Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María José Montero lo dijo en su última respuesta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Los fondos que el Gobierno central destinará a las comunidades autónomas (16.000 millones) no con condicionados. Esto quiere decir, que los territorios no tendrán que justifica ni un solo céntimo ante Moncloa. No han de presentar un proyecto previo ni una justificación del gasto, confirman fuentes de Educación.
«No se está liderando», asegura Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. Para el líder sindical, bien se podría haber desarrollado un programa de reconstrucción educativa en septiembre que hubiese obligado a las comunidades autónomas a dirigir claramente la inversión hacia la educación pública, siempre con la vista puesta en suprar desigualdades, inequidades y el impacto que la pandemia ha tenido en las clases más desfavorecidas.
Y aunque desde el Ministerio dicen que, al parecer, no es posible que los fondos sean finalistas, García recuerda los programas de cooperación territorial como PROA o Educa3 que fijaron un uso muy concreto del capital en unos objetivos muy claros.
De hecho, la propia Isabel Celaá, ministra de Educación, ha anunciado durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros la puesta en marcha, junto a la empresa pública Red.es, de un programa, Educa en Digital, que pretende desplegar una inversión de hastas 260 millones de euros para digitalización del sistema educativo. De esta cantidad, 70 millones dependen de las comunidades autónomas, que se adherirán o no voluntariamente.
En cualquier caso, queda en manos de la comunidad educativa controlar que cada autonomía invierta el capital que llegue del Gobierno en educación, preferentemente, pública. García asegura que las federaciones regionales del sindicato exigirán que se abran las mesas sectoriales de educación para que los sindicatos puedan realizar esta fiscalización.
Maribel Loranca, responsable de enseñanza en FeSP-UGT, asegura, en este sentido, que las mesas sectoriales de las autonomías funcionan de manera muy irregular. Mientras en algunas los sindicatos pueden negociar y reciben cierto «feedback», en otras los sindicatos se enteran de las medidas de las consejerías por la prensa o porque les llega un correo electrónico. La dirigente cree que la comunidad educativa tiene poco margen como para fiscalizar la actuación de la Administración autonómica.
En esto está de acuerso José Ramón Merino, responsable de acción sindical de STEs. Su experiencia es que la negociación en las mesas autonómicas no funciona en buena parte de ellas. Tampoco en la mesa con el Ministerio que, afirma, han pedido todos los sindicatos sin que se haya vuelto a convocar en las últimas semanas. Algo que corrobora Loranca.
Francisco García pone el ejemplo de Madrid o Andalucía, que ya han anunciado que iniciarán el curso en septiembre con normalidad, como si no hubiese pasado nada. la pregunta clave es: ¿Dónde irá el dinero que les toque a estas autonomías si no van a hacer nada por respetar distancias sociales en los centros o no se plantean la habilitación de espacios diferentes a las aulas en los colegios e institutos? «Si el Ministerio no vela, comenta, (por dichas inversiones), lo haremos nosotros», zanja García.
«Que no tengan carácter finalista, dice Maribel Loranca, es negativo». La líder sindical entiende que debería, al menos, haberse fijado que el dinero se utilizase para fortalecer al alumnado que esté en situaciones más precarias y vulnerables, aunque esto significase que parte fuera a la educación concertada. El objetivo es el alumnado.
Todos los sindicatos miran a las declaraciones de comunidades como Madrid y Andalucía, que pretenden comenzar el nuevo curso como si no pasara nada. O a Extremadura, que ha recortado plantilla docente pública en las últimas semanas. También hay tensiones en Asturias, o las provocadas por el presidente de Castilla-La Mancha donde se quejaba de tener que dedicar parte de los fondos de recuperación en el sistema educativo. Comunidades gobernadas por diferentes partidos políticos. Para algunos de los representantes sindicales, este tipo de posicionamientos, así como que el Ministerio no declare los fondos como finalistas, es una prueba clara de la importancia que le dan unas administraciones y otras a la educación.»La educación no es una prioridad», asegura Merino, quien ejemplifica con los 3.750 millones dedicados al sector de la automoción con los 2.000 a la educación.
De momento parece pronto para plantear movilizaciones por parte de los sindicatos, aunque desde STEs, Merino comenta que dtienen una reunión del Secretariado del sindicato y en ella se tratará, entre otras cosas, la posibilidad de contactar con otras organizaciones de representación docente, así como de otros colectivos de la comunidad educativa para ver las posibilidades de movilización.
