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Una semana después de que algunas familias organizaran una concentración de protesta ante el Departamento de Educación, para exigir el despliegue del Decreto 150/2017, de escuela inclusiva, hoy la Plataforma Ciudadana por una Escuela Inclusiva ha convocado a los medios para expresar su “ decepción, impotencia y rabia” frente a los pocos avances que se constatan en materia de inclusión, cuando han pasado ya más de cuatro años de la aprobación del decreto. Las portavoces de esta plataforma –creada en el 2001 y formada por entidades (mayoritariamente del mundo de la discapacidad, pero no todas), profesionales y familias– han pedido la activación de un plan de choque urgente y la convocatoria de una mesa de entidades.
«Necesitamos que avanzar en la escuela inclusiva sea una prioridad en la agenda política y un tema de país, independientemente de quién gobierne», ha afirmado Susi Cordón, directora de la asociación Aprenem que en esta ocasión hablaba en nombre de la Plataforma. “Cada vez hay más alumnos escolarizados en centros de educación especial, y en cuanto a los que acuden a centros ordinarios, las quejas de las familias se multiplican, ¿por qué deben luchar para que sus hijos estén en la ordinaria? ¿Por qué deben tener miedo ante cualquier cambio de ciclo?”, se ha preguntado.
Según afirman desde este colectivo, lo que funciona es «la excepción», y lo que se detecta es «apatía» por parte del Govern. La prueba, dicen, es la escasa o nula reacción en relación con el informe del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en catalán) sobre escuela inclusiva, presentado en septiembre del año pasado. Sin embargo, otra portavoz, Mari Luz Rey, ha precisado que una escuela inclusiva no se puede hacer únicamente de arriba abajo, sino que es necesaria la implicación de todo el profesorado (al que se le debe dar formación), de toda la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. Rey, madre de una joven de 16 años con síndrome 22q, ha compartido su caso particular: unas etapas “fantásticas” en infantil y primaria y “un infierno” en secundaria, donde en el último año de ESO querían que su hija repitiera curso por sólo una asignatura.
La inversión en inclusión, según el Departamento
Precisamente, también habló al respecto el conseller González-Cambray, en su comparecencia en la Comisión de Educación del Parlament de la semana pasada. Según dijo, en el sistema educativo hay alrededor de 160.000 alumnos con un dictamen NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), fruto de una mejora en la detección, que según dijo debe seguir mejorando todavía. El concepto NEAE abarca tanto al alumnado con vulnerabilidad por causa socioeconómica (NEAE B, muy mayoritario) como el que lo es por discapacidad o enfermedad mental (NEAE A).
En cuanto al presupuesto, Cambray aseguró que las partidas a tal fin ascienden a 450 millones de euros, “que es más del doble de lo previsto en la memoria del decreto 150/2017”. Sin embargo, admitió que no era suficiente, y que tampoco valdría con un aumento de recursos si no se hace una buena distribución, y explicó que se está estudiando la forma en que los rescursos lleguen al alumno, siguiendo criterios objetivos, de tal modo que le acompañen siempre a lo largo de su etapa escolar.
Medidas universales
Al respecto, Isabel Macarulla, responsable de Educación de la Federación Ecom y también portavoz de la Plataforma por una Escuela Inclusiva, ha considerado que sería buena noticia que el alumno tuviera garantizado los recursos, y que éstos acompañen siempre al alumno allí donde sea (a menudo ocurre al revés, se envía al alumno al centro especial porque ahí está el recurso que necesita), pero también ha advertido que este planteamiento obvia un aspecto clave del decreto. “Creemos que el conseller sigue relacionando escuela inclusiva únicamente con las medidas intensivas y/o adicionales. Esto es importante, pero es fundamental incidir especialmente en las medidas universales, porque es a partir de ahí que se construye un modelo inclusivo”, ha apuntado.
En cuanto al eventual plan de choque, las portavoces de la Plataforma han vuelto a exponer varias demandas concretas, muchas de las cuales formaban ya parte del decálogo de acciones que presentaron en noviembre de 2020. Algunas tendrían un impacto económico elevado, como la progresiva implantación de la enfermera escolar en todos los centros del país, o la creación de más CEEPSIR (centros de educación especial que se convierten en proveedores de recursos para la inclusión), si bien esto último –que va ligado a la convocatoria de un concurso para la prestación de este servicio – el Departamento lo viene anunciando desde abril de 2019.
Otras demandas requieren, en su opinión, una inversión mucho menor o prácticamente nula. Por ejemplo, la creación de un sistema de indicadores (cuantitativos y cualitativos) que permita analizar la evolución del modelo inclusivo en el sistema educativo (“vamos a tientas”, han asegurado); una campaña de divulgación para informar sobre los beneficios pedagógicos que tiene la convivencia entre alumnos con capacidades diversas (“no se trata de mejorar la atención a la diversidad, sino darle valor”); la publicación del mapa de recursos para que se pueda conocer bien las herramientas de que dispone el sistema (“llevamos cuatro años esperando”); la evaluación de herramientas con las que ya cuenta el sistema, como los CEEPSIR o las SIEI; el cambio de normativa para que los alumnos con discapacidad puedan titular la ESO; o la elaboración de un plan de accesibilidad a todos los centros educativos catalanes.
