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Distintos diagnósticos sobre la educación en América Latina y el Caribe desde tiempo atrás exponen, con relativa claridad, los problemas y causas que tienen a la región continental en un marasmo: progresos lentos, estancamientos prolongados y financiamiento insuficiente. Desechadas las generalizaciones por las historias, singularidades y comportamientos gubernamentales, es posible dibujar en trazos amplios los desafíos que encaran los sistemas escolares. Era así antes de la pandemia por Covid-19; después, el escenario se pintó de colores más angustiosos lastimando las pretensiones de mejora.
El documento más reciente que conocemos ratifica presentes y perspectivas. Se llama “La urgencia de la recuperación educativa en América Latina y el Caribe”, preparado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y su Oficina Regional Multisectorial con sede en Santiago de Chile. Fue analizado en la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe en enero pasado, en la capital chilena. Su propósito: ofrecer insumos para la construcción de acuerdos que garanticen el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4).
Es un reporte breve y sólido, coordinado por un equipo liderado por Axel Rivas, Claudio Frites y Martín Scasso. Se organiza en tres capítulos: tendencias educativas en la región, tendencias de política educativa y conclusiones. Considera como marco de referencia conceptual y metodológico el marco de monitoreo del ODS4, con sus 12 indicadores globales para 7 metas y 32 indicadores temáticos.
Más allá de voluntades e intenciones, las conclusiones dejan pocos motivos para el optimismo. La pandemia, que cerró parcial o totalmente las escuelas en la región durante 62 semanas, profundizó desigualdades y ralentizó avances en la incorporación de más estudiantes a los sistemas escolares, lo que se califica como: “un retroceso en las principales variables educativas, en magnitudes aún difíciles de dimensionar”. La expresión estremece: los efectos del estancamiento son incalculables y durarán mucho tiempo, advierten los redactores.
A partir del monitoreo de tendencias educativas, sus impactos y las políticas instrumentadas por los países, se organizan en cuatro bloques: acceso y finalización de preprimaria, primaria y secundaria; aprendizajes de los estudiantes; desafíos de la equidad en el acceso a la educación y financiamiento. Las coordenadas para trazar un itinerario que recupere aprendizajes, reoriente sistemas escolares y establezca condiciones para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, deben resolver estos núcleos problemáticos.
Acceso y finalización de la educación básica
Durante la pandemia hubo una caída en las tasas de asistencia en todos los niveles, principalmente en el 2020 y en preprimaria. Pero la magnitud del colapso es una incógnita. Después de la vuelta a clases, los datos mostraron una recuperación y se alcanzaron magnitudes similares a la prepandemia en primaria y secundaria, un escenario positivo, pero pudo expandirse aún más la matrícula. Por otro lado, la tasa de asistencia no es un indicador confiable, porque estar inscrito durante el confinamiento escondió realidades y no garantizó continuidad pedagógica.
No obstante la recuperación en el ingreso, no está asegurada la universalidad de la primaria y secundaria en la región; es dramático que una tercera parte de los adolescentes no terminan la “secundaria alta”, más crítico en el caso de los varones.
En resumen, los estancamientos harán improbable cumplir el ODS4, que establece una base mínima de once o doce años de escolarización para afirmar el cumplimiento del derecho a la educación.
Logros de aprendizaje
Los aprendizajes eran bajos antes de la pandemia, de acuerdo con las pruebas ERCE 2019 (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) y PISA 2018. Después, las evaluaciones estandarizadas (sin ser comparables) observan “caídas importantes” en los aprendizaje y aumento de las desigualdades. PISA 2022 muestra un escenario similar a 2018, aunque se esperaban resultados peores. Sin embargo, recomienda “escapar de lecturas lineales y las interpretaciones rápidas”.
El incremento de la desigualdad en aprendizajes es notorio: los pobres, habitantes de zonas rurales e indígenas son los desfavorecidos. A cambio, se avanzó en el desarrollo de sistemas de alerta temprana y una serie de iniciativas en distintos campos, como la preparación socioemocional de estudiantes y profesores, currículum, formación docente y nuevas políticas de evaluación, todas con diversas propuestas, énfasis y olvidos. En este sentido, destaca el papel secundario que ocuparon los docentes, quienes de nuevo no estuvieron en el centro de la agenda política: “el replanteo integral de la carrera docente” es un desafío abierto, afirma el documento.
Pese a las acciones, otra nota comparte la región: “pocos países” desarrollaron un enfoque integral con un plan de acciones que aborde la emergencia educativa de la pérdida de aprendizajes por el confinamiento.
Desafíos de la equidad
Millones de estudiantes excluidos y otros desvinculados de las estrategias de enseñanza remota se tradujeron en resultados que incrementaron desigualdades en aprendizajes, pero también en la salud y bienestar de maestros y estudiantes. Las pérdidas fueron desiguales.
Los años confinados profundizaron brechas en el avance hacia la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, por las maneras en que se enfrentaron y por las diferencias de origen. Por eso, los autores sostienen la necesidad de una estrategia de recuperación urgente, que no signifique volver a lo mismo.
En el análisis de varios países, los datos de la tasa de asistencia por quintiles de ingreso muestra el efecto de las diferencias per cápita. Poblaciones rurales, indígenas y pobres permanecen excluidos.
Financiamiento educativo
El sector educativo encaró la pandemia sin recursos adicionales. La conclusión en esta tendencia inquieta: no fue prioridad asignar fondos suplementarios, como demuestran con el análisis de gasto con respecto al Producto Interior Bruto o al porcentaje del gasto público total; este último, descendió de 14.9 % en 2019 a 12.9 % en 2022.
El problema no nació en la pandemia: el gasto educativo como porcentaje del gasto social “viene descendiendo sostenidamente en los últimos cinco años”. De 22 países analizados, 9 no alcanzaron los dos umbrales mínimos de financiamiento sugeridos en el Marco de Acción para la Educación 2030: 4 % del PIB y 15 % del gasto público total.
Los desafíos de la gobernanza y la asignación de recursos aparecen como estratégicos, especialmente en contextos de discontinuidad, polarización política y limitaciones presupuestales.
En el segundo capítulo se exponen las tendencias en las políticas, que los autores agrupan en 4 ejes: políticas de revinculación, para la mejora de los aprendizajes, para fortalecer la docencia y para la gobernanza y coordinación de políticas educativas. Es un repertorio de acciones con grados heterogéneos de estructuración, unas emergentes, otras institucionalizadas tiempo atrás, pocas como parte de proyectos nacionales de transformación profunda. Insuficientes, en la mayoría de los casos, ante el desafío de acelerar al tren del avance pedagógico.
El panorama expuesto, más el des-interés de los gobiernos, causa y consecuencia, invitan a hipotetizar que la región latinoamericana y caribeña está empeñando su presente y futuro, condenando a una educación con desiguales calidades, excluyente, que será más pobre, entre más pobres sean sus destinatarios. Como siempre, con y sin pandemia.
