Si una situación no se define es difícil que se pueda reclamar o rechazar. Este es el escollo principal que las organizaciones que conforman la Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar #AlColeJuntos2030 ven en la futura Ley de Igualdad de trato y no discriminación que ha pasado su trámite por el Congreso y acaba de entrar en el Senado.
El lunes tienen una reunión con representantes del PSOE para intentar presionar para que esta ley defina qué es segergación escolar, entendida como la separación de uno colectivo en centros concretos o, dentro de los centros, en aulas específicas.
Varias con las convenciones de la ONU que España tiene firmadas y en las que se denuncia cualquier tipo de discriminación o segregación. A pesar de esto, ni la Ley de Igualdad de trato ni la Lomloe definen qué es la segregación escolar, lo que dificulta que se pueda luchar contra ella cuando se produzca. Este es el objetivo que esta alianza se ha marcado en el trámite de la ley: una definición clara que permita, después, dar la batalla por se inclusión educativa.
Esta es una de las piedras de toque que en los últimos años ha supuesto encontronazos importantes entre organizaciones del tercer sector, partidos políticos e, incluso, individuos particulares. La discusión entre el derecho a la educación inclusiva y de calidad (propuesto en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España en 2008) y el derecho de las familias a elegir la escolarización que desean.
Como recuerda Gregorio Saravia, delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, «no se puede renunciar al derecho a no ser discriminado», es decir, aunque una persona o una familia quiera escolarizar en un centro especial, esto supone una discriminación, una segregación y los poderes públicos han de hacer lo posible para evitarlo. Saravia, eso sí, comenta que la organización apoya y escucha a las familias que, por no tener una opción real de inclusión en centros ordinarios, acuren a los especiales.
Para Álvaro Ferrer, técnico de Save the Children y responsable en buena medida de los úlitmos trabajos de la organización en relación a la segregación socioeconómica en el sistema educativo español, es importante que la ley contemple la definición de segregación porque, entre otras cosas, contiene la posibilidad de denuncia y sanción. Pero si no se define segregación ni segregación escolar (nombradas cinco veces en el texto), es muy difícil hacerlos. «Si no lo defines, es un brindis al sol».
Ferrer opina que si no se contempla este cambio en el texto, nos exponemos a la posibilidad de pasar de tener una ley vanguardista a ir a rebufo de normativa, además, que emana también de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.
En este mismo sentido se expresa Isidro Rodríguez, presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Es necesario que se defina la segregación escolar que en el caso de las niñas y niños gitanos hace que el 50 % esté escolarizado en centros gueto, es decir, el colegios o institutos en los que el 30 % o más del alumnado es gitano.
Saravia asegura que son moderadamente optimistas en relación a la reunión del próximo lunes, aunque es consciente de que los partidos políticos, en general, tienen su propias agendas y negociaciones abiertas que pueden modificar en cualquier momento su postura ante determinadas cuestiones. Para Rodríguez la experiencia es parecida y una cosa es lo que quieran hacer las y los senadores y otra lo que termine ocurriendo por influencia o mandato del Gobierno.
Álvaro Ferrer insiste, además, en que la lucha contra la segregación socioeconómica y la creación de guetos en los centros educativos no es cara. Hay medidas que en realidad no tienen coste económico, que sí político, como el desarrollo de la zonificación para la escolarización, evitar un determinado volumen de personas de un colectivo concreto en lugares determinados, ofreciendo a las familias los suficientes datos como para que puedan tomar una decisión informada de cara a la búsqueda de centros educativos o persiguiendo el cobro de cuotas desde los centros concertados.
