Tener 12 cocinas fantasmas junto a un colegio puede ser un problema. No solo porque los humos que pueden salir por las chimeneas colindantes al patio del colegio al que llevas a tus hijos. También porque, de la noche a la mañana, decenas de vehículos transitan delante y por la inmediaciones del centro escolar entre proveedores y repartidores de comida que entran y salen continuamente. A lo que se suma la gestión de basuras de todo aquello.
Intentar negociar con quienes están gestionando los nuevos negocios y pedir el soporte de tu ayuntamiento cuando este tiene protocolos relacionados con la pacificación de entornos escolares y que todo sean puertas cerradas y oídos sordos, es un problema añadido.
Terminar acudiendo a la justicia porque la licencia con la que se está operando en una nave industrial pegada a decenas de viviendas es de los años 60 y se refiere a otro tipo de actividades es, seguramente, algo que las familias del CEIP Miguel de Unamuno en Madrid no querían hacer.
Cuando los tribunales te dan la razón y aseguran que la licencia no es adecuada y que han de cerrarse las cocinas fantasma que estaban operando y la administración local, en vez de defender los intereses de la población decide recurrir la sentencia para proteger los intereses de los empresarios que decidieron crear el negocio, la decepción es grande.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a las familias y ha rechazado el recurso planteado por el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida.
“La empresa cerró pero lo más lamentable es que si la empresa hubiera querido seguir, las cocinas ahora mismo estarían abiertas ya que el Ayuntamiento insistía e insiste en apoyar esta ilegalidad”, asegura Iris Arisa de la Asociación de Familias del Colegio Miguel de Unamuno en un comunicado hecho público por la asociación.
Las familias esperan que el Ayuntamiento no siga recurriendo las sentencias
