Perú ha vivido en las últimas semanas una crisis política que supera la ficción: tres presidentes en siete días, una vacancia y protestas multitudinarias en todo el país sudamericano. Esta, sumada a la crisis sanitaria y todos sus efectos en la economía, se ha convertido en el mayor reto de los peruanos de cara al bicentenario de su independencia.
La crisis se acentuó cuando el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia del presidente peruano, Martín Vizcarra. Pero es acertado afirmar que el conflicto y la indignación de los peruanos empezó desde mucho antes. Algunos lo atribuyen a 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones por corta diferencia a su principal contendora, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular.
Desde entonces, la mayoría de los escaños del Congreso ha sido conformada por partidos de la oposición, lo que ha impedido una fluida gobernanza por más de dos años. Kuczynski enfrentó dos mociones de vacancia bajo el supuesto legal de “incapacidad moral”, amparado por la Constitución de 1993. Un término que ahora es cuestionado por constitucionalistas y expertos por su amplia interpretación. Antes del debate de la vacancia, Kuczynski presentó su renuncia tan solo dos años después de haber asumido como primer mandatario del país, dando paso a que su primer vicepresidente, el entonces embajador de Perú en Canadá, Martín Vizcarra, jurara el cargo como nuevo presidente.
Sin embargo, el Congreso continuó asumiendo una posición hostil y poco accesible a la comunicación, imponiendo una barrera entre los poderes legislativo y ejecutivo. Este fue el mayor reto de Vizcarra desde un inicio. En solo dos años de gobierno existieron cinco presidentes del Consejo de Ministros y, por lo tanto, cinco gabinetes, que cambiaban por los procesos de investigación que iniciaba el Congreso en contra del gobierno y que representaba una presión política para que renunciaran a sus cargos ante el presunto delito de corrupción o por la negación al voto de confianza que debían otorgar los congresistas a cada cartera de ministros.
Es imposible no regresar a estos hechos —que fueron aún más conflictivos y complicados de lo que parecen— cuando se pretende entender la indignación de los jóvenes que marchan ahora. Según diversos especialistas, son universitarios y recién licenciados que tienen entre 20 y 30 años. No tienen una ideología particular que los integre, ni posiciones políticas, solo malestar e indignación social y política, el signo de los tiempos y de la juventud en el mundo entero.
La pandemia, que agravó las diferencias sociales y económicas en el país, cumplió también un papel en el agotamiento y frustración. Así como ocurrió en Chile, Guatemala y Estados Unidos, el confinamiento o toques de queda no fueron impedimento para que los jóvenes salieran a protestar ante lo que consideraban injusto y antidemocrático. En una semana de protestas intensas, con enfrentamientos violentos con la policía y el atropello de su derecho a la protesta, empujaron la renuncia de Manuel Merino tras cinco días como presidente de facto, luego de la vacancia de Vizcarra.
Pero lejos de contentarse, los estudiantes continuaron con su protesta, esta vez con mensajes claros: la formación de una Asamblea Constituyente encargada de hacer una nueva Constitución, reformas en el cuerpo policial y justicia para Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados por la policía en medio de los enfrentamientos.
La noche del 14 de noviembre, la primera marcha convocada a nivel nacional, Inti de 24 años recibió cuatro proyectiles de armas de fuego en el tórax; mientras que Bryan, estudiante de derecho de 22 de años, recibió 10 perdigones: cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo izquierdo. Ambos llegaron sin vida al hospital. Días antes, los manifestantes inundaban las redes sociales con imágenes que prueban la violencia policial desmedida usada durante su recorrido por el centro de la ciudad. Decenas denunciaron el uso de perdigones, uso abusivo de bombas lacrimógenas (incluso desde un helicóptero), policías sin identificación encubiertos como civiles (conocidos como “grupo terna”) y desapariciones de hombres y mujeres participantes en la marcha.
El pasado lunes, el congresista Francisco Sagasti asumió como presidente del Congreso y, por lo tanto, como Presidente de la República. Si esta estabilidad continúa, será el último mandatario antes de las elecciones generales planeadas para abril del 2021. Por lo pronto, las manifestaciones en el país no han cesado. Aún sin responsables por el asesinato de los jóvenes y un Congreso manchado por investigaciones de corrupción y otros delitos, los colectivos permanecen en contacto y comunicación permanente.
Las redes sociales, su principal canal, siguen acaparadas con las convocatorias de nuevas marchas, consejos sobre cómo actuar frente a las detenciones, rechazo a la cobertura de medios tradicionales y mensajes hacia sus autoridades. Dentro de las múltiples voces de las redes, una de ellas remarca: “Se metieron con la generación equivocada”.
