Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Desde su llegada a los gobiernos autonómicos y en las instituciones, el partido de extrema derecha ha puesto la escuela en el punto de mira de su acción política. Las intenciones son claras: por un lado, intimidar al colectivo docente; y por otro, destruir algunos de los pilares de nuestro sistema educativo y, de rebote, invalidar los contenidos de los proyectos educativos de los centros.
Los demonios que Vox quiere abatir y desterrar de una manera definitiva de las aulas son, entre otros, la educación afectivo-sexual, la coeducación, la memoria histórica y el aprendizaje de las lenguas distintas del castellano en aquellas comunidades con más de una lengua oficial.
Veamos los casos de algunas comunidades autónomas del Estado. En Murcia, por ejemplo, la consejería de Educación (bien asesorada, además de por Vox, por la entidad ultracatólica Hazte Oír) se atrevió a publicar en las instrucciones de principio de curso que los centros no podían programar ninguna actividad, ni escolar ni extraescolar, que tuviera que ver con la realidad del mundo LGTBI. Una vez se dieron cuenta de la barbaridad que habían puesto por escrito, finalmente suprimieron este apartado. La respuesta de los centros educativos de la Región de Murcia fue abrumadora: siguieron programando, más que nunca, actividades relacionadas con las diversas maneras de vivir el afecto y la sexualidad.
En Andalucía, primer lugar en que Vox ha accedido al gobierno de una comunidad autónoma, de la mano del Partido Popular y Ciudadanos, intentan poner en marcha lo que se conoce como pin parental. Es como una especie de clave que las familias tendrían para autorizar o no que sus hijos e hijas participen en determinados contenidos escolares. Una estrafalaria propuesta de educación a la carta que no tiene ningún tipo de amparo legal y que rompe la igualdad de oportunidades del alumnado a la hora de acceder a los contenidos curriculares y a una educación integral, a la que todos tienen derecho.
Los temas de igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, el respeto y la tolerancia hacia personas de distinta identidad sexual no son materias extraescolares. Forman parte del currículo escolar y éste viene determinado por la normativa estatal y autonómica. Lo único que las familias pueden decidir es si sus hijos participan en determinadas excursiones organizadas por la escuela o si estudian religión o no. Y no se hable más.
El esperpento del adoctrinamiento
En cuanto a las Islas Baleares, a los cachorros de Santiago Abascal pronto se les hizo la boca agua y, ya como miembros del Parlamento, presentaron al presidente de la cámara autonómica una lista con los 52 centros que desean visitar: una gran mayoría centros públicos y -para intentar despistar al personal- unos pocos colegios privados. Curiosamente escuelas e institutos que se habían significado en contra de la imposición del Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas, el famoso TIL, durante la legislatura de José Ramón Bauzá, del Partido Popular. ¿Los motivos de tan noble visita a las escuelas e institutos? Averiguar posibles sospechas de adoctrinamiento catalanista y de ideología de género.
Las normas que prepara la consejería para regular estas visitas, a las que todos los diputados tienen derecho, no permitirán que se hagan durante el horario lectivo ni que interfieran ninguna actividad docente. Serán recibidos por los equipos directivos y acompañados por un miembro del Departamento de Inspección. La intención de la consejería y de toda la comunidad educativa es que no consigan ni atemorizar al profesorado ni desprestigiar el buen trabajo que se hace desde las escuelas y los institutos de las Islas Baleares ni atizar el fuego de la confrontación social.
Los tres diputados que Vox tiene el Parlamento de las Islas Baleares, liderados por Jorge Campos, han propuesto otras iniciativas en el ámbito educativo, las que han topado con la negativa de la mayoría de izquierdas. La más insistente es la creación de un distrito único, a fin de garantizar la libre elección de centro educativo a cualquier familia. Se supone que así podrían ejercer su libertad de conciencia y lingüística. Porque otra cosa que propone Vox es que las familias puedan elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Para el partido de ultraderecha, en las islas no se habla el catalán (esto sería una falsedad impuesta del pancatalanismo), sino el mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense, aparte obviamente del castellano.
Otra reciente propuesta de Vox, en este caso al Consejo de Mallorca, ha consistido en una moción para que se instara al Gobierno español a obligar a todas las comunidades autónomas a que la bandera española ondee en la fachada exterior de todos los centros educativos estatales o subvencionados con fondos del Estado. En la defensa de esta iniciativa (también rechazada), el consejero de esta formación, Toni Gili, afirmó también que la educación «debe volver a ser competencia nacional».
