Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
El Acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y SUMAR hace escasos días incluye una serie de medidas en el ámbito educativo que, por desgracia, consideramos insuficientes y discriminatorias para un amplio sector, como es el sector de la enseñanza concertada.
Vamos a analizar con mayor detalle estas medidas:
1) Universalización de la Educación Infantil 0-3 años: en línea con lo realizado desde 2021, a través de los fondos europeos Next Generation, el futuro Gobierno de coalición se propone seguir incrementando las plazas públicas en el ciclo 0-3 años, a fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres de alumnos. Sin embargo, puesto que el primer ciclo de Infantil (0-3 años) es una etapa plenamente “educativa” desde la Lomloe (desaparece cualquier rasgo asistencial), el Gobierno debería, en aplicación del Artículo 9 de la Constitución, remover todos los obstáculos (jurídicos, económicos, etc.) para que los ciudadanos pudiesen ejercer su derecho a la elección de centro afín a sus convicciones personales, conforme señala el Artículo 27.3 de la citada Carta Magna. Esto supondría el compromiso del Gobierno de universalizar la etapa 0-3 años en centros sostenidos con fondos públicos. Es decir, crear plazas “gratuitas” suficientes para posibilitar la conciliación y, al mismo tiempo, el derecho de los padres y madres de elegir el tipo de centro que desean para sus hijos.
2) Extensión de la Formación Profesional: en este punto, se vuelve a insistir en la creación de plazas públicas suficientes para atender toda la demanda de Formación Profesional existente y que mantiene su línea ascendente. Los centros concertados apuestan sin fisuras por la Formación Profesional y solicitan que el incremento de plazas les concierna también a ellos. El MEFP se comprometió a mantener la misma proporción existente en la actualidad entre FP pública (80% del total) y FP concertada (20%), pero en el Acuerdo de investidura se insiste en la ampliación de la oferta pública, como si la concertada se encontrase fuera del sistema.
3) Incremento del módulo de conciertos: en dicho Acuerdo se alude al compromiso del nuevo Ejecutivo en incrementar los módulos de conciertos educativos, condicionándolo a la lucha contra la “segregación” en el ámbito escolar. No podemos estar más de acuerdo en la imperiosa y urgente necesidad de actualizar la cuantía de los módulos de conciertos, especialmente en lo que afecta a la partida de “Otros gastos” o “Gastos de funcionamiento” (suministros, limpieza, calefacción, mantenimiento, secretaría, administración, etc.), como una prioridad inexcusable derivada de la Disposición Adicional 29 de la LOE (2006). Pero no podemos aceptar que se considere a la enseñanza concertada como un modelo “segregador” que “selecciona” a su alumnado. Y ello por cuanto los procesos de admisión de alumnos son públicos, transparentes y realizados mediante aplicaciones informáticas creadas por las propias consejerías de educación y dichos procesos son idénticos para centros públicos y concertados. Asimismo, el hecho de que exista una discriminación a la hora de acceder a ayudas de comedor, transporte escolar, actividades complementarias y extraescolares… en contra de los alumnos de centros concertados, junto a una política de escolarización que privilegia la “zonificación” por delante de las preferencias de las familias, hace que muchos alumnos con menos recursos económicos puedan sentir mayor atracción por la enseñanza pública, en la que se brindan muchas más ayudas económicas a los alumnos.
4) El resto de medidas propuestas, como la implantación de metodologías innovadoras, la extensión del bilingüismo y de las competencias digitales, la adecuación de las instalaciones docentes a las nuevas exigencias climáticas, etc. nos parecen oportunas, siempre y cuando se distribuyan los fondos necesarios para su puesta en marcha, en igualdad de oportunidades entre las dos redes que ofrecen el servicio público y social de la educación (Art. 108 LOE: centros públicos y privados concertados).
En definitiva, el Acuerdo entre el PSOE y SUMAR supone una continuidad en la política de los últimos cuatro años, período en el que hemos vivido más sombras que luces, con la aprobación de una reforma educativa (Lomloe) tramitada de forma precipitada y respaldada por una mayoría claramente exigua (con menos votos a favor que la Lomce de 2013), sin atisbo de búsqueda de consenso en la comunidad educativa y haciendo que el Pacto de Estado por la Educación sea cada vez más utópico.
Desde luego, no creemos que las medidas propuestas vayan a mejorar nuestro sistema educativo en aquellos aspectos que son esenciales para remontar puestos en los indicadores internacionales de calidad y rendimiento educativo.
