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Se trata de una organización que nada tiene que ver con los ceipsos ya existentes (centros de Infantil, Primaria y los cuatro cursos de Secundaria) o con el Instituto Escuela del modelo catalán y sí mucho que ver con la antigua EGB. Bajo el eslogan de “proteger la infancia” y “facilitar la conciliación”, el Gobierno de Ayuso ha decidido romper con las leyes educativas de la democracia y vende a las familias una idea que esconde, en realidad, un retroceso histórico en la calidad educativa de la enseñanza pública –la concertada y la privada no quieren saber nada de esto– un ataque frontal a la estabilidad docente y una burla a la legislación básica del sistema educativo español. Y de paso, el PP se ahorra construir los 10 institutos públicos que serían necesarios.
No es admisible desde el punto de vista educativo ni tampoco desde el punto de vista legal por más que se quiera engañar a todo el mundo todo el tiempo: a las familias se les dice que es solo 1º y 2º y en la normativa legal que prepara la consejería se dice que serán los cuatro cursos de la ESO; Ayuso lo anuncia en oficialmente en la Asamblea en septiembre de 2024, la Consejería lo publica en su web, los centros en sus comunicados a las familias… y a día de hoy solo Comisiones Obreras ha presentado un recurso sin nadie más haya requerido al gobierno que aclare cuáles son realmente sus intenciones. Así no: si se hace, que se haga bien, con la etapa completa, respetando la legalidad vigente y sin cambios de centro a mitad de secundaria.
Precariedad y rotación del profesorado: la tormenta perfecta
Las familias deben saber que sus hijos serán conejillos de indias de un sistema donde la estabilidad del profesorado desaparece. El profesorado que dará clase en estos MEDIOS CEIPSOS no serán funcionarios de carrera, ni personal con plaza consolidada, sino interinos que rotarán año tras año, con media jornada u obligados a compartir su jornada entre dos y hasta tres centros distintos. Así, un mismo profesor puede tener que impartir, por ejemplo, Biología y Geología en tres colegios diferentes, con horarios partidos y desplazamientos, sin ninguna garantía de continuidad ni de arraigo en el centro ni con los alumnos.
La consecuencia es clara: cada año habrá nuevos profesores, cada año cambiarán las caras y las formas de enseñar, y cada año se diluirá cualquier intento de construir una comunidad educativa sólida y estable. No habrá posibilidad de trabajo en equipo real, ni de seguimiento a largo plazo de los alumnos. La programación didáctica será fragmentaria, aislada y sin coherencia con la que encontrarán después los estudiantes al llegar a 3º de la ESO en el instituto. ¿Quién asume la responsabilidad de los desfases curriculares, de las lagunas en la formación, de la atención a la diversidad? Nadie, porque el modelo hace imposible esa continuidad.
Pérdida de calidad educativa: menos optativas, menos especialistas, menos recursos
Pero no solo es cuestión de estabilidad. La medida supondrá una drástica reducción de la calidad educativa. Los grupos serán tan pequeños (en muchos casos de 5 o 6 alumnos) que no se podrán ofrecer las optativas que la ley obliga, especialmente en los grupos bilingües, donde ya cuesta encontrar profesorado suficiente y cualificado. Así, la variedad curricular se convierte en papel mojado: habrá menos oferta, menos posibilidades de adaptación, menos enriquecimiento para los estudiantes.
Además, ante la imposibilidad de cubrir todas las especialidades con personal estable, se optará por lo más fácil y barato: que un mismo interino imparta varias materias “afines”, aunque no sea especialista en ellas, con el consiguiente deterioro del rigor académico. ¿Es esto lo que se quiere para la educación pública madrileña? ¿Una enseñanza de mínimos, impartida por profesores de paso, sin proyecto, sin estabilidad y sin medios?
Instalaciones: promesas vacías, realidad de parches y obras sin acabar
Mientras tanto, la Consejería promete que todos los colegios estarán perfectamente equipados antes de septiembre. Pero la realidad es otra: no hay recursos previstos en los presupuestos de 2025, la gestión de las obras se está delegando a los propios directores de los colegios, y muchas adaptaciones mínimas para impartir Secundaria (laboratorios, aulas de tecnología, espacios deportivos) ni siquiera han empezado. El curso comenzará con aulas sin terminar y con los alumnos conviviendo con obras, ruido y carencias materiales. ¿Así se defiende la igualdad de oportunidades?
¿De verdad protege a los alumnos? Un engaño con consecuencias
Se repite que así los alumnos de 1º de la ESO no tendrán que cambiar de centro “demasiado pronto” ni convivir con alumnos mayores, lo que garantizará su bienestar. Una nueva falacia: en los centros concertados, que tanto apoya y defiende el PP, los alumnos de 3 años conviven con alumnos de Bachillerato de 17 ó 18 años sin mayores problemas. Además, en los Medios Ceipsos el cambio se va a producir igual, solo que en lugar de hacerlo con 12 años, se retrasa hasta los 14, justo en el peor momento: en plena adolescencia y cuando más difícil es la adaptación, como demuestran todas las estadísticas del antiguo octavo de EGB y el paso a BUP. En ese momento, los alumnos llegan a un instituto donde todos los grupos están formados, las relaciones sociales son más complejas y el choque es aún mayor. Si de verdad la convivencia entre alumnos de distintas edades fuera un problema, la Consejería es la responsable de dotar de los medios, profesorado y recursos suficientes y adoptar las medidas organizativas .
La Consejería ha vendido la idea de que los alumnos que continúen 1º y 2º en los colegios tendrán comedor y horario ampliado y ahora resulta que ni comedor escolar ni horario ampliado: en muchos centros el horario de salida será el mismo que en los institutos. Era más fácil poner comedor escolar en los centros de Secundaria o extender los convenios que ya hay para que los alumnos de secundaria pueden utilizar el comedor de los centros de primaria y ampliar las actividades formativas complementarias que ya existen organizadas por las AMPAs para facilitar la conciliación y la formación de los estudiantes: teatro, deporte, artes, robótica…
Vulneración de la ley y ataque a la pública
Todo esto, además, se está haciendo en contra de la legislación básica, que exige impartir la ESO completa en los centros que lo hagan, y no solo dos cursos, como pretenden aquí. La propia Consejería es consciente de ello, y por eso oculta en su normativa la realidad: habla de “implantación de la ESO” sin especificar que solo serán los dos primeros cursos. Pero en las notas de prensa y ruedas de prensa lo reconocen abiertamente. ¿Qué más tiene que pasar para que quien puede y debe hacerlo (Ministerio, Alta inspección, …) intervenga y pare este ataque frontal a la enseñanza pública?
La realidad es que esta medida beneficia a la red concertada, ahorra la construcción de institutos y traslada el problema de la mala gestión a las familias y al profesorado público, precarizando aún más la escuela de todos.
Conclusión: ¿De verdad merece la pena?
Quien crea que esto va a mejorar la vida de sus hijos se equivoca: la inestabilidad, la falta de medios y la precariedad docente solo conducirán a una pérdida de calidad y de oportunidades. Nadie estaría dispuesto a aceptar esto para la privada o la concertada. ¿Por qué sí para la pública?
Es hora de exigir responsabilidad, transparencia y respeto a las leyes y a la educación de nuestros hijos. No aceptemos este experimento de precariedad y parches. La educación pública madrileña merece mucho más.
