Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Docentes y estudiantes argentinos hace semanas que mantienen un pulso con el Gobierno de Javier Milei como hace tiempo no se veía en el país, por los recortes presupuestarios que ponen en riesgo el modelo de educación universitaria pública y gratuita instaurado en el país desde hace 75 años. El conflicto, que comenzó a principios de año ante la decisión del Ejecutivo de no actualizar el presupuesto de las universidades públicas, se intensificó desde hace una semana, tras el veto de Milei a una ley de financiamiento universitario que contemplaba una subida de salarios a los profesores y un ajuste de los recursos a la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual.
“El Frente Sindical ha resuelto profundizar el plan de lucha con un horizonte de disputa con el Gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló el Frente Sindical de Universidades, agrupación que reúne a las principales organizaciones y gremios del ámbito universitario.
Los aportes estatales a las universidades cayeron un 30% durante los primeros 10 meses de la gestión de Milei y los salarios del profesorado perdieron un 23,7% de su poder de compra frente a la inflación, según las organizaciones de docentes e investigadores. El 70% de los salarios del sector “están por debajo de la línea de la pobreza”, denunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas los centros superiores públicos.
“El presupuesto que quiere otorgar Milei implica un cierre de facultades en el país y abrir la puerta a la privatización de la universidad”, dice Tatiana Fernández, estudiante de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más movilizadas. El politólogo de la Universidad Nacional del Litoral Sergio Morresi critica que existe un “riesgo real” de que los centros no puedan pagar a los docentes salarios ajustados a la inflación. Para la secretaria adjunta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Adiungs), Nuria Yabkowski, integrante del Frente Sindical, el desfinanciamiento deja a las universidades sin actividades “esenciales”, como proyectos de investigación o ingresos de nuevos docentes para renovar el plantel: “Hay riesgo de muerte lenta del sistema”.
“Protestas históricas”
Casi 100 facultades de distintas universidades permanecen tomadas. Hay clases públicas en las calles, asambleas, huelgas y manifestaciones. Las acciones empezaron en los centros tradicionalmente más contestatarios, como las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, pero rápido se extendieron por todo el país, hasta contagiar a instituciones que, históricamente, fueron más resistentes a este tipo de manifestaciones, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“Es un movimiento que está mucho más expandido de lo habitual, eso no se había visto. Hay lugares activos que no se movilizaban desde los años 80”, subraya Morresi. El secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y dirigente del Frente Sindical, Pedro Sanllorenti, añade que “son protestas históricas” por su masividad y gran apoyo social.
En Argentina el acceso a la educación superior pública es gratuito desde 1949. En general, el sistema estatal goza de buena reputación y todavía se considera una vía para el ascenso social. “La universidad pública siempre tuvo un lugar muy importante en la memoria colectiva argentina porque significa la posibilidad de progreso individual y colectivo, de transformar tu vida, la de tu familia, tu barrio y tu país”, sostiene Yabkowski. La mayor parte de los estudiantes son trabajadores o de familias obreras, explica Fernández, “que quieren que sus hijos sean parte de una primera generación de universitarios en la familia”. En 2022 había 510.000 alumnos matriculados en las privadas y casi dos millones en las públicas.
Recortes a la investigación
Milei, que logró aprobar el veto gracias a la complicidad de la derecha tradicional del expresidente Mauricio Macri, defiende que los sueldos bajos del profesorado universitario es un problema enquistado que viene de lejos. “Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y estoy dispuesto a arreglarlo, pero que me digan cómo”, señaló. El mandatario prioriza el equilibrio fiscal y la reducción de gastos, y promueve que las universidades sean auditadas.
Su mirada de la educación pública superior la resumió hace unos días: “No le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”. En un intento por reducir el embate de los profesores, en la víspera de la votación al veto, decretó una subida salarial del 6,8%, pero no alcanzó ningún acuerdo con los sindicatos, que también acusan la falta de inversión en ciencia y tecnología.
“Ha cortado todos los subsidios de investigación, no se sabe si cerrará la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y deja en una situación muy delicada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que paga los salarios a los investigadores”, apunta Morresi. En opinión de Sanllorenti, en el país sudamericano ya hay “una fuga de cerebros de investigadores” y disminuyeron los becarios: “Un proceso lento, pero ya existente”.
“Redoblar la apuesta” contra Milei
El conflicto está lejos de terminar y el pulso de profesores, estudiantes y activistas se mantiene firme contra la ultraderecha, que empieza a sentir el desgaste. Las últimas encuestas reflejan una caída de 12 puntos de la popularidad del presidente respecto a su máximo en mayo.
Esta semana la huelga sigue y la comunidad universitaria sigue movilizada con fuerza: “Estamos en articulación de todos los pedacitos de enojo, descontento e insatisfacción”, señala Yabkowski. Tatiana Fernández, que encara una nueva semana de asambleas y mucha calle, asegura que para los próximos días los estudiantes “redoblarán la apuesta” y “subirán el tono” contra el Gobierno: “Como generación –concluye– tenemos la tarea de luchar a fondo para defender la universidad pública y vamos a defenderla hasta el final”.