y un 50 %. En un 34,3 % de un 10 % a un 25 %. Y en el 18,9 % de menos de un 10 %. Sitúense en el mapa de sus ciudades y adivinen los lugares en los que se ubican los distintos tipos de institución. Según este informe, para eliminar la segregación escolar en España, habría que cambiar al 31 % del alumnado más vulnerable de unos centros a otros. Por otra parte, España es el tercer país de la OCDE con más centros gueto y como bien puede advertirse todos ellos son de titularidad pública.
Este es el contexto que inspira esta columna. En el de una escuela primaria de un barrio que históricamente ha sufrido abandono institucional y se ha mantenido física, simbólica y socialmente aislado del resto de la ciudad de Barcelona. Con un importante volumen de población romaní, en un principio, y de diversas procedencias migrantes, después, sistemáticamente evitado por las familias con aspiraciones. Una escuela que había luchado durante años por transformar la diversidad y la diferencia en una fuente de aprendizaje, respeto y cuidado.
El Plan de choque del Ayuntamiento de Barcelona para acabar con los guetos escolares les permitió poner en marcha un proyecto de cambio y renovación pedagógica por el cual pasó a convertirse en el Instituto-Escuela El Til·ler, basado en las pedagogías del cuidado. Entendiendo el cuidado como acogida de todos los miembros de la comunidad. Como practica afectiva y encarnada. Como reconocimiento. Todo ello implica enfrentarse a las estructuras existentes y a las realidades determinantes por lo que, a menudo, se convierte en una práctica de resistencia. Pero, sobre todo, se caracteriza por una profunda implicación y compromiso, en particular por parte del equipo directivo.
Este instituto-escuela, como otros muchos, ha logrado un importante descenso del abandono escolar temprano, consiguiendo que un alto porcentaje de alumnado acabe la ESO. Pero sienten la impotencia de romper con el gueto. Necesitan algo más que su constante implicación y esfuerzo. De ahí que, cuando ven que algunos estudiantes de secundaria se van a otros centros del barrio, pero que ninguno se cambia al suyo, sientan una gran ambivalencia. De ahí que el comentario de la directora de un centro concertado próximo sobre su alegría por el éxito que han tenido ellos en la campaña de preinscripiones les lleva a exclamar: “¡No nos humilléis!, ¡no nos conocéis!”. De este modo, a todas las sugerencias que dan diferentes expertos para acabar con los guetos escolares, tengamos que añadir una fundamental: reconocer a quien está haciendo en esfuerzo enorme de acabar con los guetos, comprender y valorar la magnitud de la aportación de este profesorado a la mejora y la armonía educativa y social.