«Ningún colegio podrá pasar de jornada partida a jornada continua a partir del curso que viene», ha dicho la presidenta en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Además ha asegurado que los colegios a partir de 3º con jornada intensiva «ofrecerán nuevas actividades de manera que los alumnos sin recursos ni alternativas, puedan seguir más horas en su colegio».
Junto a estas dos medidas que impactarán sobre los horarios de los colegios y que han puesto ya en pie de guerra a los sindicatos madrileños, Ayuso ha comentado que los nuevos CEIP escolarizarán también alumnado de 1º y 2º de ESO y tendrán jornada partida también. Y en la misma línea, pretende que los CEIPSO existentes tengan jornada partida hasta 2º de secundaria obligatoria.
«Es un engaño más», asegura Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid. Se trata de una medida «a coste cero» que no se implantará para este año, a la que se suma, según la líder sindical, el hecho de que no está prevista la construcción de ningún centro en los próximos años en los que escolarizar al estudiantado de secundaria obligatoria.
«Es una medida que va a intensificar el malestar del profesorado», asegura Galvín, en la línea del presidente de CSIF Enseñanza Madrid, quien ha asegurado que el próximo lunes habrá una reunión de los sindicatos para tratar el asunto. La prohibición de la jornada intensiva en los colegios, cuestión que se dirimía en votación entre claustros y familias, afecta directamente a las condiciones de trabajo del profesorado.
Más allá de cómo afectarán tanto a docentes como a familias las novedades anunciadas, sobre la mesa, como confirma Galvín, se encuentra la cuestión de que no hay previsión para la construcción de ningún centro nuevo de infantil y primaria. A esto se suma que la presidenta no ha hablado tampoco de cómo será la financiación de este plan anunciado, si es que la hay.
Las medidas prometidas por la presidenta madrileña llegan como herramientas para luchar contra el fracaso y el abandono escolar, según ha dicho Díaz Ayuso. A esto, Galvín contesta recordando un informe de la OCDE emitido para España con recomendaciones precisamente para luchar contra abandono y fracaso. La secretaria general de CCOO recuerda que dicho documento solo habla, en términos de jornada en los centros, de fomentar la permanencia de niñas y niños mediante los comedores escolares.
El documento Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano en España asegura, en su punto tres que «España podría considerar la posibilidad de seguir el ejemplo de países de la OCDE como Dinamarca y Portugal, que han adoptado sistemas flexibles de jornada completa para ampliar el tiempo de aprendizaje».
Unas líneas después, este mismo documento afirma que «Estas iniciativas han ido acompañadas de una mayor oferta de comedores escolares y actividades extraescolares (Radinger and Boeskens, 2021[75]). España podría valorar la posibilidad de adoptar un enfoque similar por las ventajas que podría aportar, en particular para los alumnos desfavorecidos. Una transición factible exigiría invertir en subvenciones para la alimentación y las infraestructuras escolares y remunerar adecuadamente al personal de los centros, entre otros aspectos».
Las familias de la FAPA Giner de los Ríos, federación mayoritaria de la escuela pública, han mostrado su apoyo a la medida anunciada por la presidenta. La jornada ha sido, desde hace años, fuente de fricciones, cuando no enfrentamientos, entre familias y claustros. Las necesidades de una de conciliar han chocado con el derecho de otros a mejorar sus condiciones de trabajo en relación a sus horarios.
En cualquier caso, desde FAPA consideran que «consideramos que más tiempo escolar y mejor distribuido contribuye positivamente al desarrollo integral de los estudiantes, tanto desde el punto de vista académico como en términos de bienestar físico y emocional».
Eso sí, «exigiremos, dicen en un comunicado, la dotación de recursos humanos y materiales necesarios para implantar estas medidas, y, desde este momento, demandamos que la nueva normativa no salga publicada sin el imprescindible debate previo en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid».
