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La portavoz del Gobierno y consejera de Presidencia, Meritxell Budó, anunció en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo Ejecutivo, que el Gobierno ha aprobado un decreto ley sobre el procedimiento de integración de los centros educativos municipales o privados a la red de escuelas de la Generalitat. Budó se ha limitado a decir que esta eventualidad ya está contemplada en la Ley de Educación de Cataluña (artículo 45) y que el decreto se aplicaría «siempre y cuando los centros lo soliciten». Budó se refirió específicamente al caso de escuelas de educación especial de titularidad municipal.
Inmediatamente después, el Departamento de Educación, a través de un hilo de Twitter, ha ampliado un poco la información. Con los 5 puntos que, se supone, explican la naturaleza de lo que califican como una «herramienta muy importante para fortalecer la red pública educativa del país»: 1) el traspaso de concertado a público sólo se hará cuando haya necesidades de escolarización; 2) se garantiza la continuidad y condiciones laborales de la plantilla de los centros; 3) también se garantiza que los alumnos tendrán plaza en el centro; 4) el traspaso podrá implicar también los edificios de los centros o se crearán nuevos; y 5) el decreto permitirá consolidar la oferta de plazas escolares en un territorio concreto.
En una nota de prensa posterior, el Gobierno ha insistido en que el personal docente «se integrará en el nuevo centro de acuerdo con la normativa laboral del derecho de sucesión de empresa. Así, los que tengan contrato laboral indefinido pasarán a trabajar como personal laboral hasta que la plaza se extinga». «Además -continúa la nota-, debido al redimensionamiento de la plantilla del centro de nueva creación, será necesaria la incorporación de nuevo profesorado, ya sea personal funcionario de carrera o bien docente interino, que tendrá el vínculo de funcionario interino y formará parte de la bolsa de trabajo del Departamento». En cuanto a los alumnos, añade, «tendrán plaza reservada, aunque serán las familias las que escogerán si continuar o no la escolarización de los alumnos en el nuevo centro. En este sentido, las familias deberán tener en cuenta el nuevo proyecto educativo que se ofrecerá en el centro de nueva creación».
«La norma aprobada hoy por el Gobierno permitirá al Departamento de Educación la creación de un nuevo centro educativo sin tener que instalar aulas prefabricadas o bien construir nuevos edificios, con las dificultades que conlleva el hecho de encontrar suelo público y la limitación de recursos económicos. Además, se dará cumplimiento a diversas iniciativas parlamentarias que instan al Gobierno a activar los procesos de integración en la red pública de centros de titularidad de entes locales. Y de este modo, se fortalecerá de manera inmediata el sistema educativo», concluye el comunicado del Gobierno.
Este decreto abre la puerta a una entrada de escuelas concertadas en la red pública como la que tuvo lugar en los años ochenta, cuando, a raíz de la lucha del Colectivo de Escuelas Para la Escuela Pública de Cataluña (CEPEPC) , el Gobierno catalán aprobó una ley que permitió que ochenta escuelas de este colectivo (y una veintena más que no lo eran) se integraran en la red pública, un proceso que duró bastantes años porque el traspaso de bienes y de profesorado fue farragoso, dada la singularidad de cada caso. Precisamente hace unas semanas se celebró un acto en la sede de la Asociación de Maestros Rosa Sensat para recuperar la memoria del CEPEPC.
