Las investigaciones muestran una asombrosa convergencia en el efecto de «segregación» derivada de —o relacionada con— las dinámicas de libre elección de centro. Señalan que en todos los países esas políticas educativas que impulsan la competencia y la elección de centro, sujetas a las demandas de “los clientes”, favorecen la segregación escolar y contribuyen a ahondar la brecha social. A pesar de ello, se constata que en España cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas.
Los defensores de la libre elección educativa argumentan que la planificación pública es “dar el mismo café para todos” y que los conciertos educativos son el instrumento a través del cual se hace extensivo a todas las capas sociales la posibilidad de optar por una mayor variedad y diversidad de centros educativos, dado que cuantos más colegios concertados existan más capacidad de elección formal tendrán todas las familias (incluyendo aquellas con menores recursos económicos) para optar a una oferta educativa mucho más diversificada de la que podrían aspirar si la planificación es pública.
Es más, aseguran que la libertad de elección introduce la competición entre los centros motivándoles para diferenciar su oferta educativa y hacerla más competitiva. Defendiendo la financiación pública de los centros privados (los conciertos) en un modelo de educación entendido como “servicio de interés público”. Estas políticas educativas neoliberales están convirtiendo a la doble red escolar en un espacio de competición por una “clientela” en franca disminución, y a las familias en “clientes” que reducen el concepto de “libertad en educación” a elegir entre distintos “proveedores”.
Sin embargo, después de casi cuarenta años de vigencia del sistema, la distribución del alumnado entre la enseñanza pública y privada sigue respondiendo a un claro patrón socioeconómico según el cual en los centros de titularidad privada y concertada se concentran de manera mayoritaria los estudiantes cuyas familias disponen de mayores ingresos, profesiones que requieren mayor cualificación y nivel de estudios más alto y sus expectativas demandan centros en los que estén la clase social a la que aspiran a llegar. Por el contrario, en los centros públicos que admiten a toda la diversidad social que compone la población española, se concentran en mayor proporción el alumnado procedente de los entornos familiares más desfavorecidos, con más necesidades y el alumnado de origen extranjero y de minorías.
Además, la normativa sobre las solicitudes de plazas escolares ha permitido, sobre todo a los centros concertados, aplicar políticas encubiertas de selección del alumnado, desde el cobro de cuotas a los uniformes o materiales escolares exigidos, pasando por las ‘donaciones voluntarias’ o los ‘servicios obligados’ que requieren aportaciones económicas.
Por eso, la LOMLOE en sus artículos 84, 86 y 88 ha intentado regular mecanismos para paliar estas prácticas (primar la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, comisiones de garantías de admisión, no incluir actividades complementarias a mitad de jornada escolar, vigilancia de las administraciones educativas para que no se paguen cuotas), pero asegurando de antemano «la libertad de elección de centro» como principio rector.
Pero no parece que estas medidas puedan ser muy efectivas, dado que como viene comprobando la investigación sobre el tema la planificación escolar y la intervención pública, así como los instrumentos de planificación no logran compensar las desigualdades de escolarización fruto de las políticas de libre elección en un marco de cuasi-mercado educativo. De esta forma se justifica paliar con medidas coyunturales un sistema cuya base se asienta en la segregación estructural alegando que son menores sus graves consecuencias, pero sin cuestionar el mismo. Es más, se justifica incluso pagar más a quien segrega (los centros concertados) para que segreguen un poco menos, con propuestas eufemísticamente denominadas “pactos contra la segregación educativa”.
Es cierto que algunas familias muestran predilección por los centros concertados a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas, frente a la opción de los centros públicos, aun cuando estos últimos presentan condiciones objetivas más favorables para una mejor educación: contando con aulas menos masificadas o con profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad, mejores resultados en las evaluaciones, etc. Pero esta selección tiene que ver más con el deseo de determinadas familias por conseguir que los ‘contactos’ sociales de esos centros puedan proporcionarles ventajas competitivas en el futuro sociolaboral a sus hijos e hijas. Evitando la mezcla social y la diversidad de los centros públicos.
Lo sorprendente es que las políticas de la mayor parte de las administraciones educativas en España (tanto conservadoras como socialdemócratas), tanto a nivel estatal como autonómico, no han apostado por el incremento de la oferta educativa de titularidad pública en el sistema escolar durante los últimos 25 años, sino por la potenciación y aumento de la oferta de titularidad concertada. Simultáneamente han ido avanzando en una progresiva desregulación en la planificación educativa en función de las necesidades y prioridades comunes, permitiendo o alentando la introducción de esos mecanismos de mercado en el sistema educativo, lo cual ha aumentado progresivamente la segregación en los sistemas educativos y el incremento de las desigualdades.
Incluso cuando se plantean políticas alternativas para evitar la segregación escolar se hacen en el marco mental y propositivo del modelo de ‘elección de centro’, proponiendo en todo caso parches, por ejemplo, un mejor equilibrio entre oferta y demanda educativa, así como ajustando el número de plazas en aquellas zonas con mayor sobreoferta. La reciente nueva ley educativa del gobierno de coalición, la LOMLOE, asume este marco mental en la nueva normativa vigente y lo defiende a ultranza la ministra de educación del PSOE.
Se puede seguir leyendo más sobre este tema en el siguiente artículo, publicado en la Revista Internacional JCEPS: Díez-Gutiérrez, E.J. & Palomo-Cermeño, E. (2023). Socioeconomic School Segregation, Equity and Educational Policies in Spain: A Systematic Literature Review. Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS), 20(3), 81-122.
5 comentarios
Sr.Díez,
Con todo el respeto debido, debo comentarle que no estoy de acuerdo con su artículo. Le hablo simplemente en calidad de padre y de ciudadano.
Como padre le diré que en una democracia, uno tiene que tener el derecho a la libre elección de centro así como del tipo de educación que estime más oportuna. Yo como padre lo considero una obligación.
En mi calidad de ciudadano, pienso que el día que en este país se implante un sistema universal en el campo de la enseñanza, lo que estaremos viviendo será una dictadura. Del color que sea, pero dictadura.
Crea Sr. Díez que lamento mucho no coincidir con usted, pero la educación de nuestros hijos la deben decidir sus padres.
Sr. Dalmau, los argumento que Vd. esgrime no son ciertos. Fundamentalmente por tres razones:
1. No existe un derecho a la libre elección de centro. El Art. 27 de la Constitución española dice en su punto 1. qué «Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza». Pero, en ningún sitio dice que los padres puedan elegir centro. Es más, en su punto 5. dice qué: «Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza…». Es decir, la distribución planificada del alumnado, que nada tiene que ver con la elección de centro. Además, la pretendida iniciativa social que diversifica la educación en base a la elección de centro es sencillamente falsa, porque la red privada no garantiza esa elección en todo el territorio nacional, sino sólo en aquellos sitios (generalmente urbanos) que le proporcionan rentabilidad económica.
El segundo argumento que Vd. utiliza, sobre qué España se convertiría en una dictadura si no hubiera libertad de elección, queda desmontado por la propia realidad. Sólo España y Bélgica tienen en toda la UE una composición importante de sistema educativo concertado. En la inmensa mayoría de los países eso ni existe y no parece que se hayan convertido en dictaduras. Además, la elección de centro está garantizada en España para quienes quieran pagarse un centro privado.
Por último, con carácter general interesa no perder de vista que, los derechos del niño son del niño (Tratado internacional, Convención sobre los derechos del niño), y que no sólo sus padres, sino que la sociedad tiene mucho que decir en cuanto a que ciudadanos quiere formar para que convivan en ella.
Sr. Dalmau, los argumento que Vd. esgrime no son ciertos. Fundamentalmente por tres razones:
1. No existe un derecho a la libre elección de centro. El Art. 27 de la Constitución española dice en su punto 1. qué «Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza». Pero, en ningún sitio dice que los padres puedan elegir centro. Es más, en su punto 5. dice qué: «Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza…». Es decir, la distribución planificada del alumnado, que nada tiene que ver con la elección de centro. Además, la pretendida iniciativa social que diversifica la educación en base a la elección de centro es sencillamente falsa, porque la red privada no garantiza esa elección en todo el territorio nacional, sino sólo en aquellos sitios (generalmente urbanos) que le proporcionan rentabilidad económica.
El segundo argumento que Vd. utiliza, sobre qué España se convertiría en una dictadura si no hubiera libertad de elección, queda desmontado por la propia realidad. Sólo España y Bélgica tienen en toda la UE una composición importante de sistema educativo concertado. En la inmensa mayoría de los países eso ni existe y no parece que se hayan convertido en dictaduras. Además, la elección de centro está garantizada en España para quienes quieran pagarse un centro privado.
Por último, con carácter general interesa no perder de vista que, los derechos del niño son del niño (Tratado internacional, Convención sobre los derechos del niño), y que no sólo sus padres, sino que la sociedad tiene mucho que decir en cuanto a que ciudadanos quiere formar para que convivan en ella.
Sr. García,
Me sabe mal que no coincida con mis razonamientos con este tema.
Según su réplica, ciertamente
la legislación no recoge la elección
de centro, pero sí la libertad de enseñanza y si la reduce solo a una, entonces no hay libertad de elección.
El reciente informe PISA ofrece datos sobre el buen rendimiento del alumnado en Bélgica, a gran distancia de los resultados de España. El mismo informe recoge la diferencia de rendimiento entre titularidad pública y privada. Suprimir aquella que obtiene mejores resultados atiende a unos criterios, pero no a los de calidad educativa en nuestra actualidad.
Su planteamiento, que respeto mucho, me asusta. Tener una única opción de enseñanza es empezar a reducir las opciones de los ciudadanos ya sean padres o hijos. Si lo prefiere, no lo llame dictadura. Califíquelo como usted quiera.
En fin Sr. García, yo no pretendo tener la razón, tan solo ofrecer mi opinión sobre un tema que me preocupa lo cual a día de hoy, aun resulta posible hacer, dado que somos conocedores de las dos realidades.
Saludos cordiales
Sr. Dalmau, me parece bien abrir nuevos enfoques, pero a sabiendas de que eso nos aparta de sacar conclusiones sobre los anteriores. Qué desde mi punto de vista son: no existe un derecho a la libre elección de centro financiado con fondos públicos, lo que no quita para que exista un derecho a la libertad de la enseñanza. Al igual que, salvando las distancias, el derecho a comer de todos la ciudadania no garantiza el derecho a elegir ni menú ni restaurante. Y, que los países en los que la enseñanza privada no está financiada con fondos públicos no son dictaduras. Con un añadido que ha quedado sin respuesta, dónde está la iniciativa privada de interés social en los núcleos rurales o de escasa rentabilidad económica?
Respecto al informe PISA, no es bueno quedarse en informaciones periodísticas ni sacar conclusiones apresuradas. Hay abundante literatura que explica, desde hace tiempo qué, el informe tiene escasa utilidad para las escuelas, porque no mide resultados académicos, sino que estudia básicamente diferencias socioeconómicas, sociales y de aspiración de clase.
Saludos.
Paco García.