El día que se cumple la primera semana de la huelga indefinida de la educación pública madrileña, el Ejecutivo autonómico anuncia el cambio del decreto que regula los conciertos educativos.
Madrid es la comunidad (junto a Baleares) en la que estos se prorrogaban durante más tiempo, una década. A partir de ahora, serán de una duración de 14 años y se renovarán en 2031, según la escueta nota hecha pública por la Comunidad de Madrid.
Los años casi ya coinciden con toda la etapa de la educación obligatoria y se extienden hacia abajo y arriba para cubrir dos cursos de educación infantil y de bachillerato. De esta forma, Madrid ya cubrirá la mayor parte de la escolarización en modalidad concertada.
El anuncio llega en medio del conflicto con el profesorado, el estudiantado y parte de las familias de la escuela pública, sometida a fuertes recortes desde 2012 y que continúa manteniendo ratios elevadas, horarios imposibles y los peores salarios de la función pública docente del Estado, a pesar de ser una de las autonomías más ricas.
La medida ya pasó esta primavera por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, aunque el Consejo de Gobierno de la Comunidad acaba de aprobarla para que se modifique el decreto de conciertos.
Según la propia Administración madrileña, los conciertos se desarrollan en 550 centros educativos y llegan a 350.000 estudiantes desde infantil hasta bachillerato. Defiende el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que así se defiende la libertad de elección de las familias.
«Es una vuelta de tuerca más», explica Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. «Algo totalmente innecesario», afirma. Se trata, cree, de «ratificar un posicionamiento muy claro de quienes gobiernan» en relación a la apuesta por la escuela concertada.
La extensión de los conciertos en estos años en Madrid ha supuesto este aumento en el gasto total contra las arcas públicas dedicado a subvencionar plazas privadas, pero en realidad Madrid es la autonomía que menos dinero dedica por alumno en este tipo de centros. También es la que gasta menos por alumno público.
Madrid paga en la pública prácticamente la mitad que País Vasco (la comunidad que más invierte) y un tercio menos que en el caso del alumnado de la concertada.
