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En diciembre de 2023 asumió la presidencia de Argentina Javier Milei que se autodefine como “un liberal libertario; filosóficamente soy un anarquista de mercado”. Entre sus propuestas se encuentran la abolición del peso argentino en favor del dólar estadounidense, la eliminación del Banco Central, y la liberación plena del mercado, tanto que permitiría el comercio de órganos humanos. Estas propuestas si bien aún no fueron puestas en marcha, luego de un año de gobierno, dan cuenta del extremismo de sus planteos que no sólo se diferencian de otras corrientes de derechas (como el neoliberalismo) sino que además desconocen el marco constitucional vigente en el país. En todo esto, la educación se ve afectada por ser considerada un bien frente al cual el Estado tiene un rol subsidiario.
Ahora bien ¿qué características tiene esta corriente? ¿Por qué en un país con una amplia tradición estatista fue elegido un presidente libertario? ¿Qué ha sucedido con la educación en este primer año de gobierno? Son preguntas que invitan a una reflexión autocrítica de lo realizado por los gobiernos anteriores y también a identificar muchos desafíos que se presentan para garantizar la educación como derecho humano tal como lo prevé la Constitución argentina.
El libertarismo se ubica dentro de la Escuela austríaca de economía. Se considera a la libertad económica como el fundamento de la vida social. La libertad implica la ausencia de coacción externa y el disfrute privado de la propiedad. Se rechaza toda forma de intervención estatal que intente corregir la desigualdad ya que ello constituye una intromisión violenta. En su versión anarcocapitalista, el libertarismo plantea la abolición completa del Estado y de sus instituciones. Dentro de los anarco-capitalistas destacó en el escenario estadounidense Murray Rothbard (1926-1995). Su programa proponía en el combate al Estado, a la Reserva Federal, a las políticas impositivas, a las políticas de afirmación, a las políticas migratorias, entre otras. Esto, a su vez, se combinaba con la estrategia de ocupar el Estado por la vía electoral para desde allí proceder al desmantelamiento radical de todo aquello que había sido promovido por el liberalismo clásico y la socialdemocracia desde el siglo XVIII en el mundo occidental.
Esta apuesta es la que tomó Milei como ejemplo (Rothbard es su principal influencia). Así se presentó a las elecciones por fuera de los partidos tradicionales, en una coyuntura de agotamiento de un modelo económico y social que había profundizado la pobreza durante los años previos a las elecciones de 2023. La crisis económica y política favoreció su victoria en la segunda vuelta y desde el inicio de su mandato presidencial avanzó en un radical desmantelamiento del Estado (“soy un topo que destruye el Estado desde dentro”, declaró) y de sus instituciones como la educación.
Históricamente, en la Argentina la educación ha tenido centralidad como política de Estado. A pesar de ser un país federal, en el cual los veinticuatro Estados provinciales tienen competencias en la prestación, financiamiento y diseño curricular para la educación obligatoria, el Estado nacional ha tenido un rol central en la promoción de la escolarización masiva. Ejemplo de ello ha sido su Constitución histórica (aprobada en el período de 1853-1860) que ha reconocido a la educación como un derecho de todas las personas que habitan el país (no sólo sus ciudadanos). En la reforma del año 1994, la educación adquirió un alto reconocimiento constitucional como un derecho individual, social, político, económico, cultural cuyos sujetos titulares son todas las personas que habitan el país.
En las cuatro décadas de democracia, luego de 1983, se han logrado varios avances normativos en este terreno: el establecimiento de la responsabilidad indelegable del Estado en educación; la promoción de la gratuidad y la equidad; la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación; la educación intercultural-bilingüe; la educación ambiental. La gratuidad de la educación pública abarca desde la educación infantil hasta la universitaria inclusive. Por ello, en la Argentina las universidades públicas no tienen exámenes de ingreso, ni de selectividad, ni cupos, y no se pagan los estudios de grado.
Hay que destacar que la Constitución argentina habilita distintas opciones de políticas educativas, aunque sus cláusulas demarcan un ámbito de lo legalmente factible e invalidan todas las propuestas que se ubiquen por fuera de estas bases constitucionales… Es aquí donde el gobierno libertario encuentra límites que durante su primer año ha desconocido o bien no ha respetado.
Al enumerar las políticas educativas se pueden observar claras muestras de las posturas libertarias anarco-capitalistas como también incumplimientos de las obligaciones estatales para garantizar la educación como derecho humano:
- En diciembre de 2023, se eliminó el Ministerio de Educación: el área fue degradada (junto con los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Social, de Trabajo) a una Secretaría dentro de un Ministerio de Capital Humano.
- En enero de 2024, se clausuraron programas federales de financiamiento educativo como el Fondo Nacional del Incentivo Docente; luego se suspendieron la aplicación de las leyes de financiamiento educativo, de ciencia y tecnología, y de educación técnico profesional (todas ellas establecían aportes del Estado nacional).
- Se redujo notoriamente el financiamiento universitario, tanto para el funcionamiento de sus servicios como en lo que respecta a los salarios del personal docente-investigador y administrativo. A esto sumó la paralización del sistema científico y tecnológico, en el cual las universidades públicas constituyen principales instituciones de promoción, desarrollo e innovación. En octubre de 2024 se vetó una ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso y que podría haber resuelto el problema de manera integral.
- No se aprobó una ley de presupuesto para el año 2025; aquí cabría mencionar dos cuestiones. Por un lado, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso no contemplaba los requerimientos necesarios para el funcionamiento óptimo de las instituciones de educación superior. Por otro lado, al no haber una ley de presupuestos, el Poder Ejecutivo tendrá en el año próximo la capacidad de usar discrecionalmente los fondos y desfinanciar a las universidades y al sistema científico-tecnológico nacional.
Se presentaron dos iniciativas desde el gobierno nacional que no respetan el marco normativo vigente en lo que atañe a las obligaciones estatales en materia educativa:
1) se creó el Programa de Asistencia Vouchers Educativos, en el cual a diferencia de los vouchers propiamente dichos (que prevén un financiamiento exclusivo a la demanda), se dispone el otorgamiento de dinero a las familias cuyos hijos asistan a centros privados, con al menos un 75% de aporte estatal. Es decir, el propósito competitivo del voucher aquí es reemplazo por un doble subsidio al sector privado ya que tanto la demanda (las familias) como la oferta (las escuelas) reciben fondos públicos.
2) el Plan Nacional de Alfabetización que carece de una planificación integral y delega en las provincias y organismos de la sociedad civil una función ya prevista en la legislación vigente: la enseñanza de la lectocomprensión y de la escritura. Este plan se encuadra en la concepción subsidiaria que prevé que Estado nacional se limitará a “acompañar, asistir, fortalecer” a las provincias para el desarrollo de actividades puntuales de alfabetización a efectos de la incorporación de “estrategias de aceleración de aprendizajes”, entre otras acciones que no son definidas. El decreto presidencial no especifica la designación de cargos docentes (la alfabetización como uno de los propósitos de la enseñanza escolar requiere de docentes) ni tampoco fondos adicionales o de recomposición salarial para los docentes en ejercicio que asuman las tareas derivadas de dicho plan. Ello queda así delegado a las capacidades estatales de cada Estado provincial.
A este panorama se suma una cruzada ideológica que desde el gobierno nacional se ejerce a través de difamaciones y mentiras en relación con la educación pública. Ello también es una característica de la corriente libertaria en su versión anarco-capitalista, que el presidente Milei y sus funcionarios llevan adelante, con una marcada agresividad. Dos son los principales objetos de ataque: el marxismo cultural -que se denuncia que prevalece en las universidades públicas- y la ideología de género -que se evidenciaría en diferentes dimensiones curriculares de la escolarización obligatoria, sobre todo en la educación sexual integral-.
Aquí aparece un rasgo más de este corriente que lleva a que sea denominada también paleolibertarismo, por articular ideas libertarias con otras reaccionarias. El prefijo “paelo” refleja el conservadurismo cultural y autoritario. Según sus partidarios, se ha organizado un aparato estatal que impone de mantera autoritaria ideologías a través de la educación sexual integral o uso de lenguaje no sexista, y con ello se contribuye a la decadencia de Occidente.
En sintonía con estas posturas de extrema derecha, el gobierno de Milei sostiene que la educación obligatoria no es necesaria, que la educación sexual integral constituye una corrupción de menores y, además, cuestiona contenidos de la educación ciudadana y de la literatura que se enseña en las escuelas, todos los cuales son presentados como parte de un adoctrinamiento. A esto se suman las mentiras sobre las universidades en relación con la cantidad de estudiantes, de egresados y la falta de transparencia en la gestión de los recursos. Estos planteos falaces e incoherentes entre sí también reflejan cierto anti-intelectualismo. Sin embargo, lo más grave es que toda esta política educativa no respeta la Constitución argentina, que otorga centralidad a la educación como derecho humano. Como tal, ella está incluida de manera indivisible e interdependiente dentro de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que conforman un bloque de constitucionalidad, el cual no admite las ideas libertarias de un Estado subsidiario y mercado autosuficiente.
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Comparto mi análisis acerca de la inclusión en la Ciudad de Buenos Aires en este contexto libertario:
El desafío de la inclusión educativa en CABA: ¿Hacia dónde vamos?
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los programas y recursos destinados a
abordar temáticas de Educación Sexual Integral (ESI), inclusión y convivencia han
experimentado un deterioro significativo. Mientras que en 2023 una variedad de iniciativas ofrecía un marco sólido para trabajar estas áreas, el año 2024 ha estado marcado por un desmantelamiento progresivo que ha afectado tanto la implementación como el alcance de
estas políticas.
La desarticulación de la Coordinación de ESI, que anteriormente cumplía un rol
clave en la planificación y el acompañamiento a las escuelas, ha reducido de manera drástica el apoyo técnico y pedagógico necesario para implementar políticas integrales. A
esto se suma la creciente demanda que enfrentan los Equipos de Promoción de Vínculos Saludables (EPVS) y los Equipos de Orientación Escolar (EOE), quienes deben operar con recursos humanos insuficientes. Esta situación histórica de carencia de personal idóneo también impacta en la atención de niñeces disruptivas, aumentando la carga sobre docentes y directivos, quienes deben gestionar problemáticas que exceden sus
competencias pedagógicas.
Además, la reciente aprobación de la Ley de Educación Emocional en la jurisdicción
ha generado tensiones con la implementación de la ESI. En lugar de articularse desde un enfoque de derechos humanos, género y diversidad, esta nueva ley promueve un modelo individualizado que reduce la gestión emocional al autocontrol personal. Esto invisibiliza problemáticas estructurales como la violencia de género, el bullying y la discriminación,
desviando la atención de la construcción de vínculos inclusivos y democráticos.
La fragmentación resultante de estas decisiones políticas debilita la formación
integral de los estudiantes. La ESI, concebida como un abordaje transversal y
transformador, pierde coherencia al ser desplazada por modelos que fragmentan las intervenciones y desvinculan los conflictos del contexto social y cultural. Este retroceso afecta tanto la prevención de violencias y discriminaciones como la capacidad de las escuelas para garantizar entornos inclusivos y equitativos.
Principales afectaciones durante 2024
1. Debilitamiento de la formación docente y el acompañamiento pedagógico
La reducción paulatina de personal en los equipos del EPVS y la desarticulación de
los equipos de ESI han dejado a muchas escuelas sin el apoyo necesario para incorporar de manera efectiva contenidos sobre género, diversidad y derechos humanos en sus prácticas pedagógicas. Como resultado, los docentes carecen de una capacitación continua que les permita abordar temas sensibles como la prevención de violencias, el respeto por la
diversidad o el consentimiento. Además, las instituciones no cuentan con soporte técnico adecuado para implementar políticas de convivencia escolar desde una perspectiva integral, lo que debilita las estrategias pedagógicas necesarias para trabajar en contextos diversos y complejos.
2. Desplazamiento de los principios de la ESI
La Ley de Educación Emocional, al priorizar un enfoque individualizado, desvincula
la gestión emocional del contexto social y cultural, generando un impacto negativo en las dinámicas escolares. Esta ley invisibiliza las desigualdades al no abordar temas como las dinámicas de poder, género y diversidad, lo que refuerza las brechas estructurales presentes en las relaciones escolares. Asimismo, reduce los conflictos a problemas individuales, reinterpretándolos como meras faltas de autocontrol emocional, en contraposición al abordaje colectivo y transformador que propone la ESI, debilitando así su capacidad de generar cambios significativos en los entornos educativos.
3. Menor prevención de violencias y discriminación
La ESI ha demostrado ser una herramienta clave para prevenir el bullying, la
violencia de género y la discriminación en las escuelas. Con su debilitamiento se pierden estrategias de prevención, ya que, sin el enfoque de género y diversidad, las intervenciones no abordan las causas estructurales de las violencias. Además, se invisibilizan problemáticas de convivencia, dado que priorizar la regulación emocional individual deja de lado cuestiones colectivas y estructurales como el ciberbullying y la discriminación por
orientación sexual o identidad de género.
4. Fragmentación del enfoque integral
La ESI propone un abordaje transversal que atraviesa todas las dimensiones del
currículum escolar. En cambio, la educación emocional, tal como ha sido planteada, opera como un contenido aislado. Esto afecta la coherencia pedagógica, ya que se pierde la posibilidad de articular la enseñanza de las emociones con valores de respeto, empatía y justicia social. Por otra parte, también afecta la visión comunitaria, dado que la educación emocional no fomenta la construcción colectiva de relaciones inclusivas, contradiciendo los
principios participativos de la ESI.
Conclusión
El debilitamiento de los programas y recursos que sostenían la implementación de la ESI en las escuelas de CABA compromete gravemente el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad. Esto afecta los avances logrados en materia de
convivencia, inclusión y desarrollo integral, planteando un desafío urgente: revertir las
políticas actuales y fortalecer un enfoque educativo basado en derechos, igualdad y
pluralidad. La garantía de entornos escolares inclusivos y democráticos debe ser una prioridad para construir una sociedad más equitativa y justa.