El reto sigue sobre la mesa y parece que no va a ser resuelto con facilidad, al menos no en los próximos dos años y medio. El Gobierno firmó con CCOO, CSIF y UGT un acuerdo para la estabilización de las plantillas y la reducción de la interinidad al 8 % en todas las admininstraciones públicas. Mientras se van conociendo acuerdos en otros sectores públicos, en educación, en los últimos seis meses ha pasado de todo.
Terminaba el año 2021 con la convocatoria de algunas de las primeras ofertas de empleo público para este mes de junio. Mientras se estaba ultimando el proceso parlamentario que debía terminar con la aprobación de una ley que pusiera orden y diera carta de naturaleza a los acuerdos alcanzados, es decir, reducción al 8 %, pruebas no eliminatorias y mayor peso de la experiencia laboral (más o menos el 30 %), las administraciones autonómicas decidieron pisar el acelerador y hacer que las oposiciones de este año se sigan rigiendo con el modelo anterior.
A este modelo se han venido a sumar el extraordinario del concurso de méritos así como el que los sindicatos habían ya negociado previamente. Esto hace que en las próximas convocatorias, la de 2023 y 2024, cada persona que se presente lo tenga que hacer a dos o tres «exámenes» diferentes. Uno regirá el proceso de estabilización, otros será el extraordinario y otro más ofertará las plazas de reposición.
Unas plazas que, además, en algunos territorios han sido publicadas, pero que todavía no han realizado examen, por lo que se siguen sumando, año tras año, a las cifras de reposición.
Las cosas se ponen complicadas para que en el plazo acordado el Gobierno pueda hacer valer el acuerdo de estabilización entre las comunidades autónomas. Los sindicatos cifraron en unas 125.000 plazas las que son necesarias para llegar al 8 %, todo ello si no hay retrasos en los procesos de reposición.
Según fuentes sindicales y con los datos que tienen a mano hoy (no todas las comunidades han hecho públicas sus cifras como marca la ley, aunque son más o menos conocidas), faltarían 20.000 plazas de esas 125.000 para alcanzar el 8 % de interinidad. Para esta cifra hay que tener en cuenta los procesos de estabilización (en donde hay unas 73.000 plazas) y los de reposición, para que no haya que ir contratando personal interino que «estropearía» la estadística.
Esta situacióbn tan complicada es la que ha hecho que los responsables de enseñanza de los tres sindicatos firmantes del acuerdo en la mesa de función pública hayan enviado un escrito al Ministerio de Educación y FP en la que llaman la atención sobre las dificultades y frenos que se están dando en las mesas de negociación territoriales, en donde, en realidad, se toman las decisiones sobre el número de plazas que se acabarán convocando.
Frente a otras situaciones análogas en las que una o varias administraciones han incumplido los acuerdos previos con los sindicatos, en esta ocasión, habrá contrapartidas. Una, a decir verdad, y es la obligatoriedad que tendrán las autonomías de pagar indemnizaciones por despido al personal interino cuando se vayan cerrando sus contratos temporales. Imposible saber cuál será el coste que esto tendrá para las arcas públicas.
Las centrales sindicales denuncian que aunque hay algunas autonomías en las que sí se llegará sin problema al 8 % o bien porque están cerca o porque ya lo han conseguido, como pudiera ser el caso de Galicia, hay otras en las que las plazas que han salido en las ofertas nuevas no son ni de lejos suficientes, como podría ser Castilla-La Mancha. Fuentes sindicales también comentan que en algunos territorios los sindicatos se han levantado de la mesa de negociación por las cifras que las administraciones les habían puesto sobre la mesa.
El Ministerio de Educación y FP, en realidad, tiene poco que hacer en este sentido porque son las comunidades autónomas las que gestionan el sistema educativo y deciden sus contrataciones. Eso sí, serán ellas las que tengan que pagar las indemnizaciones a las que tienen derecho las y los interinos. A lo que se viene a sumar el hecho de que ya los tribunales europeos han dictado varias veces en contra de España en relación a la situación del personal interino que trabaja para los distintos niveles el Estado.
Las negociaciones en las diferentes comunidades autónomas han sido duras y largas, al punto que en algunos territorios, los sindicatos se han levantado de la mesa al ver que las administraciones no cumplían con el mandato. Este es el caso, comentan fuentes conocedoras, de Cantabria. U otras, como Castilla y León en donde las centrales sindicales han hecho pública su no conformidad con el número de plazas previstas (2.500, sin contar la reposición, de aquí a 2024). Sin embargo, comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid o Murcia sí van a cumplir el acuerdo. De hecho, Galicia rondará una interinidad del 5 % cuando termine el proceso.
En cualquier caso, y a pesar de los problemas y de que haya menos plazas de las que habían calculado inicialmente los sindicatos, cabe destacar el hecho de que es el periodo en el que más plazas se van a sacar a concurso. En el anterior proceso de estabilización, el que comenzara en 2017, fueron entorno a las 56.000 plazas.
