El Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, presidido por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha aprobado este martes la guía ‘Coordinador o coordinadora de Bienestar y Protección en la Comunidad Escolar’, un documento no vinculante, elaborado por María Ángeles Espinosa Bayal, del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con las comunidades autónomas, y que recoge las pautas orientativas para la correcta implantación del coordinador de bienestar en los centros educativos, así como sus funciones y formación.
La presentación se enmarca en un contexto de desconcierto en el seno de la comunidad educativa como consecuencia de la gran cantidad de dudas existente en torno a la puesta en marcha de esta nueva figura, orientada a la prevención y detección de casos de acoso para la mejora de la convivencia en los centros y que ha comenzado a ejercer sus funciones bajo el paraguas de la Lomloe y la Ley de Protección de la Infancia (LOPIVI).
Tras calificar la implantación del coordinador de bienestar de “prioridad absoluta para el Gobierno” fruto del planchazo emocional que supuso la pandemia del coronavirus, Alegría ha aprovechado su intervención para agradecer el trabajo de los miembros que configuran el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en pos del cuidado de la salud mental y el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. Además, la ministra ha destacado la importancia de “crear un entorno escolar seguro, tranquilizador, motivador e integrador para nuestros jóvenes” como “base de una educación enriquecedora y una sociedad mejor”.
El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y la subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, Purificación Llaquet, han desgranado las claves de una guía “de máximos” que apuesta por la formación docente como pilar fundamental. Para ello se articulan tres niveles formativos. “En primer lugar, una formación básica en materia de bienestar y protección con la que deberían contar todos los adultos próximos al menor, en la medida en que son responsables de su bienestar emocional. La segunda fase consiste en una formación habilitante, orientada más bien a la planificación de las actuaciones y la gestión de las incidencias. Finalmente, un tercer nivel, más específico y orientado a la intervención, para el cual el profesorado recibirá una formación continuada”, ha explicado Llaquet.
Coordinador de bienestar: otra oportunidad que puede quedar deliberadamente perdida
Más allá de la cuestión formativa, la guía pone el foco en la prevención, a través de labores de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa, y la detección temprana de las situaciones de violencia y acoso. En palabras de Bar, para ser exitosa, “esta acción debe ejecutarse de manera sistémica” de forma que, al margen de la labor del profesorado, “implique a los equipos directivos, el personal no docente, las familias y el propio alumnado, así como a otros agentes externos, servicios sociales, sanitarios o los cuerpos y fuerzas de seguridad”.
En cuanto a los requisitos de esta figura, uno de los aspectos más discutidos por la comunidad educativa, el documento destaca la experiencia y la formación de la persona en materia de prevención y de intervención, la antigüedad en el centro educativo, la estabilidad en el puesto y la coordinación con el equipo directivo. “Nos encontramos en un momento incipiente. Trabajamos en guías, en protocolos, en indicaciones… Sin invadir las competencias de las comunidades, se trata de unificar las formas de abordar la cuestión. Es normal que haya discrepancias y circunstancias distintas porque lo estamos poniendo en marcha ahora”, ha reconocido Bar.
Convivencia en la red
El Pleno del Observatorio ha aprobado también un segundo texto, titulado ‘Recomendaciones para Trabajar la Ciberconvivencia en los Centros Educativos’. Se trata de otra guía “formulada en positivo” por el Grupo de Ciberconvivencia del propio Observatorio y coordinada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). El documento recoge múltiples recomendaciones que aspiran a mejorar la ciberconvivencia en los centros a raíz de la utilización cada vez más precoz de dispositivos móviles y redes sociales por parte del alumnado.
Incluye protocolos ante las problemáticas relacionadas con el uso de Internet, centrándose fundamentalmente en la formación del profesorado, alumnado y familias, en materia de detección y gestión de posibles conflictos. “No se trata de espiar a los alumnos, pero el docente debe estar vigilante ante el uso que estos puedan hacer de Internet y las redes sociales”, ha aclarado Llaquet. Ambos documentos, estarán disponibles para su consulta en los próximos días a través de la página web del Ministerio.
Durante la sesión, el pleno ha repasado las últimas actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de convivencia, como la puesta en marcha del Programa de Cooperación Territorial de Bienestar emocional en el ámbito educativo, dotado con una partida de hasta cinco millones de euros, la convocatoria del ‘Concurso Nacional de Buenas Prácticas’ que aspira fomentar la convivencia en los centros, la celebración del VII Congreso Estatal de la Convivencia en Logroño, la recopilación de recursos a través de la web del propio Ministerio o la convocatoria de cursos tutorizados para profesores sobre convivencia positiva.
El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar es un organismo interministerial formado por representantes de las instituciones educativas, sindicatos y comunidades autónomas con el objetivo de último de impulsar el grado de bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. Aunque este organismo ve la luz en el año 2007, permanece varios inactivo y no es hasta el inicio de la pandemia que, junto a la mayor concienciación social sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional, comienza a obtener verdadera relevancia. En él se integran, además del Ministerio de Educación y Formación Profesional, las comunidades autónomas, los principales sindicatos de la enseñanza, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres, confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos y organizaciones empresariales, entre otros actores.
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El acoso en cifras
El pasado tres de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. De acuerdo con el informe ‘Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades’, presentado por UNICEF España en noviembre de 2021, uno de cada tres adolescentes son víctima de bullying. Del mismo modo, dos de cada diez experimentan este acoso a través de Internet, especialmente en las redes sociales. Pese a los altos índices de acoso que presenta la ONG, poco más del tres por ciento de los adolescentes reconoce estar sufriendo bullying. Es por ello que UNICEF ha puesto nuevamente de relevancia “la importancia del coordinador de bienestar y protección como una figura clave para prevenir y detectar la violencia” en el ámbito escolar.
Desde la ONG se apunta también al incremento en las tasas de depresión y suicidio frente a situaciones de acoso. “Los niveles de bienestar emocional, integración social y satisfacción con la vida son sensiblemente menores entre quienes sufren acoso escolar. Las tasas de depresión grave llegan a multiplicarse por cinco si se compara con los no implicados, y las de ideación suicida por cuatro. En más de la mitad de los casos la situación de acoso se prolonga meses, o incluso más de un año”, concluyen.