Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
En un comunicado institucional difundido por la Universidad de Sevilla, entre otras instituciones adheridas, las autoridades académicas denuncian que el modelo de financiación vigente, aprobado hace más de dos años, no se ha ejecutado de forma íntegra ni conforme a los principios que lo rigen, provocando una situación de fragilidad financiera que pone en riesgo la calidad educativa y la estabilidad del sistema universitario autonómico.
Según el texto oficial, la Junta de Andalucía no ha cumplido con varios compromisos, entre ellos la garantía del 100 % de la financiación del ejercicio anterior ajustada a las subidas salariales del personal, ni ha actualizando partidas fundamentales del presupuesto universitario para afrontar gastos de personal, corrientes e inversiones necesarias. Asimismo, las universidades lamentan que los recursos destinados a retribuciones se transferían como proyectos estratégicos no consolidables, un procedimiento que vulnera las reglas acordadas y agrava la precariedad de las cuentas.
Las universidades públicas andaluzas denuncian incumplimientos
El comunicado también destaca que estos incumplimientos se suman a una infrafinanciación crónica del sistema universitario andaluz, que deja a múltiples centros con recursos insuficientes para garantizar el funcionamiento pleno de sus servicios, actividades de investigación y programas docentes.
La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que agrupa a los rectores de las instituciones educativas de la región, ha rechazado de forma reiterada las propuestas de reparto presupuestario que no reflejan las necesidades reales del sector y que han sido aprobadas sin consenso en órganos colegiados
Este clima de descontento y exigencia se ha traducido en movilizaciones concretas entre la comunidad universitaria, siendo uno de los casos más significativos el de la Universidad de Málaga (UMA), donde el estudiantado protagonizó una huelga de cinco días entre el 1 y el 5 de diciembre de 2025.
Descontento entre la comunidad universitaria
La protesta, impulsada por el Consejo de Estudiantes de la UMA (CEUMA), buscaba visibilizar la grave situación de financiación y la falta de respuesta por parte de las autoridades autonómicas ante múltiples peticiones de diálogo y soluciones estructurales.
La huelga, que afectó a más de 35 000 alumnos y alumnas de todos los centros y titulaciones, consistió en un paro académico generalizado con el objetivo de dejar las aulas prácticamente vacías en señal de rechazo a las políticas de la Junta de Andalucía en materia educativa y de financiación universitaria.
Las razones de la huelga, apuntan desde CEUMA, van más allá de la mera insuficiencia presupuestaria. Los estudiantes han denunciado que la financiación actual no cubre ni siquiera los gastos básicos de personal y de funcionamiento, lo que repercute en una merma de la calidad docente, la falta de recursos en laboratorios, materiales precarios, reducción de prácticas y una notable sobrecarga de trabajo para el profesorado.
Una ley que levanta ampollas
Asimismo, se critica que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) ha sido diseñada sin incluir las aportaciones ni las enmiendas presentadas por las organizaciones estudiantiles y que no contempla medidas efectivas para resolver la infrafinanciación de las universidades públicas.
La huelga de cinco días en la Universidad de Málaga se suma a otras protestas y debates más amplios dentro del sector educativo andaluz y estatal, en un momento en que el modelo de financiación de las universidades públicas, su autonomía y su capacidad para ofrecer una educación de calidad en condiciones de equidad social, se encuentran bajo una intensa presión política y presupuestaria.
Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han enfatizado en su comunicado que continuarán exigiendo el cumplimiento de los compromisos pactados con la Administración autonómica, así como la consolidación y el reforzamiento de partidas destinadas a financiar de manera justa la educación superior. Asimismo, han señalado que, de persistir el incumplimiento, no descartan acciones legales o institucionales para garantizar la estabilidad y la equidad del sistema universitario público, que consideran un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de Andalucía.
