La mitad de los estudiantes gitanos están escolarizados en centros donde los chavales de su etnia representan, al menos, el 30% del total. Se da un 13% más de abandono entre el alumnado gitano cuando los centros presentan rasgos de segregación, categorizada a partir de ese 30%. Son cifras que permiten vislumbrar la dimensión de un fenómeno, pero en ningún caso extraer conclusiones definitivas. Los escollos para recoger una muestra representativa han hecho que Myriam López de la Nieta —autora principal del primer análisis pormenorizado sobre esta anomalía española, tan intuida como poco estudiada— haya optado por la prudencia en la interpretación de los resultados. La cautela se extiende al título del informe: Estudio piloto exploratorio sobre la segregación escolar del alumnado gitano. Surge de una iniciativa conjunta entre la Fundación Secretariado Gitano y el Ministerio de Educación. Fue presentado en el Ateneo de Madrid el pasado 19 de septiembre.
El trabajo de campo, realizado en mitad de la pandemia, solo alcanzó a cubrir 138 centros de una muestra inicial prevista cercana a los 600 colegios e institutos de Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Los centros castellanoleoneses fueron, con mucha diferencia, los que más interés mostraron en participar; los catalanes, también por un amplio margen, los que menos.
A pesar de sus limitaciones estadísticas, de la investigación emerge un perfil nítido de escuela donde se segrega a la población escolar gitana: colegio de educación infantil y primaria (CEIP) no bilingüe y con familias de bajo nivel socioeconómico, gitanas o no. En secundaria, el grado de segregación baja, aunque es habitual que el alumnado gitano de un CEIP vaya en bloque, al acabar la primaria, a su IES adscrito, sin contemplar otras opciones. Sobre todo cuanto más alta es la segregación en el CEIP, con el peso del grupo (entre otras razones) probablemente jugando un papel importante en la decisión.
Aunque el informe no disecciona en detalle las correspondencias entre segregación escolar y residencial, sí detecta disonancias y percepciones erróneas. Predomina en muchos casos la idea de que las elevadas concentraciones de niños y niñas gitanas en un centro responden a la demografía del barrio en que se encuentra. Y lo cierto es que la causa tiene, con frecuencia, más que ver con la ausencia de mecanismos eficaces de distribución de este tipo de alumnado entre la oferta educativa disponible.
También con las sutiles armas de persuasión (o disuasión) que muchas veces se esconden tras el trasvase de alumnado con necesidades específicas. Ese lento goteo hacia una escuela concreta de pupilos que otras no quieren, y que acaba conformando un centro gueto. La presentación del estudio arrancó con la proyección de un vídeo que refleja esta realidad, consentida —por acción u omisión— desde las administraciones. Una niña gitana y su familia buscan colegio. En el primero que visitan, el director hace todo lo posible por dejar claro que la niña no va a encajar allí. En el segundo, la directora se muestra receptiva a escolarizarla, pero desde el principio fija para ella bajas expectativas académicas.
Otros factores contribuyen a la guetización étnica, que, como apuntó López de la Nieta, tiende a solaparse —en el caso del alumando gitano— con la estrictamente socioeconómica. Por ejemplo, la mayor prevalencia de incorporaciones fuera del período ordinario de matriculación entre los centros segregados, una dinámica que suele agravar el problema. O la falta de información entre las familias gitanas (que explica, junto a la variedad de criterios de admisión, la mayor segregación en centros públicos respecto a los concertados). También juega un papel importante el conocido como white flight. Una expresión que tiene su origen en las familias blancas que, en EEUU, abandonan las escuelas con demasiado alumnado negro, equivalente a lo que ocurre en España con la dicotomía gitano/payo.
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En cuanto a resultados, siendo en general muy bajos los promedios de titulación en ESO y continuidad tras la enseñanza obligatoria entre la comunidad gitana, el informe apunta tendencias que López de la Nieta animó a seguir analizando, en estudios posteriores, con mayor profundidad. Destacan las mayores probabilidades de continuar estudiando tras la ESO cuando la tasa de alumnado gitano es inferior al 30%, sobre todo cuando la concentración se sitúa en el tramo 0-15%. Curiosamente, en Secundaria, segregación equivale, de media, a algo más de titulación en ESO. Aunque después ningún chaval de esta etnia entre los centros analizados con más de un 30% de alumnado gitano haya alargado su trayectoria en estudios post-obligatorios. Esta paradoja, especulan las autoras, podría explicarse por una bajada de listón general: “Es probable que detrás [de esas mayores tasas de titulación en ESO] esté una adaptación curricular y unos contenidos muy básicos que impidan el paso exitoso a estudios postobligatorios”.
Una situación normalizada
Los asistentes a la presentación del estudio incidieron, casi con unanimidad, en dos valoraciones. La primera, que la segregación de alumnos gitanos contraviene su derecho a la educación. La segunda, que, para atajar el problema con eficacia, hacen falta más datos. “No podemos abordarlo con finura si no conocemos su dimensión”, dijo Fernando Rey, vicepresidente de la Fundación Secretariado Gitano y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. “Aunque quizá el primer problema”, añadió, “es que no se considera un problema, ya que se ha normalizado”.
Carmen Santiago, presidenta de Kamira (una federación estatal de asociaciones de mujeres gitanas) y vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, resumió por qué, en su opinión, segregar colisiona con el derecho a recibir una educación como garante de oportunidades: “Impide el acceso a esa pluralidad que facilita la integración del alumnado gitano, algo básico para mejorar sus resultados”. Santiago sostuvo que nuestro país debe empezar a considerar la educación de los niños y niñas gitanos una cuestión de Estado. Creando, para empezar, un “un plan especial que tenga como objetivo lograr su éxito escolar”. Por su parte, Sara Giménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, subrayó que su organización realiza un incansable trabajo de sensibilización entre las familias gitanas con un objetivo principal: “Convencerlas de que apostar por la educación de sus hijos no implica renunciar a nuestra identidad”.
Siendo la segregación un fenómeno complejo y multicausal, otros expertos alertaron de que siempre resulta más difícil revertir la segregación (desegregar, según el término que se escuchó con frecuencia durante el acto) que prevenirla. En cualquier caso, según apuntó Álvaro Ferrer (que representa a Save the Children en la Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar), la norma en España ha sido, hasta ahora, no hacer ni una cosa ni la otra: “Como mucho se han tomado medidas paliativas”. Al hilo del nuevo enfoque de la Lomloe —que establece un marco conjunto anti-segregación que las CCAA deberán trasladar a sus territorios— Ferrer aseguró que supone un avance, aunque no sea más que un primer paso: “Hay que pasar a la acción con medidas innovadoras, intercambio de experiencias, creación de indicadores comunes que nos permitan saber si vamos en la buena dirección”.
Mientras España va desegregando sus escuelas (repartiendo equitativamente al alumnado gitano y de otras minorías vulnerables), Francisco Javier Murillo, director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, exigió a la administraciones educativas volcarse con los centros segregados: “Hay que dar más apoyo a aquellos que están siendo más solidarios, bajar sus ratios, ofrecer incentivos a su profesorado, reconocer su tarea”. Para él, poner fin a la segregación escolar —en particular la de los “niños gitanos, con los que España está en deuda”— debería ser un objetivo político que trascienda lo puramente educativo: “Es una cuestión de derechos humanos”.
