Casi todos los colegios concertados de la Comunidad de Madrid piden dinero a las familias por una enseñanza que se financia con fondos públicos y que la ley define como gratuita. El 96,7 % de los centros analizados solicita una cuota o aportación educativa, con una media de 1.032 euros anuales por alumno y un máximo de 2.450, sin contar comedor, transporte ni extraescolares. Solo cinco colegios, el 3,3 % de la muestra, no piden nada y defienden ante las familias que la educación es gratis y que son «un colegio, no un negocio».
Son datos del XI Estudio de Cuotas de los Colegios Concertados de la Comunidad de Madrid, elaborado por la consultora Garlic B2B por encargo de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) y presentado el pasado 28 de octubre junto a la FAPA Francisco Giner de los Ríos. El trabajo analiza 151 de los 428 centros que componen la población estudiada. Entre marzo y abril, sus investigadores se hicieron pasar por familias que buscaban plaza en el segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2026-2027 y registraron, por teléfono, en visitas y por videollamada, los precios, la documentación entregada y las respuestas de los colegios cuando preguntaban qué ocurriría si no pagaban.
Una aportación «voluntaria» que pocas veces lo es
La normativa no permite cobrar por las enseñanzas concertadas: cualquier aportación debe ser voluntaria y no puede discriminar al alumnado. Sin embargo, de los 146 colegios que piden dinero, el 71,2 % presenta el pago como obligatorio y otro 15,1 % admite que se puede no pagar, pero advierte de que el alumno quedará excluido de determinadas actividades o contenidos. Solo el 13,7 % reconoce una voluntariedad real, sin consecuencias. En el 39 % de los centros que cobran, la voluntariedad no se menciona ni en la conversación ni en la documentación.
Las respuestas recogidas son elocuentes. Hay colegios que avisan de que, si no se paga, habrá que recoger al niño a las 12.30 o que no completará la formación prevista. En el Colegio Aquila, la contestación fue que la elección del centro implica también su proyecto educativo y que, si no, «hay opciones públicas». «Es gravísimo», lamenta Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, para quien estas explicaciones convierten el pago en una condición para participar plenamente. El estudio recoge advertencias comunicadas a las familias, no exclusiones efectivamente observadas.
El informe documenta además que el 36,3 % de los colegios cobra por conceptos que la ley no contempla, como «cuota» o «proyecto educativo», un indicador que no engloba todas las irregularidades detectadas.
También constata actividades complementarias estables dentro del horario escolar, pese a que la LOMLOE lo prohíbe: el 15 % cobra por ellas y, de estos, el 59,1 % las sitúa principalmente entre las 12.00 o 12.30 y las 13.00 o 13.30. «Muchas familias no pueden recoger a sus hijos entre periodos lectivos y no tienen una posibilidad real de elegir que no participen», advierte Elena Cid, directora general de CICAE.
La opacidad completa el cuadro. El índice medio de transparencia se queda en 39,9 puntos sobre 100 y cuatro de cada diez centros no publican de forma completa en su web los precios de actividades y servicios, como les obliga una instrucción de la Comunidad de diciembre de 2023.
Más del doble en los centros mercantiles
La brecha más llamativa es la que separa a los colegios según su titularidad. Los concertados mercantiles piden de media 1.450 euros anuales, más del doble que las entidades sin ánimo de lucro, que se quedan en 680. «Bajo un mismo sistema de financiación pública, hay colegios que no solicitan cuota ni aportación educativa y otros que piden hasta 2.450 euros al año», señala Cid, que se pregunta si los importes más altos responden a necesidades educativas «o a la búsqueda de rentabilidad».
El estudio agrupa los centros en cuatro perfiles. El primero, un 28 % de la muestra, reúne las cuotas más altas, 1.748,40 euros de media: el 90,7 % son mercantiles, casi ocho de cada diez se fundaron después del año 2000 y se concentran en zonas de renta elevada. El segundo, el más numeroso (38 %), mezcla mercantiles y entidades sin ánimo de lucro, pide 865,40 euros y registra la mayor presión al cobro (8,65 sobre 11) y la menor transparencia (23,51 sobre 100). En el extremo opuesto, el cuarto grupo (15 %) solicita 432,80 euros, reconoce siempre la voluntariedad del pago y está formado sobre todo por entidades sin ánimo de lucro en barrios de menor renta.
CICAE interpreta estas diferencias como el avance de un nuevo modelo mercantilizado de concertada. En un análisis propio, al margen del informe, sitúa en el 44 % la titularidad mercantil en Madrid y sostiene que la mayoría de los centros del grupo de cuotas más altas recibió suelo público en concesión o eran privados que accedieron después al concierto. «Nos preocupa la orientación al ánimo de lucro de una enseñanza sostenida con fondos públicos», afirma Cid. Ambas entidades reclaman a la Consejería de Educación que garantice la gratuidad, supervise los cobros y la información a las familias y actúe para que cesen las prácticas ilegales.
Catorce años de conciertos en plena huelga
La política regional apunta en otra dirección. El pasado 22 de octubre, cuando se cumplía la primera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó ampliar la duración de los conciertos educativos de 10 a 14 años, de modo que no se renovarán hasta 2031. La medida afecta, según la Comunidad, a más de 550 centros y unos 350.000 alumnos. Madrid ya era, junto a Baleares, la región con los conciertos más largos.
El Gobierno autonómico defiende que la decisión aporta estabilidad y protege la libertad de elección; las organizaciones de la escuela pública la ven como un nuevo refuerzo de la red concertada mientras los centros públicos reclaman más inversión. Y eso pese a que Madrid es la comunidad que menos dinero dedica por alumno en la concertada y, en la pública, paga prácticamente la mitad que el País Vasco.
En la pública, el contraste alimenta el malestar. El profesorado madrileño es el único del país que no ha recuperado las condiciones previas a los recortes de 2011 y 2012, y desde el 14 de octubre mantiene una huelga indefinida en todas las etapas no universitarias para reclamar menos horas lectivas, ratios más bajas, mejoras salariales, refuerzo de plantillas y más profesionales para atender la diversidad. Como contaba este periódico, se trata de una huelga indefinida fraguada al calor de 15 años de recortes e inacción, cuyas consecuencias se dejan ver en las aulas: más alumnos por clase, más horas lectivas, salarios rezagados y falta de apoyos ante una diversidad creciente. Una de las maestras entrevistadas tenía 26 alumnos en quinto de Primaria, once de ellos con necesidades de apoyo, y contaba con una hora diaria de Pedagogía Terapéutica.
La coincidencia retrata dos prioridades enfrentadas. Mientras los docentes de la pública piden recursos para atender a su alumnado y la negociación con la Consejería sigue bloqueada, el Gobierno regional garantiza cuatro años más de financiación a una red concertada en la que, según el estudio, la mayoría de los centros sigue cobrando a las familias lo que la ley dice que debería ser gratis.
