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El curso 2021-2022 empezó con un récord histórico de alumnado matriculado en la formación profesional, superando el millón de personas en los ciclos formativos y sin ser la etapa educativa con mayor número de alumnado, es por segundo año consecutivo la etapa que más personas recibe. Esta tendencia parece que se vaya a mantener el curso que viene y, aunque la opción prioritaria del alumnado tras finalizar la ESO siga siendo el bachillerato, el interés de miles de personas por la FP procedentes de otros itinerarios académicos y/o profesionales requiere de un Plan de las administraciones para garantizar el derecho a la formación profesional mediante una plaza pública y evitar que sean expulsadas del sistema educativo.
Justo hace un año CCOO denunciamos la crisis de escolarización y la segregación educativa que dejó a miles de jóvenes sin una plaza pública de FP, los casos más graves se dieron en las CCAA de Cataluña y Madrid que han compartido políticas privatizadoras los últimos años, tal y como nos revelan los datos de alumnado matriculado en centros públicos en las capitales que no llega al 50% o de la proliferación de nuevos centros privados de FP online.
Las administraciones educativas han tenido un año para planificar, programar, adecuar espacios y ampliar la oferta pública existente, el tiempo suficiente para dar cumplimiento al artículo 109 de la LOMLOE que establece la obligación de la administración de garantizar el derecho a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas que de respuesta a las necesidades de escolarización de la ciudadanía.
Además de los recursos propios de cada comunidad autónoma el Gobierno ha habilitado una partida presupuestaria de 103,9 millones de euros para la creación de 55.408 nuevas plazas de FP en el curso 2022-2023 procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sin embargo, las medidas adoptadas en los territorios con mayor déficit de oferta pública no van en la línea de cubrir las necesidades de escolarización mediante la creación de nuevos centros y de plaza públicas sino que suponen un trasvase de alumnado a la titularidad privada mediante la creación de becas públicas en la comunidad de Madrid para subvencionar estudios en centros privados o complejos procedimientos de preinscripción, como el que ha establecido Cataluña, confuso y desorientador que prioriza al alumnado procedente del cuarto de la ESO y ha deja al resto procedente de otros itinerarios educativos en listas de espera obligándoles a asistir a subastas presenciales centro a centro si quieren obtener una plaza pública, algo impensable en cualquier trámite administrativo del SXXI.
Además, la autorización por parte de las administraciones de nuevos centros privados de proximidad con modalidades más flexibles y la deslocalización de la oferta pública de las grandes ciudades, haciéndola más inaccesible para el alumnado que debe costear los desplazamientos, favorecen el negocio de la formación y la privatización del derecho a la educación.
En los últimos meses CCOO hemos situado las necesidades de la FP en todos los ámbitos de representación para que la nueva ley orgánica incorpore las novedades de la LOMLOE en esta etapa educativa y desarrolle el derecho a la formación profesional.
Sin lugar a dudas hemos sido la organización que más enmiendas ha presentado en el Consejo Escolar del Estado al borrador de Ley y muchas de ellas se han incorporado en el texto definitivo, sin embargo, tendremos que esperar al desarrollo normativo para ver si realmente hay un verdadero cambio en la FP; de momento hay problemas estructurales de raíz que no parece que la ley vaya a abordar, como la transición entre la etapa obligatoria y postobligatoria, el abandono educativo o la brecha de género profesional. Y otros que pueden agudizarse con el incremento de las horas lectivas realizadas en la empresa y la reducción de horas curriculares en los centros educativos en la totalidad de los ciclos.
Esta suplantación de la institución educativa puede responder a la necesidad de las empresas de formar específicamente a personas con la intención de incorporarlas en plantilla o bien disponer de un recurso permanente mediante trabajo a bajo coste ejerciendo tareas necesarias.
¿Cuántas de las empresas que participan en la FP pueden destinar una persona con aptitudes pedagógicas para formar al alumnado?
Veremos en pocos años si este desplazamiento de la formación del centro a la empresa ha servido para aumentar la corresponsabilidad en la formación y la inserción laboral en las empresas que acogen alumnado. Los datos de la evolución de los programas dual nos muestran desde su implantación en el 2012 que no han llegado a alcanzar el 4% de alumnado en esta modalidad a pesar de las campañas y jornadas mediáticas institucionales de la mano de los partners interesados en su expansión, mayoritariamente lobbies de empresas y fundaciones.
Cualquier proyecto educativo tan relevante como la formación fuera del propio centro público debería ser objeto de una evaluación rigurosa por parte de la administración, asignatura pendiente desde que se implantó la dual.
Las propuestas de CCOO a la nueva ley se han vertebrado en 7 pilares fundamentales para garantizar una formación profesional pública y de calidad para la ciudadanía:
- Derechos educativos y laborales: de todas las personas que participan en el ecosistema de la formación profesional en condición de alumnado, aprendices, docentes y personal educativo.
- Equidad: desarrollando el principio que establece la LOMLOE en la etapa profesional postobligatoria.
- Perspectiva de género: en todas las medidas antes, durante y después de la trayectoría educativa con la finalidad de combatir la brecha salarial y el sesgo de género profesional.
- Orientación y acompañamiento: elementos indispensables para combatir el elevado abandono escolar que contempla la ley a lo largo de la vida.
- Prospección: el papel de los actores locales en el sistema de formación profesional es esencial para establecer el mapa territorial y programar y planificar una oferta formativa acorde a las necesidades de la ciudadanía y los territorios. Es indispensable crear una red de observatorios públicos de FP coordinada como herramienta de análisi estatal y territorial.
- Ecología: todos los planes y estrategias a corto y medio plazo pasan por una transición sostenible basada en los objetivos de desarrollo sostenible y en el cambio de la economía lineal a circular.
- Gobernanza y participación democrática: en todas las políticas de la FP deben participar los distintos actores y la representación legal de los trabajadores, desde los órganos estatales a los consejos de centro para garantizar el cumplimiento de los derechos educativos y laborales de las personas.
Las principales propuestas del sindicato a la nueva Ley y al procedimiento de integración del profesorado técnico de PTFP las hemos presentado en jornadas de distintos territorios: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Cataluña, entre otros.
En el informe recientemente publicado por la Federación de Enseñanza de CCOO ¿Qué problemas tiene la FP y qué aporta la nueva ley? hacemos un análisis de la situación actual de la formación profesional, de las novedades legislativas y sirve de documento base para la elaboración de propuestas al desarrollo normativo desde una perspectiva caracterizada por la defensa de la Formación Profesional como derecho básico de clase.
En los próximos meses veremos si la dotación presupuestaria y las nuevas medidas son suficientes para situar la FP al nivel de los países de referencia.
