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La Comunidad de Madrid ha convertido en bandera educativa estos últimos años la incorporación de los primeros cursos de la ESO en colegios de primaria. Lo presenta como una medida moderna, conciliadora y beneficiosa para el alumnado. Pero quienes trabajamos en centros públicos sabemos que no es más que otra ocurrencia propagandística que ignora la realidad de las aulas.
Soy maestra en un colegio público de línea uno en la Comunidad de Madrid. Las aulas están saturadas, con ratios que exigirían desdobles urgentes. Sin embargo, en mi centro —como en tantos otros— se ha instalado una lógica que, aunque comprensible por el cansancio y la precariedad, es profundamente equivocada: mejor no desdoblar, no vaya a ser que lleguen más alumnos. Y lo más preocupante es que, en ocasiones, este razonamiento se formula con un trasfondo excluyente: se teme que lleguen “más alumnos” porque la escuela pública recibe cada vez más diversidad, no solo en forma de necesidades educativas especiales, trastornos o discapacidades, sino también de alumnado en situación de exclusión social, con desconocimiento del idioma, incorporación tardía o trayectorias vitales complejas.
Ese miedo, que pudiera parecer razonable es injusto y contrario a la esencia de la educación pública. Convertir la diversidad en una amenaza es asumir como normal lo que debería indignarnos: que no tengamos los recursos necesarios para atenderla con dignidad. La solución no puede ser cerrar la puerta ni evitar desdobles para que “no nos manden más”. La solución es exigir más profesorado, ratios más bajas, apoyos estables y políticas que garanticen que cada alumno y alumna —venga de donde venga— recibe la atención que merece.
En este contexto, mi centro ha recibido la propuesta de introducir 1.º de ESO el próximo curso y así convertirse en CEIPSO. El claustro está dividido, pero el equipo directivo ha dado su visto bueno. Y aquí también conviene ser sinceras: hay profesionales que ven en esta medida una oportunidad, ya sea por la ampliación de servicios como el comedor —gestionado por empresas externas que generan ingresos y margen de maniobra para la dirección— o por la sensación de “crecimiento” del centro. Pero crecer sin recursos, sin espacios y sin planificación no es mejorar: es cargar aún más peso sobre quienes ya sostenemos el sistema con nuestras espaldas.
En mi colegio, como en tantos centros públicos de primaria, convivimos con una enorme complejidad educativa: dos aulas TEA, un aula de enlace para alumnado recién llegado sin dominio del idioma, una de compensatoria para quienes arrastran situaciones de exclusión o desfase curricular… y aun así no contamos con algo tan básico como un aula de música. Esta área se imparte en el salón de actos, un espacio que se comparte con psicomotricidad, teatro y cualquier actividad que no cabe en otro lugar.
Es decir, ya trabajamos en un edificio exprimido hasta el límite, donde cada metro cuadrado tiene varios usos simultáneos y donde la falta de espacios específicos es una realidad cotidiana.
Aun así, se pretende introducir la ESO sin que existan las condiciones mínimas. Secundaria no solo requiere un laboratorio o un aula específica: exige también nuevos espacios de apoyo, otra aula de compensatoria y mantener —sin mezclas forzadas— los recursos de atención a la diversidad que ya tenemos.
Pero la propuesta aprobada por inspección implica que las aulas TEA y la de enlace se compartirán entre etapas, mezclando necesidades, edades y dinámicas que no deberían solaparse. Se da por hecho que bastará con “hacer obras”, pero nadie explica cómo se garantizará que esos espacios cumplan los requisitos pedagógicos, de seguridad y de especialización que la etapa de secundaria exige por ley.
La Comunidad de Madrid no está construyendo los institutos que necesita. En lugar de ello, está quitando aulas a los colegios públicos: ya son más de cien los centros que impartirán ESO el curso que viene. En vez de dotar a los institutos de servicios de comedor, actividades extraescolares o programas de acompañamiento, se opta por convertir a los colegios públicos en centros híbridos que recuerdan más a modelos educativos del pasado que a un sistema moderno y equitativo. Es una forma de abaratar la educación pública mientras se presume de eficiencia.
Uno de los argumentos más repetidos para justificar esta medida es que el alumnado de 1.º de ESO “es muy pequeño” y necesita un entorno más protegido. Se sugiere que, si pasan a un instituto, corren el riesgo de caer en malas compañías, bandas juveniles o fracaso escolar. Esta narrativa, además de simplista, es profundamente injusta. Cuestiona el trabajo de los profesionales de los institutos, de sus equipos directivos, de orientación y de convivencia. Y transmite la idea de que la adolescencia debe gestionarse mediante el control y el miedo, no con la educación y la responsabilidad compartida. Convertir casos particulares en norma general es gobernar desde la ignorancia y la nostalgia, no desde la evidencia pedagógica.
En el plano normativo, la contradicción es evidente. La LOMLOE establece un marco estatal que apuesta por la equidad, la inclusión y la adecuación de los recursos a las necesidades reales del alumnado. Define con claridad las exigencias curriculares y organizativas de cada etapa, y subraya la importancia de contar con espacios específicos, profesorado especialista y recursos adecuados para secundaria.
Frente a ello, la Comunidad de Madrid ha impulsado la llamada Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, una norma que se presenta como garante de la libertad de las familias, pero que en la práctica prioriza la competencia entre centros y la lógica de mercado por encima de la planificación educativa basada en necesidades reales.
El resultado es que medidas como introducir la ESO en colegios de primaria se justifican bajo el paraguas de la “autonomía de los centros” y la “demanda de las familias”. Es un choque frontal entre un modelo que busca cohesión y equidad y otro que antepone la apariencia de libertad a la calidad educativa.
Convertir colegios en centros mixtos no es modernizar la educación: es abaratarla. Es renunciar a construir institutos, a invertir en orientación, a reforzar la convivencia y a ofrecer al alumnado de 12 a 16 años un entorno adecuado a su desarrollo.
La incorporación de la ESO en colegios de primaria no responde a criterios pedagógicos ni a necesidades reales del alumnado. Responde a una estrategia política que prioriza la propaganda sobre la planificación, y que utiliza a los centros públicos como piezas intercambiables en un tablero que no tiene en cuenta ni a los profesionales ni a los estudiantes. Y quienes pagarán las consecuencias serán, una vez más, los centros públicos, sus docentes y, sobre todo, el alumnado. La educación pública no necesita más experimentos políticos: necesita recursos, respeto y la voluntad real de garantizar igualdad de oportunidades.
