Opinión

Tres compromisos clave para el futuro de la izquierda

Hace unos días se han celebrado actos públicos que quieren impulsar una reorganización de la izquierda ante el auge de la extrema derecha. En uno de esos actos, que ha tenido considerable eco mediático, desarrollado bajo el lema “Disputar el presente para ganar el futuro” el diputado Gabriel Rufián propuso acordar un programa común mínimo, con “tres o cuatro puntos programáticos en común”, centrados en prioridades sociales y democráticas. Entre los ejes que se desgranaron en ese acto y en el celebrado pocos días después para anunciar el lanzamiento de una nueva coalición de la izquierda confederal, con el lema de “Un paso al frente” hubo pocas referencias concretas: aparecieron algunas cuestiones básicas, como el acceso a la vivienda, las políticas migratorias, las referencias a la autodeterminación… Como era de esperar, la educación no apareció como contenido programático básico común.

Es cierto que hay que dar tiempo a que se concrete la esperanza de un programa y una propuesta de izquierda que movilice y genere ilusión, pero, mientras tanto, aceptemos el método expresado por Rufián y, dado que estamos convencidos de la transcendencia de la educación como uno de los pilares básicos para el futuro de una sociedad democrática y más justa, enunciamos aquí tres medidas clave para ese programa de la izquierda, tres medidas para transformar nuestra sociedad desde la educación.

1. La progresiva abolición de la enseñanza concertada

España es uno de los países europeos con mayor desigualdad. Una de las concreciones sociales en la que se traduce esa desigualdad es la segregación escolar, fenómeno por el cual el alumnado se concentra de forma desigual en las escuelas en función de sus características o condiciones, de manera que se impide que todos y todas reciban una educación equitativa y de calidad. El principal factor de segregación escolar en nuestro país es la existencia de la enseñanza concertada. La progresiva abolición de la enseñanza concertada es hoy una medida estructural para reconstruir la igualdad social desde la base.

En las grandes ciudades españolas, la educación pública ha dejado de ser el espacio común de socialización para amplios sectores sociales. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, alrededor del 65% del alumnado de ESO estudia en centros privados o concertados. Esta realidad no es anecdótica: dibuja un sistema educativo segmentado donde la red pública está convirtiéndose en residual en determinadas etapas y territorios. Durante décadas, la crítica a la concertada se centró en su vinculación con la Iglesia católica y en el elevado volumen de financiación pública que recibe: más de mil millones de euros anuales tanto en Madrid como en Cataluña.

Estos elementos siguen siendo relevantes, pero hoy el problema es más profundo. Lo que está en juego no es solo un modelo pedagógico, sino un modelo de sociedad. La red privada-concertada se ha convertido en una maquinaria eficaz de producción de valores meritocráticos, competitivos y de normalización de la discriminación social. Su éxito radica en ofrecer una versión “low cost” de la educación privada, que promete mantener o mejorar el estatus social. Para muchas familias, el carácter confesional de algunos centros es secundario: en una sociedad atravesada por la incertidumbre, la concertada se presenta como refugio y promesa de movilidad ascendente. También es muy apreciada la oportunidad que ofrece a las familias para que sus criaturas no se mezclen con las de los grupos sociales vulnerables. La concertada hoy día, digámoslo claramente, es el caldo de cultivo de una clase aspiracional que huye de una sociedad diversa, plural y mestiza. Por eso se ha convertido en el mayor factor de segregación educativa y social actual. Si a esto le añadimos que el 63% de ella está en manos de la jerarquía católica, la más integrista de toda Europa, no nos asombremos del auge del neofascismo entre los jóvenes en nuestro país.

Este modelo tiene efectos sistémicos. España es uno de los países de la OCDE con mayor diferencia socioeconómica entre el alumnado de la escuela pública y el de la concertada, según informes recientes de Save the Children. Las cuotas ilegales que imponen numerosos centros concertados actúan como barreras económicas encubiertas, ante la inacción de las administraciones. Además, la competencia desigual ha inducido a algunos centros públicos a imitar prácticas selectivas —criterios de admisión opacos, penetración de prácticas mercantiles o gerencialistas— que erosionan su función integradora.

La abolición progresiva de la concertada no puede limitarse a retirar financiación: debe ir acompañada de un ambicioso proyecto de revitalización de la educación pública. Es necesario convertir la escuela pública en un espacio atractivo, participativo y plural, capaz de integrar a familias con valores y expectativas diversas. La alternativa no es un repliegue defensivo, sino la construcción de una mayoría social convencida de que la educación pública, la que es democrática y solidaria, porque en ella nadie queda atrás, es la mejor garantía de cohesión democrática y justicia social.

2. Freno de la proliferación de universidades privadas y control riguroso de su actividad

La Universidad es una institución fundamental en la sociedad del conocimiento en la que vivimos. La Universidad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural para todas las edades. Así comienza la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Pero esas atribuciones son, hoy, un brindis al sol. La proliferación de universidades privadas convierte en una broma cruel el mito de la igualdad de oportunidades y del mérito como motor del ascensor social. Mientras proliferan las declaraciones de la primacía del esfuerzo y de la capacidad, la realidad es que el sistema universitario, lejos de ser la mejor garantía de la igualdad efectiva de oportunidades, sirve, cada vez más, para perpetuar y acrecentar las desigualdades sociales.

En lugar de ser un espacio de encuentro, diversidad y construcción compartida de conocimiento, la universidad se está convirtiendo en un mercado más, erosionando los valores de solidaridad y equidad que sostienen una sociedad cohesionada. Los datos son muy preocupantes: las universidades privadas van a superar en número ya a las universidades públicas, con mecanismos añadidos tan alarmantes como la creación de sucursales en otras comunidades autónomas y de centros privados adscritos a universidades públicas. La privada ya lleva varios años con mayoría de alumnos de máster frente a la pública y los grados tienen un aumento creciente de la proporción de estudiantes que los cursan en universidades privadas -sirva como ejemplo que desde 2023 en Madrid hay más estudiantes de primer curso de Medicina en las universidades privadas que en las públicas, con un coste que ronda los veinte mil euros por curso-. A ello se une la conversión de esta enseñanza en un negocio especulativo, guiado exclusivamente por altas rentabilidades (superiores a los dos dígitos). Por eso los fondos de inversión (fondos buitre) han entrado “a saco” en nuestra educación superior: el fondo de inversión dueño de la Alfonso X la vende seis años después por el doble.

El anunciado decreto con que el Gobierno pretende controlar la creación y los requisitos de las universidades privadas llega tarde y pretende tapar con una mano un torrente de degradación académica: oferta de titulaciones poco rigurosas, predominio de una enseñanza online descontrolada, con chiringuitos sin un centro físico que pueda desarrollarlo, plantillas docentes precarizadas y una investigación en muchos casos inexistente: por ejemplo, la Universidad Complutense, sometida desde hace tiempo a un proceso de demolición, genera, ella sola, más tesis doctorales que todas las universidades privadas juntas.

A ello hay que unir otro fenómeno creciente: la penetración de movimientos reaccionarios y fundaciones ultra en el panorama de las universidades privadas. Ahí está, por ejemplo, la Fundación Heritage con vinculación con la Universidad Francisco Marroquín y con contactos con la Universidad Francisco de Vitoria y con el CEU-CEFAS, o las universidades dependientes de la Asociación Católica de Propagandistas o de los Legionarios de Cristo.

Frente a ello, la universidad pública está acorralada y encogida: se dispara la nota de corte (las carreras que piden más de un 13 pasan de cuatro a 73), se reducen titulaciones, los gobiernos autonómicos las conducen a la asfixia económica y se ignora el precepto constitucional de la autonomía universitaria, mientras se exige que se ponga al servicio de intereses mercantiles en pro de una falsa competitividad, que hace que cada vez más la universidad olvide su misión de servicio al bien común mediante la extensión universitaria.

Esta privatización progresiva de la Educación Superior ha venido a llevarse por delante la cohesión social y la capacidad de generación de conocimiento. No basta con diagnósticos o medidas superficiales y tardías: es necesario reforzar la regulación pública, establecer estándares académicos rigurosos y garantizar mecanismos de control que imposibiliten la lógica del beneficio económico. Asimismo, se debe apostar por una financiación suficiente y sostenida de la universidad pública, que no dependa de las veleidades de quien gobierna en cada momento.

3. Regulación, desprivatización y alfabetización mediática en el espacio digital

La democratización del espacio digital es uno de los grandes desafíos políticos de nuestro tiempo. Internet y las redes sociales, que en sus orígenes fueron presentadas como herramientas de emancipación y acceso libre al conocimiento, se han convertido en infraestructuras dominadas por poderosas corporaciones privadas cuyo modelo de negocio se basa en la extracción masiva de datos, la monetización de la atención y la desregulación fiscal. Un puñado de multimillonarios de extrema derecha controla las plataformas, los algoritmos, los datos de las personas y las redes de satélites. De esta forma controlan el ecosistema informativo y ponen la democracia en peligro. Frente a este escenario, es imprescindible articular políticas públicas que devuelvan el control democrático sobre el ecosistema digital y lo orienten al interés general. Ese espacio virtual es tan real como el físico en el que vivimos y lo es más aún para los más jóvenes, que se guían por la máxima de si no estás conectado, no perteneces ni eres. Ahí es donde se produce una buena parte de la actual socialización efectiva, de la educación de nuestra adolescencia y juventud.

En primer lugar, resulta urgente establecer la responsabilidad jurídica efectiva de los propietarios de plataformas y redes sociales por los contenidos que distribuyen y amplifican. No es aceptable que empresas que diseñan algoritmos para maximizar la viralidad —y, con ella, los ingresos publicitarios— se presenten como meros intermediarios neutrales. Si una plataforma obtiene beneficios de la difusión de discursos de odio, desinformación o incitación a la violencia, debe asumir también las consecuencias.

En segundo lugar, es necesario impulsar la creación de espacios públicos digitales. Del mismo modo que las sociedades democráticas construyeron sistemas públicos de educación, sanidad o radiotelevisión, hoy deben garantizar infraestructuras digitales comunes, pues la comunicación digital es hoy tan importante como la analógica: redes sociales públicas, plataformas de intercambio cultural y espacios de debate gestionados con criterios de transparencia, pluralismo y control ciudadano. La conversación pública no puede depender exclusivamente de empresas privadas cuyo objetivo prioritario es la rentabilidad. Un ecosistema digital democrático requiere alternativas no sometidas a la lógica del mercado.

Otra dimensión clave es la regulación de los algoritmos y de otros efectos, como el scroll infinito. Los sistemas de recomendación no son neutrales: priorizan los contenidos que generan más interacción, aunque esta se base en la polarización, el escándalo o la mentira. Además, la ideología en la que se entrena la Inteligencia Artificial es la denominada “Silicon Doctrine”, moldeada por la industria armamentística y los fondos de inversión especulativos, que demanda libertad para las corporaciones y sometimiento para los consumidores. Es una mezcla de capitalismo digital, neoliberalismo, neocolonialismo y libertarianismo radical. No es que estén vigilando nuestro futuro, sino que están condicionando nuestro presente para que, llegado el momento, nos comportemos tal como imagina quienes diseñan ese futuro. El resultado es un entorno que incentiva el extremismo, fragmenta la esfera pública y favorece la difusión de bulos. Reducir los efectos negativos del diseño adictivo y polarizador es una cuestión de salud democrática.

Asimismo, es imprescindible abordar la justicia fiscal. Las grandes empresas tecnológicas distribuyen contenidos, venden publicidad y extraen datos en múltiples países, pero eluden el pago proporcional de impuestos mediante complejas estructuras internacionales. Esta situación debilita la capacidad recaudatoria de los Estados y erosiona la equidad del sistema tributario. Gravar adecuadamente sus beneficios allí donde operan no es una medida punitiva, sino una exigencia de soberanía y justicia social.

Finalmente, ninguna regulación será suficiente sin una ambiciosa política de alfabetización mediática. No nos referimos a la más extendida educación mediática, limitada al uso y manejo de programas y aparatos, que prescinde de las actitudes y valores y de la necesaria postura crítica. La ciudadanía necesita herramientas para identificar la desinformación, comprender el funcionamiento de los algoritmos y desarrollar un uso crítico y consciente de la tecnología. Estos programas deben abordar tanto la detección de bulos como la prevención de las adicciones digitales, especialmente entre jóvenes y adolescentes. La educación mediática no puede consistir en censurar, sino en empoderar: fortalecer la autonomía individual frente a entornos diseñados para capturar la atención y moldear comportamientos.

En definitiva, sin una apuesta estructural —no meramente retórica— por una educación pública, laica y universal, por una universidad financiada con recursos suficientes y orientada al bien común, y por una soberanía digital democrática, sin ánimo de lucro, cualquier articulación coyuntural de un nuevo frente popular contra el neofascismo quedará limitada a la contención reactiva.

La experiencia histórica demuestra que los proyectos autoritarios no se derrotan únicamente en el plano electoral, sino en el terreno cultural, pedagógico y comunicativo donde se configuran las subjetividades, se produce hegemonía y se naturalizan determinadas concepciones del mundo. Organizar la esperanza implica, por tanto, algo más que resistir: no se trata solo frenar al neofascismo, sino construir condiciones estructurales que lo hagan inviable.Principio del formulario