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Tenemos que pensar que no basta con analizar y criticar las “barbaridades” de la extrema derecha y los “privilegios” que defiende la derecha, sino que debemos mirar también la gestión que ha hecho la socialdemocracia a lo largo de los últimos 36 años, tras la caída del muro de Berlín. Ya lo dijo Margaret Thatcher: «La herencia de la que más orgullosa me siento es Tony Blair».
Porque, efectivamente, la socialdemocracia ha comprado y asumido el marco mental e ideológico de la derecha y de la extrema derecha, especialmente en los temas securitario y migratorio. Pero, en general, ha asumido su modelo neoliberal y lo que ha hecho ha sido gestionar el capitalismo, denomínese eufemísticamente “de rostro humano”, “tercera vía” o como quieran denominarlo.
El auge del neofascismo es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo
Lo cierto es que, de su mano, a lo largo de estos 36 años e incluso antes, han venido también la privatización de las grandes empresas públicas, las políticas de austeridad y de recorte de servicios sociales y públicos, el aumento del gasto militar, etc. Es decir, la población apenas constata hoy día las diferencias entre las políticas económicas de la socialdemocracia y las de la derecha y extrema derecha neoliberal. Por eso, tanta gente acaba optando por la apatía política y, en todo caso, por votar a quienes al menos les prometen que “los nuestros primero”, en esta lucha darwinista de todos contra todos, en la que nos han enfrentado el capitalismo a los de abajo contra los de más abajo. Porque el auge del neofascismo es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo.
En este sentido vemos como el Proyecto de Real Decreto, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), por el cual se modifica el Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como acreditación institucional de centros universitarios en España, es una medida socialdemócrata que no palía el suculento negocio de chiringuitos privados que han sido impulsados, sobre todo por gobiernos conservadores, pero también socialdemócratas, por todo el territorio estatal. Es una performance que mantiene la estructura como está. No toca el núcleo esencial del problema: la existencia de universidades-chiringuitos privados.
Aunque, por si acaso, vemos cómo gobiernos conservadores, que parece que gobiernan más bien para las empresas a quienes benefician, han acelerado la creación de universidades-chiringuitos privados, como el Govern de Baleares (PP) que se ha saltado todo y con una “fórmula exprés”, en seis meses, ha otorgado privilegios administrativos, urbanísticos y políticos para aprobar la creación de la “universidad” San Pablo CEU de la Asociación Católica de Propagandistas (incluida una recalificación urbanística de terrenos en nueve días, cuando la universidad pública no tiene espacios). Este conglomerado tiene “negocios-chiringuitos” en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Genera una competencia con las universidades públicas en carreras en las que no había más demanda ni más necesidad de egresados. Por lo que el único afán es el beneficio. El lucro privado de los accionistas de estas empresas. O, en el caso de las universidades-chiringuitos religiosos, el afán de adoctrinamiento ideológico que es el caldo de cultivo de la extrema derecha, pues están dirigidos por la jerarquía católica más integrista de toda Europa.
El problema de fondo es que no es posible concebir la educación superior como negocio
Este proyecto de RD es un lavado de cara que no soluciona el problema. Solo pone un parche, que puede reventar por las costuras. Es decir, lo que único que exige es que se cumplan con una serie de requisitos que sirvan como protección de un modelo universitario que, supuestamente, apueste por la docencia y la investigación, para que, según esta norma, todas las universidades mantengan altos estándares de calidad en docencia, investigación y solvencia económica. Pero el problema es anterior.
El problema de fondo es que no es posible concebir la educación superior como negocio. Sea como negocio ideológico (universidades creadas por instituciones religiosas o ideológicas) ni como negocio económico (universidades creadas por empresas o fondos de capital riesgo). La Educación Superior, como la educación en general, es un derecho humano. Su organización, por tanto, no puede diseñarse desde una concepción mercantil y de obtención de beneficio económico o ideológico. Otra cosa distinta es que la ciencia, la investigación, los descubrimientos y los productos resultantes de esa Educación Superior puedan producir beneficios económicos o ideológicos a la sociedad.
Las universidades son instituciones que deben cumplir tres misiones fundamentales, la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad:
- La formación superior de la ciudadanía, conservando los saberes adquiridos a lo largo de la historia, produciendo nuevos y transmitiendo unos y otros al máximo de personas junto con las controversias que los han rodeado o que los rodean;
- La investigación y generación de conocimiento con referentes universales, preparando a los estudiantes en las metodologías de investigación y en el análisis crítico de los desafíos y efectos sociales de los interrogantes, prácticas y resultados del ámbito científico, en el ejercicio de un pensamiento liberado de cualquier dogma, que busque el bien común, y en la preparación para el desarrollo de una actividad profesional experta y responsable;
- El servicio a la sociedad mediante el más amplio impacto cultural, social y económico de su actividad que permita alimentar la reflexión de las sociedades sobre ellas mismas y especialmente sobre su modelo de desarrollo y de construcción de una sociedad mejor, más justa y democrática.
Estos objetivos sólo pueden alcanzarse manteniendo y potenciando un modelo social no mercantil de universidad pública, de titularidad y gestión pública. Lamentablemente, frente a este modelo social de universidad, nos encontramos con las propuestas neoliberales y de marcado tinte antidemocrático que en los últimos años propugnan reducir la educación superior a una simple mercancía y la universidad a una industria del conocimiento, donde solo tendría cabida una educación superior como nicho de negocio de empresas y corporaciones privadas que buscan el beneficio (sea económico o ideológico), una docencia universitaria que encajara con las exigencias de capital humano provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata de cara a generar beneficios para la industria privada.
Lo cierto es que no hay voluntad política para afrontar de una vez por todas el gran problema de la Educación Superior: no se puede convertir en un negocio privado donde se forme, se investigue y se transfiera el conocimiento en función de criterios mercantiles, es decir, del modelo esencial propio del capitalismo. Y esto es lo que estamos haciendo con el impulso cada vez mayor de universidades-negocio privadas, que se han convertido en un nicho de negocio de grandes rentabilidades en el que desembarcan cada vez más compañías y fondos buitre para obtener beneficios. Pero que, sobre todo, están modificando la finalidad y el sentido esencial de la Educación Superior. Y, lo que es peor, normalizando la apropiación del conocimiento y el saber al servicio del capital y al propio capitalismo, que mercantiliza todo lo que toca.
En definitiva, seguir admitiendo la existencia de las universidades privadas (aunque sea con un lavado cosmético de cara, con esos nuevos requisitos) supone asumir que el capitalismo, el lucro, la usura, las relaciones comerciales y la extracción de beneficio pueden regir la ciencia, el conocimiento y la formación propia de la educación superior. Algo que contradice abiertamente el sentido básico de la Educación Superior como un derecho esencial.
