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El Consejo Escolar del Estado ha asumido el compromiso de debatir el próximo 7 de octubre la propuesta presentada por la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio. El colectivo reclama medidas inmediatas que garanticen la protección de los equipos docentes que, en cumplimiento de la legislación vigente, imparten en las aulas contenidos de Derechos Humanos y explican las causas y consecuencias del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino por el Estado de Israel.
Una veintena de integrantes de la plataforma acudió este martes al edificio del Consejo Escolar, donde desplegaron una bandera palestina en el vestíbulo antes de entregar formalmente la comunicación. Una comisión de cinco representantes fue recibida por el secretario general de la institución, Andrés Ajo Lázaro, quien confirmó la inclusión del documento en el orden del día de la próxima Comisión Permanente.
Según ha informado la propia Marea Palestina, el Consejo Escolar trasladará la propuesta a sus 25 integrantes para su debate. La plataforma ha agradecido la acogida y ha manifestado que permanecerá atenta a la resolución que se adopte tras la reunión.
Contexto y movilización de Marea Palestina
Marea Palestina: la educación contra el genocidio es una iniciativa estatal compuesta por docentes, familias y alumnado que busca garantizar el derecho a una educación comprometida con los derechos humanos y la memoria histórica. En los últimos meses, el colectivo ha denunciado presiones, prohibiciones y amenazas por parte de diversas administraciones educativas hacia el profesorado que aborda la situación en Palestina en sus clases.
Además de esta acción en el Consejo Escolar, la plataforma ha protagonizado recientemente un encierro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde decenas de personas permanecieron durante horas reclamando un compromiso firme de las instituciones educativas frente a lo que califican como “complicidad del silencio” ante el genocidio.
La red de colectivos que conforman Marea Palestina también ha impulsado concentraciones en universidades, actos culturales, charlas en centros educativos y llamamientos a la desobediencia civil pacífica. Con estas acciones, insisten en su doble objetivo: proteger a los docentes que cumplen con la ley y garantizar al alumnado el derecho a ser educado en el respeto a los derechos humanos y en la comprensión de las causas y consecuencias del conflicto.
