Con el pretexto de la anterior crisis económica no sólo se redujo el gasto público en los derechos esenciales que tiene que garantizar toda administración pública, educación y sanidad, sino que se abrieron de par en par las puertas de lo público a nuevos actores privados.
Estos actores privados están influyendo tanto en las políticas educativas, como en sus desarrollos normativos y en la introducción de nuevos modelos y estrategias de gestión propios de la empresa. Su papel se ha legitimado con el mantra, avalado también por administraciones y gobiernos supuestamente progresistas, “colaboración público-privada”, que todos los estudios e investigaciones vienen a concluir que este término es un eufemismo utilizado para disfrazar la realidad: la parasitación de lo público por parte de lo privado.
Cataluña, Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León han sido el laboratorio de experimentación de estas políticas neoliberales, cada vez más salvajes y desbocadas. Están dando la “batalla ideológica” por el significado. Resignificando conceptos propios de la izquierda desde el enfoque neoliberal: la libertad colectiva contra la opresión ha pasado a resignificarse como libertad “individual”, incluso a costa de los demás; la calidad como mejora, ha pasado a resignificarse como excelencia y algo selectivo; incluso denominan de “iniciativa social”, no aquello que se construye comunitariamente, sino los centros concertados (negocios privados financiados públicamente) o lo que hacen las fundaciones privadas, etc. Pero también han conseguido introducir y normalizar en la educación, mediante este neolenguaje, prácticas y terminología propia del mundo empresarial: competencias, eficiencia, eficacia, rentabilidad, estandarización, talento, etc.
Esta resignificación de conceptos ha tenido el impulso definitivo cuando se ha legitimado la participación pública de estos lobbys de interés privado por parte de las administraciones educativas. Actores privados, que ya no son únicamente la clásica patronal de los centros concertados o la eterna jerarquía católica, sino que se presentan disfrazados de ongs, fundaciones, bancos, e incluso concursos de premios al “mejor profesor”, como si la educación fuera un circo. Estos “influencers”, con intereses ideológicos y lucrativos muy determinados, están condicionando las políticas actuales de un bien común y esencial, de un derecho básico, como es la educación.
Un claro ejemplo de la injerencia de estas fundaciones económicas y bancarias en la educación, de la mano de la administración, ha sido la imposición del modelo de FP dual. Modelo inicialmente inspirado en modelos europeos pero que se ha implantado con un enfoque de ‘flexibilidad’, precarización, explotación laboral al estilo low-cost, sin garantías formativas ni laborales para quienes participan como aprendices ni para las personas trabajadoras de las empresas.
No olvidemos que este modelo de formación alternada entre el centro educativo y la empresa fue implantado por la administración conservadora del ministro Wert y se vendió como una de las políticas más eficaces para reducir el paro juvenil y el abandono educativo. Pero ha sido adoptados por las ministras del gobierno actual como la biblia educativa, así como por la inmensa mayoría de gobiernos de las comunidades autónoma. No hay como vender bien el producto para que te lo compren, sobre todo si nadie se encarga de inspeccionar y supervisar sus resultados.
El lobby impulsor de la FP dual, la Alianza por la FP Dual liderada por la Fundación privada Bertelsmann, ha ido tejiendo redes con editoriales, empresas, administraciones y sindicatos para seducir y hacer efectiva su implantación en los centros educativos. Esta red se ha tejido con la ayuda de las administraciones que predicaban las bondades de la formación en la empresa, como si fueran comerciales de esta fundación, a los claustros y los departamentos de los centros. Pese a la escasa implantación, las administraciones de todos los colores políticos han impulsado este modelo que ha acabado consolidándose y condicionando el currículo y la formación. Por su parte, los centros, ante la falta de alternativas y de financiación y apoyo para diseñar un proyecto realmente educativo, acabaron comprado el producto y emprendieron una absurda carrera por liderar el ranquin estatal de jóvenes en dual, ranquin de la cantidad sobre la calidad, que se ha acabado convirtiendo en el de la precariedad.
Sin embargo, diez años después de la implantación de este modelo dual apenas ha alcanzado al 5% del alumnado total matriculado en FP. Además, el porcentaje que cursan esta modalidad con contrato laboral es insignificante, el número de contratos de formación y aprendizaje está en mínimos históricos (8.494 jóvenes en el primer cuatrimestre del 2022). Y, por si fuera poco, en su práctica totalidad nutre de personal becario-precario a empresas que les utilizan sin relación laboral, en un espacio que está fuera del control de la inspección laboral y del amparo de la representación sindical. Es decir una tierra de nadie perfecta para la explotación laboral.
Con la nueva Ley de Formación Profesional del Gobierno de coalición de la noche a la mañana a toda la FP se la denomina dual. Aunque en la práctica, y a pesar de haber anunciado desde el Ministerio que toda estancia en la empresa sería remunerada, continuarán coexistiendo dos tipos de situaciones durante las estancias formativas: una sin remuneración hasta 700 horas, y otra remunerada de 700 a 1000 horas con relación laboral, pero con un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre del 2028. Lo que supone no solo distinta velocidad de implantación de la protección de aprendices becarios/as y trabajadores/as, sino que las garantías de derecho a las que se opone la patronal se trasladan en el tiempo, al desarrollo normativo de otras futuras legislaturas.
Nos encontramos así que se consagra definitivamente, en la normativa y en la mentalidad colectiva, la “dual del precariado” con dos opciones: aquella que les dota de un contrato precario y relativos derechos para las personas con mejor expediente académico, que tienen que superar para ello varios procesos de selección (como si les fueran a nombrar directivos) y la otra opción de explotación sin límite, a coste 0 para la empresa: destinada al resto de estudiantes de la FP Dual, sin remuneración ni derechos.
En esta deriva de explotación y privatización de lo público, tenemos que otorgar el premio como campeona de este palmarés de la privatización a Cataluña. Ha conseguido la cuadratura del círculo en neolenguaje y políticas ultraneoliberales. Ha sido capaz de naturalizar y normalizar en el imaginario colectivo, incluso de muchos trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, como ‘servicio público’ el negocio privado de la educación concertada (Cataluña incluye dentro del servicio público educativo tanto la educación pública como la privada-concertada y lo defienden muchos cargos políticos y de entidades sociales y educativas).
Incluso ha dado un paso más allá y ha convertido la segregación escolar de los centros concertados en una fuente de negocio lucrativo, vendiéndolo como lucha contra la segregación. Cuando lo cierto es que está pagando mucho a centros privados-concertados porque segreguen un poco menos de lo que hacen habitualmente.
Pero esta deriva privatizadora es especialmente sangrante en el campo de la Formación Profesional. Pese a tener una Ley propia desde el 2015, una Agencia pública y un sistema de concertación con los agentes sociales, mantiene:
- los recortes de la anterior crisis, como las tasas públicas de los ciclos de grado superior (al igual que Madrid),
- la masificación en las aulas con sobre-ratios de 33 personas por grupo (sin contar quienes repiten curso),
- lidera la matrícula de FP privada online en todo el Estado y de la formación dual en la administración pública ante la falta de empresas participantes,
- pionera y con más alumnado dual en la administración pública, modelo que con la nueva Ley se hace extensivo al resto de comunidades autónomas…
El modelo dual en la administración se inició en el Ayuntamiento de Barcelona y se ha hecho extensivo a otras administraciones públicas, ante la falta de empresas participantes en esta modalidad. Se han denunciado incluso casos de sustitución de profesionales por alumnado en formación dual (que supone fraude de ley). Pero lo más preocupante es que se ha trasladado la responsabilidad de la formación de la mitad del currículo a personal que trabaja empresas municipales y otras dependencias públicas, sin negociar las condiciones de las personas formadoras (que tengan cualificación adecuada) y de los aprendices (que no se les dedique a hacer fotocopias o a barrer, como denuncian alumnos y alumnas). Un modelo muy alejado de los referentes europeos basados en el consenso y la negociación con los representantes de los trabajadores.
De esta forma el modelo está basculando de lo formativo hacia la precariedad y explotación laboral. Lo terrible es que el gobierno catalán ha conseguido que sea normalizada y avalada esta privatización segregadora de lo público por la mayoría de los sindicatos y por partidos supuestamente progresistas del arco parlamentario catalán. Increíble, pero cierto. Mucho nos tememos que las otras comunidades mencionadas le van a la zaga y en poco tiempo serán capaces de alcanzar los puestos superiores del ranquin en este nivel de delirio privatizador y precarizador de la educación pública.
