En primer lugar, el significante fuerte del concepto es el carácter «prematuro o temprano» de la desescolarización. No es el fracaso escolar por no superar la ESO sino no haber logrado ninguna titulación post-obligatoria ni participar siquiera en ningún proceso formativo reciente que mejore su empleabilidad. El gran problema sistémico es que tenemos tasas de escolarización muy próximas a la media europea en los niveles post-obligatorios, pero la tasa de graduados en secundaria postobligatoria está 13 puntos por debajo de la media europea (Carabaña, 2016).
El 58% de los jóvenes entre 18 y 24 años que se encontraban en situación de abandono prematuro en 2021 se había graduado en la ESO y no deberían tener dificultad para titularse en la post-obligatoria. Sin embargo, una parte considerable ha abandonado tras pasar por bachillerato y grados de FP ya sea por desorientación, por falta de vocación, por falta de oferta pública o por bajo rendimiento. Seguimos sin datos oficiales sobre las trayectorias de abandono educativo a pesar de ser los líderes europeos.
Conviene cambiar el imaginario social que imputa el abandono prematuro como un comportamiento individual y carencial asociado al fracaso escolar. Habría que poner más énfasis en las causas institucionales que lo generan y que limitan el logro de titulaciones post-obligatorias en nuestro país a diferencia de otros países con una mayor democratización de los títulos post-obligatorios. Las causas institucionales implican, en primer lugar, al sistema educativo por su inadecuada atención a la diversidad, por la rígida cultura académica que ha bachilleratizado una etapa básica como la ESO y por la existencia de un título selectivo al terminar la ESO que no existe en la mayoría de países de nuestro entorno. A lo que cabe añadir una oferta desactualizada e insuficiente de FP.
Además, confluyen tres factores generadores de trayectorias que acabarán en abandono y una acusada desigualdad de oportunidades: a) la alta segregación escolar por razones socioeconómicas, b) el escaso despliegue de la diversificación curricular que sería una alternativa al exceso de la repetición de curso y c) el abuso que hacen muchos institutos públicos del streamig o agrupación de alumnos según su nivel de rendimiento y que actúa como un efecto Pygmalión devastador por la autoestima de los alumnos que más necesitan del apoyo y ayuda de la escuela.
En segundo lugar, la otra causa institucional del abandono escolar es el mercado de trabajo, la configuración sectorial del sistema productivo y las modalidades de contratación laboral. Es una dimensión y un significante implícito del que se habla poco o queda obviado en supuestos informes de calidad sobre el tema, pero que tiene una importancia central. Los jóvenes que abandonan viven simultáneamente el efecto expulsión (push) que ejerce la escuela, así como el efecto atracción (pull) del sistema productivo para ponerse a trabajar.
En ciclos de crecimiento económico, el coste de oportunidad de seguir estudiando aumenta e incentiva a los jóvenes con una experiencia negativa en la escuela a ponerse a trabajar. En 2007 en plena burbuja inmobiliaria, el 71% de los jóvenes entre 18 y 24 años que habían abandonado sus estudios estaban ocupados en sectores intensivos de mano de obra (pero de altos salarios en el caso de la construcción). Al estallar la Gran Recesión, tan sólo el 34% de los jóvenes abandonistas estaba trabajando en 2013, facilitando el retorno al sistema educativo y bajando las tasas de abandono del 30,8% de 2007 hasta el 23,6% en 2013 para el conjunto de España.
Una vez trabajan cuesta mucho más que vuelvan a los estudios y se completa así el círculo de reproducción social de la baja cualificación y el mayor riesgo de pobreza persistente a lo largo de sus vidas
El efecto atracción (pull) que ejerce el sistema productivo es aún más intenso en las CCAA con menor paro juvenil en relación a otras CCAA con menor dinamismo económico. Con la recuperación económica llegamos a 2019 con una tasa de abandono que había descendido hasta el 13,3% pero se vuelve a recuperar la tasa de empleo y un 50% de los jóvenes abandonistas trabajaban. El impacto de la pandemia y la destrucción de empleos básicos hace que, en 2022, la tasa de ocupados entre los jóvenes que han abandonado haya bajado hasta el 44% pero el abandono haya subido hasta el 13,9%. Una tendencia al alza que augura un nuevo escenario. La cuestión es que una vez los jóvenes que abandonan trabajan cuesta mucho más que vuelvan a los estudios y se completa así el círculo de reproducción social de la baja cualificación y el mayor riesgo de pobreza persistente a lo largo de sus vidas.
A partir de una amplia muestra de regiones europeas, ciertos estudios económicos cifran que la tasa del abandono escolar está un 80% condicionada por la abundancia o no de puestos de trabajo poco calificados. Es el caso de España con un 30% del total de los puestos de trabajo que son de baja cualificación en contraste con el 11% de la economía alemana. Son dos modelos antagónicos de regulación y construcción de las cualificaciones (Soskice, 1994). El español sigue el modelo «adecuacionista» donde las empresas tan sólo esperan que el sistema educativo segmente y prepare el talento que seleccionarán con una separación estricta entre educación y trabajo. En cambio, el alemán sigue un modelo “profesionalizador” donde las empresas y sindicatos acuerdan y codifican las cualificaciones como profesiones, con sistemas duales de formación y requisitos de titulación en FP hasta para ocupar empleos básicos como el de camarero o panadero que adquieren un perfil cualificado.
El modelo español de cualificaciones genera mayor paro y salarios bajos con un acusado desajuste entre oferta formativa y demanda laboral, mayor sobrecualificación de los universitarios y abundancia de trabajadores sin requisitos de titulación para proveer al mercado secundario de trabajo (trabajos precarios, mal pagados y/o informales). Pero, además, no existe una cultura empresarial favorable a hacer posible que los jóvenes que abandonan sus estudios puedan trabajar, adquirir experiencia laboral y al mismo tiempo formarse hasta alcanzar una titulación post-obligatoria. La cultura empresarial española sigue sin asumir del todo su papel en los esquemas de garantía juvenil que financia y promueve la Unión Europea a la hora de formar aprendices y ofertar períodos de prácticas para menores de 30 años. Ya es problemático encontrar plazas de prácticas para los grados de FP y aún lo es más para las escuelas de segunda oportunidad y resto de programas formativos para las personas jóvenes que han abandonado.
La cultura empresarial española sigue sin asumir del todo su papel en los esquemas de garantía juvenil que financia y promueve la Unión Europea
Las modalidades y prácticas de contratación podrían ser más eficaces a la hora de compaginar el puesto de trabajo y los estudios, aprovechando la nueva arquitectura modular de la FP o los certificados de profesionalidad que permiten convalidaciones e itinerarios ascendentes de formación. El nuevo contrato de formación en alternancia aprobado por RD-Ley 32/2021 está bonificado por las empresas y permite compaginar trabajo y estudios para personas entre 16 y 30 años. Sin embargo, no está solo focalizado en los jóvenes con bajo nivel de estudios dado que también incluye a universitarios. La cuestión es que en enero de 2023 sólo representaba el 0,9% de todos los contratos laborales realizados en España entre menores de 25 años.
Por tanto, no está incentivando al empresariado a un mayor compromiso contra el abandono escolar prematuro, pese al aumento de vacantes en muchos oficios básicos (carniceros, fontaneros, instaladores, electricistas…) que se pretende solucionar importando y perfilando una inmigración ya especializada. La cuestión siempre es la misma: los costes de aprendizaje deben ser asumidos por otros (fondos públicos, fondos europeos o inmigración) sin ser asumidos del todo por las empresas que “esperan” la mano de obra a sus puertas sin implicarse en un esquema dual que combine formación, experiencia laboral y acceso a títulos.
En suma, el mundo empresarial y los sindicatos también tienen una corresponsabilidad pendiente en reducir las altas tasas de abandono escolar. Pueden hacer mucho más de lo que hacen y hacerlo de otras maneras. Y el mundo educativo debe conocer mucho más la importancia que juega el mercado de trabajo en la “producción” del abandono. De hecho, unos y otros reproducen la separación estricta entre trabajo y educación que es propia del modelo “adecuacionista” y de un taylorismo que culturalmente todavía pervive en la metapolítica con la que se piensan las decisiones.
En plena globalización y alta competitividad dependiente del talento y cualificación del capital humano no tiene sentido alguno mantener esta separación fáctica y cognitiva entre el mundo laboral y el mundo educativo-formativo. Se requiere un enfoque global e integrador que desarrolle al máximo las competencias y las titulaciones a través de esquemas duales, flexibles y modulares como hace la reciente Ley de Ordenación e Integración de la FP (2022). Por su parte, la nueva Ley de Empleo (2023) que moderniza las políticas activas de empleo establece como prioridad el retorno educativo de los jóvenes activos de 16 y 17 años sin títulos post-obligatorios. Sin embargo, llama la atención que no haya incluido a los jóvenes de 18 a 24 años que abandonan como uno de los “colectivos prioritarios de atención” a pesar del mandato de la Unión Europea.
Sin duda, es bajo un gobierno progresista con el que es posible alcanzar el ineludible desafío conjunto para que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo se pongan de acuerdo en sistematizar un plan integrado e inter-ministerial contra el abandono educativo elevándolo como una prioridad de Estado. Se van dando pasos, pero sigue sin materializarse y sería todo un revulsivo para integrar sus respectivas bases de datos y conocer quién ha abandonado puesto que en plena era de Big Data y aun liderando el ranking europeo, en España seguimos sin saberlo.
A su vez, ese esperado plan integrado facilitaría incorporar al mercado de trabajo y a los agentes económicos como parte de la solución asumiendo su corresponsabilidad. Del mismo modo que el sistema educativo debe asumir la suya desarrollando todo el potencial inclusivo de la LOMLOE (2020). Sincronizar las medidas entre el mundo educativo y el laboral y revertir sus inercias históricas y culturales no es tarea fácil, pero es la mejor receta contra el estancamiento o posible repunte del abandono escolar en el nuevo ciclo de crecimiento y el mayor efecto exclusor que tendrá la baja cualificación. Prevenir hoy la pobreza futura del 14% de las personas jóvenes que abandonan sin título post-obligatorio es una medida predistributiva justa y necesaria en todo gobierno progresista y una apuesta clara por elevar el nivel de titulaciones y de conocimiento.
Resumen de la ponencia-marco del 9º Seminario del proyecto transformador Noves Oportunitats Educatives 4.10 de la Diputación de Barcelona realizado el 14 de febrero de 2023.
