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Finalmente, Adeslas y Asisa han decidido participar en el nuevo pliego que presentó el Gobierno hace unas semanas y que aumentaba la cuantía económica en 330 millones, hasta los 4.800. Cumplía, así, tras semanas de tira y afloja con las compañías, con la exigencia de estas de aumento de la inversión para evitar las dificultades económicas que, afirmaban las aseguradoras, les supone la participación en Muface.
Muface ha atravesado una gran crisis después de que en diciembre varias aseguradoras privadas, entre ellas DKV y Asisa, anunciaran su negativa a renovar el convenio con el organismo. La razón principal de esta decisión fue la insuficiencia de la financiación ofrecida por el Gobierno, que no cubría, según estas compañías, el aumento de costes en la atención sanitaria ni garantizaba la viabilidad del sistema. Esto generó incertidumbre entre cientos de miles de funcionarios que dependen de la sanidad privada a través de Muface, quienes temían quedarse sin cobertura médica adecuada a partir de 2024.
Diferentes sindicatos comenzaron en diciembre algunas protestas aunque, a las semanas, estas fueron centralizadas por solo algunos de ellos. En educación, principalmente por Anpe y CSIF quienes, en las últimas dos semanas habían participado en concentraciones en diferentes ciudades ante las sedes de Muface.
El problema radicaba en que el convenio anterior establecía una financiación que las aseguradoras consideraban desfasada, en un contexto de inflación y aumento de los costes hospitalarios. Las compañías reclamaban una subida sustancial en las primas que el Estado paga por cada asegurado para poder seguir ofreciendo el servicio sin pérdidas económicas. Ante la falta de acuerdo, DKV anunció su retirada del sistema, lo que presionó aún más al Ejecutivo para revisar las condiciones del convenio. Adeslas y Asisa, aunque también mostraban reticencias, se mantenían en el proceso de negociación con la expectativa de una mejora en la oferta estatal.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó una actualización de las primas para 2024 y 2025, con un incremento del 10 % en 2024 y del 8 % en 2025, una subida que, aunque no satisfizo completamente las demandas iniciales de las aseguradoras, sí representó un avance con respecto a la propuesta rechazada en diciembre. Este ajuste permitió que Adeslas y Asisa aceptaran continuar en el sistema, asegurando así la cobertura de la mayoría de los afiliados a Muface. Sin embargo, la salida de DKV dejó a miles de funcionarios con la obligación de cambiar de compañía o pasar al sistema público de salud.
La crisis de Muface ha puesto en cuestión la sostenibilidad del modelo de colaboración público-privada en la sanidad de los funcionarios, un sistema que lleva vigente desde los años setenta. Aunque la actualización del convenio ha logrado evitar una crisis mayor, el debate sobre la viabilidad a largo plazo del sistema sigue abierto. Las aseguradoras advierten que, si la financiación no sigue aumentando en línea con los costes reales del sector, podrían producirse nuevas retiradas en el futuro, dejando a los funcionarios en una situación de mayor incertidumbre sanitaria.
