La situación es peor de lo que uno puede pensar. Precisamente, porque no hay datos. No solo no se sabe cuántos niños, niñas y adolescentes viven en hogares que van a ser desahuciados, sino que otras situaciones de gran precariedad habitacional están fuera de los focos.
En los últimos años, las habitaciones alquiladas en pisos compartidos han crecido mucho. Y ya no son solo estudiantes quienes ocupan estos espacios. También lo hacen familias. Por supuesto, en situaciones de gran precariedad.
Y hay más. Hablamos de otras personas que ocupan o subarriendan estas habitaciones, que pagan un “alquiler” a alguien que puede ser la propiedad legal. O puede no serlo. Pueden saberlo, o no.
El CGPJ es el organismo que recoge y publica más datos, pero no son suficientes. En los últimos años ya discrimina entre los lanzamientos (desahucios) que proceden de un impago de hipoteca, de alquiler u otros (ocupación, etc.). Pero son solo los casos en los que ha mediado un juez y una comisión judicial ha llegado a la vivienda en cuestión y ha ejecutado el desahucio.
Hay una cantidad incierta y desconocida de personas que no esperan a la comisión judicial y se van antes de que se produzcan los sucesos a los que, desde la creación de la PAH, estamos más que acostumbrados a ver. Estas situaciones no se computan, de manera que la movilidad de personas, familias enteras, queda fuera del radar de la Administración pública.
Sociedad civil organizada
Desde hace algunos años, además, los lanzamientos tienen más relación con el alquiler que con el impago hipotecario. La PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas), tristemente, ha dejado el hueco en gran medida al Sindicato de Inquilinas, una organización descentralizada que recibe diferentes nombres según la provincia, la ciudad, hasta el barrio.
El Sindicato en Barcelona, y unos meses después en Madrid, elaboró y publicó un protocolo para los centros educativos. El objetivo es que tuvieran una hoja de ruta mínima para hacer frente a las situaciones de desahucio del alumnado de sus centros.
En 2024, un poco antes, apareció en Salt, aparece un colectivo de profesorado llamado Docents pel dret l’habitatge digne (Docentes por el derecho a la vivienda digna), que redacta un manifiesto tras detectar una gran cantidad de desahucios entre sus estudiantes.
Al cabo de poco tiempo, aparece en Barcelona Docentes 080. Los números hacen referencia al código postal de la provincia. Este colectivo, junto con el Observatori Desca, elaboraron un informe con el que quisieron, explica Lucía Delgado, del observatorio, poner números a la intuición.
Lanzaron una encuesta online a los centros firmantes del manifiesto, entre 300 y 400 por aquel entonces. Respondieron 47. Sus claustros comentaron que habían detectado 217 menores en situación de espera para un desahucio, a los que se sumaban 180 que vivían en pensiones. Ya estaban fuera del mercado de la vivienda convencional.
Tras este trabajo, también vieron la necesidad de redactar materiales que pudieran utilizar los docentes en su día a día. El resultado fue la publicación de la Guía de actuación de los centros educativos por el derecho a la vivienda (Guia actuació dels centres educatius pel dret a l’habitatge, en su original en catalán).
El paso siguiente ha sido poner a disposición del profesorado una serie de impresos rellenables con los que ayudar a las familias en situaciones complejas. Con dichas actuaciones, dice, “no abogamos tanto por el derecho a la vivienda, sino que abrimos una vía para defender a la infancia por el derecho a la educación”.
Para Delgado, “la inacción de la institución genera niños y niñas desahuciadas”.
Sin datos, no hay políticas
Sin información ni datos es muy complicado que se pongan en marcha políticas públicas que puedan dar una respuesta correcta ante el reto de la vivienda.
Para Delgado no se trata tanto de un problema de “mala fe como de incapacidad”. Para ella, los datos están, pero no sistematizados. Cuando se lanzaron a hacer su informe fue tras pedir datos de desahucios al Consorci d’Educació de Barcelona, a los Servicios Sociales de la ciudad y a la Concejalía de Habitatge (Vivienda) y no recibir información alguna.
“Cuando se habla de proteger a la infancia, se convierte en palabras vacías. Puedes proteger lo que conoces”, dice Delgado. Para esta investigadora y activista, además, se trata de un drama, una situación generalizada y no casual”, que afecta a personas de barrios empobrecidos, pero no solo.
Delgado se vinculó casi desde el inicio a la PAH. Explica que hasta 2013 el CGPJ, cuando ofrecía los datos de lanzamientos, ni siquiera separaba los relacionados con las hipotecas de los alquileres. Tampoco quién desahuciaba, si un particular, un banco, una empresa. Ni a quién se desahuciaba, si a una familia, una persona, un núcleo monomarental…
Para ella se trata, de alguna manera, de “no querer visibilizar la situación para no tener que actuar”. Si el CGPJ tiene datos, si los servicios sociales también tienen otros sobre la situación de las familias, o incluso los centros que saben quiénes se mueven a mitad de curso, se podrían centralizar de alguna manera para conocer mejor la realidad de las familias.
El reto de la vivienda
Cuando se habla de vivienda no solo hablamos de hipotecas cada vez más complicadas de conseguir por las condiciones que exigen los bancos. El mercado del alquiler se ha vuelto una auténtica guerra sin cuartel, una eterna entrevista personal para intentar conseguir un piso.
Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, explica que las familias se encuentran dificultades específicas para conseguir un alquiler. “Es momento de hablar de la vivienda, no solo como un problema para las y los jóvenes que quieren emanciparse, sino también desde la perspectiva de la infancia”, cuenta.
Aunque parece innecesario, se hace obligatorio explicar que “la vivienda es un espacio fundamental para niñas, niños y adolescentes (NNA). Es el lugar donde se desarrolla su crianza, importante para su educación y para cuestiones como el bienestar crecimiento, salud mental”.
En este sentido, recuerda que las viviendas en mal estado o las dificultades de la familia en relación a ella, repercuten en la salud física y mental. Habla de hogares con humedad o que no pueden mantener una temperatura constante a lo largo del año. A esto se suma el impacto del estrés que provoca en su familia tener dificultades para pagar hipoteca o alquiler.
En los últimos años, además, se une otra práctica que ha dejado de ser privativa de estudiantes: compartir piso. Ahora, cada vez en mayor medida son familias monomarentales o de origen migrante las que se ven en la obligación de subarrendar habitaciones en pisos que comparten con otras familias.
Como explica Delgado, “una niña que vive en una pensión durante dos años, con cuatro personas en una habitación, no puede estudiar, no tiene un espacio digno donde desarrollarse como persona”.
En el informe Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social, elaborado por el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade y el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Diocesana de Barcelona explican que “los niños necesitan un entorno seguro y estable pasa su desarrollo físico, emocional y cognitivo. No disponer de un espacio adecuado y seguro donde poder descansar, jugar o estudiar afecta negativamente su bienestar y su desarrollo personal”.
Impacto en la educación
No solo es que estas chicas y chicos tienen que lidiar con situaciones de hacinamiento o estrés importante. Que estén a la espera de un desahucio, con lo que eso supone. No tener un espacio para estudiar dificulta enormemente el avance en los estudios.
“El año pasado, cuando preguntabas en un grupo de profesores, era muy frecuente quien tenía un alumnos en situación inminente de desahucio o una chica que vivía con su familia hacinados en un piso. Sin mesa para estudiar, viviendo con extraños”. Lo cuenta José Miguel Espinosa, profesor de secundaria en un instituto del madrileño barrio de Carabanchel.
“Estos chavales tienen que estudiar, están muy bloqueados, viven en una situación en la que todo el dinero se lo come el alquiler”, cuenta.
El informe de Esade y Cáritas, elaborado en parte con el testimonio de personas que atienden en Cáritas, recoge que “los niños que crecen en condiciones de hacinamiento y falta de privacidad pueden llegar a experimentar problemas de conducta dificultades en el rendimiento escolar y problemas emocionales como ansiedad y depresión”.
Uno de los problemas fundamentales es la dificultad del profesorado para detectar algunos de estos casos. Las chicas y chicos no suelen compartir su situación hasta que es muy difícil o imposible darle una respuesta. La vergüenza y el estigma pesan sobre sus espaldas, como comenta Espinosa.
Este docente cuenta que en ocasiones se enteran porque la madre, después de una evaluación inicial, cuenta que están viviendo subarrendados en una habitación y que les quieren echar o que les están estafando, porque la persona a la que pagan no es la dueña legítima de la vivienda. Recordemos que muchas familias sin recurso y/o de origen migrante lo tienen especialmente difícil para entrar en el mercado de la vivienda en España.
Lucía Delgado explica que en la guía que han editado dan algunas claves para la posible detección de situaciones problemáticas con la vivienda. Entre las posibles señales pueden estar los cambios en la asistencia del alumno, dificultades de concentración, estrés, falta de ropa adecuada y alteraciones en el comportamiento.
Situaciones que pueden verse, por ejemplo, cuando un estudiante acaba viviendo en otra provincia. Espinosa cuenta que conoce casos de estudiantes cuyas familias se han mudado a más de 100 km y cada día acuden a clase en el mismo centro en Madrid.
Espinosa cuenta también que con el Sindicato de Inquilinas se ha organizado un punto en los centros educativos. Cada uno lo lleva a cabo como puede. Con información en un tablón de anuncios sobre recursos a los que las familias tienen acceso, con información en las reuniones iniciales con las familias para que se puedan apoyar en el centro, con docentes referentes a los que chicas y chicos pueden acudir.
Cuando les llega un caso desde Orientación o directamente, si el chaval es mayor, se habla con él. Si no, se habla con la familia para ponerla en contacto con una persona de referencia del Sindicato de Inquilinas. Él y otros compañeros son enlace con el propio sindicato, echan una mano a orientación realizando informes, acompañan a las familias a las asambleas o a servicios sociales. “Casi siempre, madres solas, migrantes, para quienes el idioma es una barrera”. “Es un acompañamiento en el que escuchas a las personas, intentas que no se sientan culpables”.
Lucía Delgado comenta que “las niñas, niños y adolescentes siguen yendo a los coles, porque aun con desahucio, las familias continúa la escolarización porque el centro es un espacio de refugio, lo único que le queda tras el desahucio”.
“La vivienda es el mayor factor de desigualdad. También para niños, explica Delgado, para los que se convierte en un factor de desigualdad brutal. Les impide tener una educación digna y de calidad, como al resto de chicas y chicos”.
Referencias
Protocolo de actuación ante la crisis de vivienda para centros educativos del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Guia actuació dels centres educatius pel dret a l’habitatge, elaborado por Doncents 080 y el Observatori Desca.
Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social, del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade y el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Diocesana de Barcelona
Yo también vivo aquí. Vivienda, pobreza y derechos de la infancia, de Unicef.
