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Esta semana se ha celebrado una votación para la elección de la lengua base en los centros educativos de toda la comunidad valenciana. En la votación las familias elegían en qué lengua base se estudiará en el curso de sus hijos e hijas. Algunas familias no han tenido derecho a voto, son las familias que tienen a sus hijos matriculados en modalidad de Unidad específica en centro ordinario o en Centro de Educación Especial, es decir, cuyos hijos tienen discapacidad.
Esta votación tiene importantes implicaciones educativas relacionadas con el aprendizaje de las lenguas, del valenciano y el castellano sobre todo. Esto ha sido lo que más polémica ha traído en los medios de comunicación y se han puesto demandas a la ley. Pero no se ha hablado nada de lo que supone en términos de discriminación y exclusión del alumnado más vulnerable.
En primer lugar, la ley directamente segrega i excluye de la consulta a las familias de alumnado con Necesidades Educativas Especiales escolarizados en aulas UECO y en centros específicos. La argumentación de la ley dice que estas familias no es necesario que voten por que elegirán de forma individual. Esto que parece un trato preferente, en el que tener en cuenta sus características y necesidades por tener discapacidad, en realidad es una exclusión en toda regla, en la que se les niega a estas familias la capacidad de decidir qué lengua basé habrá en el grupo clase al que pertenecen sus hijos.
Voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda en qué medida esta ley es discriminatoria: un alumno con una modalidad de escolarización UECO (Unidad específica en centro ordinario). Este niño pasa un 30% del tiempo en el aula UECO y un 70% del tiempo en su aula ordinaria de 3ºB. La familia de este niño no puede votar, lo que prevé la ley es que comunicará al centro individualmente en qué lengua quiere que reciba la escolaridad, pero no puede participar en la votación, con lo cual, no decide ni en qué lengua base se va a educar el 30% del tiempo en el aula UECO, ( allí cada niño o niña habrá elegido una, pero son un único grupo que trabaja conjuntamente), pero tampoco habrá participado de la elección del aula ordinaria en la que pasa el 70% del tiempo.
Es grave que la ley presuponga que en las aulas cuando se habla en gran grupo o pequeño grupo, realmente el profesorado no se dirige a este alumnado, que están allí, pero como si no estuvieran, según parece sólo “existen” cuando hay una atención individualizada en la lengua que ha elegido su familia. Nada más lejos del derecho a la educación inclusiva, en el que los centros educativos y las aulas deben romper las barreras para el acceso, el aprendizaje y la participación, y trabajar para hacer accesible la experiencia en la escuela a todo el alumnado con todos los medios a su alcance, es decir, cuando se da una clase, en la lengua base que sea, existe la obligación de amplificar el mensaje por diferentes medios para llegar a todos y todas y que el alumnado con discapacidad sea «uno más».
Por otra parte, hay otro presupuesto paternalista y discriminatorio en el texto de la ley: » el alumnado que presente necesidades educativas especiales, escolarizado en centros de educación especial o en unidades específicas en centros ordinarios, será partícipe en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la lengua cooficial que sea habitual en su ámbito familiar, o en su defecto, en aquella lengua co-oficial en que disponga de un mayor dominio, de acuerdo con la elección de sus representantes legales. En consecuencia, los representantes legales de dicho alumnado comunicarán al centro docente de forma individual la lengua de elección y no deberán participar en la consulta”.
Como se puede leer, la elección individual que pueda hacer la familia debe estar supeditada a la que sea habitual en el ámbito familiar o en la que disponga mayor dominio, dando por hecho que la familia de este alumnado no puede tener la voluntad de que su hijo o hija se eduque y domine las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad, que si ellos son de origen migrante renuncien a que su hijo o hija aprenda Valenciano y pueda estar más incluido en la sociedad Valenciana. En las aulas UECO y en los Centros de Educación Especial hay alumnado muy diverso, es cierto que a una parte de este alumnado se recomienda pedagógicamente hablarle en su lengua materna, pero también tenemos alumnado que domina varios idiomas, con esta ley se está haciendo “tábula rasa”, como si no importara la inclusión social que puede obtener este alumnado al educarse en una de nuestras lenguas co-oficiales.
En tercer lugar, es excluyente por que vuelve a establecer las dos líneas (Castellano y Valenciano) que había antes en nuestra comunidad; estas líneas en las que se segrega al alumnado según sea la lengua de elección de las familias sabemos que termina siendo un gran problema para la inclusión del alumnado de hijos de migrantes i el alumnado racializado. En la gran parte de los colegios que tenían dos líneas, terminaba habiendo un grupo muy reducido de alumnado en la línea en castellano, con un nivel de competencia curricular más bajo y con muchos «repetidores» y otro grupo muy numeroso con el resto de alumnado, cuyas familias, hablaran el idioma que hablaran en casa, los matriculaban en Valenciano para huir de la segregación que suponía la línea en castellano.
El viento antidemocrático que arrecia en la generalitat también ha golpeado a las personas con discapacidad.
