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La comunidad educativa valenciana se ha situado estas últimas semanas en el centro de la actualidad informativa a cuenta de la consulta que la Conselleria de Educación ha impulsado para saber en qué lengua quiere cada familia que estudien sus hijos o hijas. El jueves pasado se hicieron públicos los resultados, con un desenlace que bien se podría calificar de empate técnico: el 50,5% de las familias optaron por la opción del valenciano; por un 49,5% que se decantó por el castellano.
“Las familias han apostado por un sistema equilibrado y de convivencia”, manifestó el titular de Educación, José Antonio Rovira, durante la rueda de prensa de presentación de resultados. El conseller también recordó que la realización de esta consulta era una promesa electoral que el Partido Popular llevaba en el programa con el que se presentó a las elecciones de mayo de 2023.
Son varias las consideraciones que al respecto del planteamiento de estas elecciones y sus resultados se pueden hacer. Vamos con algunas de ellas.
¡Libertad, libertad!
La consulta que se ha realizado entre los días 25 de febrero y el 4 de marzo tiene su amparo legal en la Ley de libertad educativa que Partido Popular y Vox aprobaron en las Cortes Valencianas el pasado verano. Respondía, efectivamente, al mantra que ambos partidos -con diferentes intensidades y matices- habían reiterado en campaña electoral, según el cual en la Comunidad Valenciana se vivía, en tiempos del gobierno progresista, en una supuesta “dictadura lingüística” en las escuelas.
Al hilo de este planteamiento, y en contraposición a esta idea, la Conselleria se parapetaba tras la manida apelación a la libertad individual de las familias, un planteamiento que se acomoda a la perfección a la corriente de pensamiento ultraliberal que recorre el mundo occidental: frente a le intervención estatal, la libertad individual.
La mentira de la dictadura lingüística
Durante la anterior etapa del gobierno progresista -el llamado gobierno del Botánico-, se aprobó la Ley de Plurilingüismo. Dicha legislación estipulaba que en todas las escuelas se tenía que impartir un mínimo del 25% de contenidos en valenciano y un 25% en castellano. Además, establecía un sistema de incentivos para promocionar el valenciano.
Se perseguía de este modo promover un modelo más inclusivo, que evitara lo que venía siendo habitual: que en determinadas zonas del territorio (especialmente las meridionales y las zonas de dominio lingüístico castellano) tan solo se estudiara la asignatura de valenciano.
Dicha Ley de Plurilingüismo dejaba en manos de los consejos escolares, órganos institucionalmente reconocidos y en los que participan familias, equipo directivo y profesorado, la elección de los porcentajes, que quedaban plasmados en el Programa Lingüístico del Centro.
En la presentación de resultados de participación, José Antonio Rovira, titular de Educación y, por tanto, de quién se espera la defensa de la escuela, defendió la ilegitimidad de los consejos escolares para dicho acometido. Frente a los órganos colegiados, la libertad individual.
El proceso
La consulta se llevó a cabo de forma telemática desde el día 25 de febrero hasta el 4 de marzo. La Conselleria puso en marcha una campaña informativa dos semanas antes que, sin embargo, no ha conseguido permear en las familias, a tenor de los datos de participación: cuatro de cada diez familias no participaron en la consulta. El proceso de votación no resultaba sencillo para aquellas que no tuvieran conocimientos telemáticos y, si bien la normativa establecía que las escuelas habían de habilitar métodos para que dichas familias hicieran uso de su derecho a la participación, muchas han optado por abstenerse.
Al margen de esto, las federaciones de asociaciones de familias de alumnos se han quejado de múltiples problemas técnicos sobrevenidos a lo largo del proceso de votación, así como enunciados equívocos.
En no pocas escuelas, el proceso ha generado una tensión innecesaria entre los miembros de la comunidad educativa, ya sea entre las familias o entre las familias y los equipos docentes y directivos. En definitiva, ha enrarecido el ambiente y el clima de convivencia.
Una lengua en regresión
La Comunidad Valenciana tiene dos lenguas oficiales: el castellano y el valenciano, que es reconocida como “lengua propia” en el Estatuto de Autonomía, aprobado en el año 1982. A pesar del amparo legal que supuso la consecución del estado de las autonomías, el valenciano, como el resto de lenguas cooficiales de España vive un proceso constante de minorización social.
Los datos, procedentes de la Encuesta de Usos y Conocimiento que hace la propia Generalitat, son aplastantes. En el año 1992, el 43,4% de la población tenía el valenciano como lengua de uso en casa. El 2021, fecha de la última encuesta, este porcentaje se había reducido al 19,5%. Los usos también han caído de forma paralela en la relación con las amistades y en el espacio público.
Varias con las causas que explican este retroceso. El cambio demográfico derivado de la llegada de inmigrantes es uno, pero no el más importante. No se deberían perder de vista otros dos fenómenos: el primero es el proceso de globalización, que tiende a reforzar la hegemonía lingüística de las lenguas con muchos hablantes. En la esfera económica, en el espacio comercial, en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales -fundamentales en las cohortes de población más jóvenes- el valenciano (y, por extensión, el catalán) tiene una posición absolutamente residual.
El segundo factor que ha contribuido a la regresión de la lengua tiene que ver con la historia reciente de la Comunidad Valenciana y el hecho de que la derecha política y mediática haya situado al valenciano y su normalización en una posición de conflicto. Ello ha contribuido al desapego por el idioma de partes significativas de la población, muy especialmente en el ámbito urbano
Una neutralidad engañosa
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana estipula, por un lado, en el punto 3 del artículo 6 que la Generalitat “adoptará las medidas necesarias para asegurar el conocimiento” del idioma por parte de la población. A continuación, en el punto 5 del mismo artículo establece: “Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano”.
Lo que dice la carta magna de los valencianos y las valencianas casa mal con la postura que la Conselleria de Educación ha mantenido a lo largo de la preparación y el proceso de votación. La administración, según el criterio de la Generalitat, tenía que ser “neutral”. Ha evitado, por tanto -y haciendo gala de ello-, articular medidas de promoción de la lengua propia, tal y como viene obligada por lo que marca el Estatuto. En una situación de minorización como la anteriormente descrita, no es difícil concluir que la “neutralidad” de la administración contribuye a la regresión del valenciano. De hecho, sin la contundente movilización de la sociedad civil, el resultado para el valenciano habría sido mucho peor.
Los resultados
Los resultados de la consulta permiten, también, múltiples lecturas. En primer lugar, una territorial. Los resultados son dispares por provincias y también muy diferentes por ámbitos urbanos y no urbanos. Por provincias, las cifras muestran como es en las comarcas más al sud de la Comunidad Valenciana dónde el desapego por la lengua es más fuerte. El 66% de las familias de la provincia prefieren que sus hijos estudien en castellano. En la provincia de Valencia, la situación es más equilibrada, con un 58% a favor del valenciano. Castellón es la que presenta un resultado más positivo para el idioma: un 66% quiere que sus hijos e hijas estudien en la lengua propia.
Las grandes ciudades -las más numerosas por población-, por otro lado, es dónde más tirón pierde el valenciano. A Valencia ciudad la proporción es del 64% al 36% a favor del castellano. En Alicante, el 83% del alumnado opta por castellano.
La segunda lectura es la que tiene que ver con la titularidad de los centros educativos. Lo que los datos muestran es que los centros concertados -por tanto, sostenidos con dinero público- son un agujero negro para la lengua. El análisis de datos muestra que solo el 30% de las familias de escuelas concertadas optan por el valenciano. En cambio, el porcentaje es de casi el 60% en el caso del sistema público. Cabe preguntarse hasta qué punto tiene sentido financiar con dinero público centros que no contribuyen a la normalización del idioma.
Porque aquí viene otro punto que necesariamente ha de ser remarcado: lo que la experiencia nos muestra es que, en el contexto de progresiva castellanización de la sociedad, únicamente los chavales que estudian en valenciano adquieren, al acabar el proceso de escolarización, competencias lingüísticas homologables en castellano y valenciano.
No se conoce ni un solo caso -por mucho que algunos intenten hacer creer lo contrario- de alumno valencianohablante que no sepa expresarse en castellano con la misma solvencia que en valenciano. No se puede decir lo mismo en el sentido contrario.
En conclusión, es razonable preguntarse por la necesidad de esta consulta promovida por la administración valenciana. La anterior Ley de Plurilingüismo no era la panacea en términos de normalización lingüística (no hay que olvidar que los tribunales cercenaron su aspiración primera en términos de normalización), pero al menos tenía el bienintencionado objetivo de promover el valenciano allí donde tenía una posición residual.
La ley aprobada por PP y Vox consagra un modelo de segregación que, con el pretexto de la libertad individual de las familias, condena a amplias capas de la población a no tener las competencias lingüísticas básicas en la lengua histórica de los valencianos. En definitiva, un modelo que empobrece lingüística y culturalmente a muchas generaciones futuras y perjudica de forma severa la vitalidad y viabilidad de una lengua que es, también y sobre todo, un patrimonio único.
La votación que promovieron PP y Vox sobre qué lengua se usará en cada centro educativo termina con la ‘victoria’ del valenciano por la mínima, 50,5 % a favor.
