Desde enero de 2024 hasta junio de 2026, las universidades públicas españolas contarán con una financiación de 50 millones (si es que la Comisión Europea lo aprueba) para la puesta en marcha de proyectos piloto que pretenden poner en marcha procesos de micro credenciales para colaborar en la educación a lo largo de la vida.
El proyecto tiene un suelo mínimo que deben alcanzar las administraciones (Ministerio y comunidades autónomas) de dar 1.000 formaciones y conseguir la acreditación de 60.000 personas.
Estas micro credenciales serán, presumiblemente muy cortas ya que tendrán una duración de entre uno y 15 créditos europeos, es decir, entre 25 horas y 375 horas lectivas. Un máster tiene 60 créditos (1.500 horas) y un grado universitario, 240 (14.400 horas).
Según el ministro, Joan Subirats, con este proyecto, que por otra parte llega mandatado por la Unión Europea, se pretende «abrir la universidad a todas las edades» como parte de la estrategia europea de formación a lo largo de la vida. La idea es que personas entre los 25 y los 65 años tengan la oportunidad de recualificarse cuando no hubieran podido acceder a la formación universitaria. Se trataría, ha explicado Subirats, de «construir un sistema más flexible y adaptable» para que la mayor parte de la población pueda acceder a él.
Para acceder a estas micro acreditaciones no será necesario cumplir los requisitos habituales de acceso a la universidad. Para quienes no pasaran por el bachillerato y la selectividad o la FP de grado superior, está previsto que puedan realizar procedimientos de acreditación de la experiencia profesional, desde las propias universidades, uy con eso poder acceder a estas nuevas formaciones.
En la reunión, ha comentado el ministro, ha habido representantes de la CEOE o Cepyme y de las cámaras de Comercio puesto que estas entidades son necesarias para que la universidad no realice ofertas formativas que no miren a «las demandas sociales» y productivas. Según fuentes de Universidades, «el principal papel de las empresas será el de colaborar con las universidades en ese diagnóstico concreto para hallar las necesidades y demandas» para que «las universidades no hagan microcredenciales en términos de oferta sino adaptadas a lo que se necesite en cada momento».
Esas mismas fuentes no aclaran si las organizaciones que representan a las patronales tendrán la capacidad de decidir sobre los contenidos de las diferentes microcredenciales, algo parecido a lo que pudiera estar ocurriendo en relación a la formación profesional en determinados territorios.
Eva Alcón, presidenta de la CRUE, ha asegurado en la presentación que se trata de una inciativa «necesaria para el aprendizaje a lo largo de la vida». Para Alcón, las microcredenciales son un intento para la inclusión y la igualdad de oportunidad en relación al acceso a los estudios universitarios. Una forma para que quienes no pudieron acceder a la universidad en su juventud puedan hacerlo ahora, para que las «personas vulnerables puedan acceder a formación».
Según la presidenta, las universidades pueden aportar experiencia en formación, además de enseñanza de calidad en todo este proceso. Ha hablado de la relación ya existente con el sector productivo, aunque esta se haya centrado más en la investigación. Ahora, la idea, es poder saber «lo que la sociedad necesita» y ver «cómo responder a ello», ha dicho.
Sobre la mesa, algunas dudas en relación al papel que tendrán las empresas a la hora de fijar o aconsejar sobre las microcredenciales o a la hora de establecer su contenido. Términos sobre los que desde Universidades no se ha ofrecido información.
