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Todas las mañanas nos levantamos con la misma cantinela. En Valencia y en León, en Baleares y en Andalucía. El programa matutino de la radio anuncia machaconamente a la multinacional sueca Securitas Direct, que nos despierta con una agresiva campaña basada en el miedo a que nos roben en nuestro domicilio, a que, tras el verano, los “okupas” saqueen nuestra segunda vivienda –la de algunos–. Nos conmina a “poner alarmas para proteger lo que más nos importa”…
Una vez más la mentira se instala en el desprecio a la realidad. Porque los datos del Ministerio muestran que los robos en domicilios han descendido de forma continuada en los últimos años (se han reducido en casi un 50% desde 2012). Lo que se trata es de utilizar el miedo, la alarma, la inseguridad, como una estrategia de venta. Aunque parece que Securitas Direct con esa campaña ha triplicado su valor en bolsa en los últimos 5 años, conviene advertir que detrás del miedo no está solo el interés por la venta de alarmas. Existe todo un potente discurso socialmente construido que viene conduciendo nuestras temerosas miradas hacia fenómenos tan diferentes como la inmigración o “la ruptura” de España, alentando la defensa armada y naturalizando argumentos fascistas que nos hubieran escandalizado hace unos pocos años.
Se está generando así una sociedad del miedo, que tiene su correlato en la instauración progresiva de la sociedad del control y la vigilancia. Así vemos como una parte de la sociedad y de las fuerzas políticas han asumido y “normalizado” la ley mordaza, la ley de extranjería, los CIE, el control parapolicial de los aeropuertos, el reconocimiento facial de las cámaras de videovigilancia, incluso la puesta en práctica del “pre-crimen” (que vimos en la película Minority Report, protagonizada por Tom Cruise) donde te pueden detener porque sospechan que has “podido pensar” en cometer un supuesto “atentado terrorista” (según quienes te detienen).
El discurso social del miedo facilita las políticas de control y vigilancia, pero hay iniciativas que deberían hacer enrojecer –y después irritar– a cualquier mentalidad progresista. La Fiscal General del Estado, nombrada por el Gobierno, ha propuesto, en su Memoria Anual de 2018, la instalación de cámaras de vigilancia en los colegios. Sugiere «normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…)», para combatir los abusos sexuales a menores y entre ellos. No es de extrañar que haya recibido ya un aluvión de críticas de la comunidad educativa, sindicatos e, incluso, de algunos miembros del propio Gobierno, aunque la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, solo advierte que “es un poco pronto” para aplicar esta propuesta de Fiscalía.
Con dispositivos de control como los anunciados se va infiltrando e instalando este modelo social de vigilancia punitiva a la educación. Frente a la prevención, la concienciación y la educación, la Fiscal nos ofrece como solución vigilar y castigar. En la escuela, como en cualquier otra institución, se viven problemas –y no sólo relacionados con los abusos sexuales–. Pero aquí se procura hacer de ello y de su solución, una experiencia que nos eduque como ciudadanos y ciudadanas responsables y libres. El tratamiento de los problemas en la escuela está relacionado con el sentido más profundo y hermoso de la palabra educación, ese que nos ayuda a comprender, dialogar y buscar soluciones al tiempo que desarrollamos nuestra total humanidad.
Los abusos sexuales hay que prevenirlos, sobre todo, centrar la acción en que no sucedan, en vez de pretender convertir los centros educativos en panópticos foucaultianos para castigar a los infractores. La prevención se hace, como muy bien sabemos en educación (sin la interferencia de ese modelo judicial-punitivo), dedicando tiempo y esfuerzo en la escuela a la educación afectivo-sexual, a la convivencia, a la educación en el respeto y la empatía, a la educación en igualdad y a una sólida formación en feminismo en el conjunto de la comunidad educativa.
Sería más sencilla la prevención si los curricula académicos se impregnaran de una filosofía transversal y de una didáctica crítica que ponga en el centro del desarrollo curricular las cuestiones y problemáticas vitales, sociales y ambientales más urgentes, más relevantes, más cercanas a la vida cotidiana y los problemas que en ella vivimos, como son unas relaciones afectivo-sexuales sanas y positivas, una convivencia en igualdad y respeto. Los curricula sobrecargados de contenidos, la acumulación de estándares de evaluación, la vuelta a una concepción bancaria del conocimiento o la presión del emprendimiento en nada ayudan al trabajo de muchas maestras y maestros para que la escuela sea menos machista, más ecologista y un poco más profundamente democrática.
Si la vida cotidiana y la organización de esa vida en los centros educativos estuviera diseñada de forma sosegada para poder privilegiar la cooperación, la relación amable y de respeto, la igualdad que nos reconoce en nuestra diferencia, y si, además, la formación inicial y permanente del profesorado se centrara más en saberes de emancipación, igualdad y libertad, probablemente a una Fiscal General del Estado le daría vergüenza sugerir la colocación de cámaras de vigilancia en las escuelas.
Enrique Javier Díez Gutiérrez y Jaume Martínez Bonafé. Profesores de la Universidad de León y de Valencia y miembros del Foro de Sevilla y Uni-Digna.
