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El problema no son solo las políticas educativas y universitarias de PP-VOX. El problema añadido, y más sangrante aún si cabe, es la permisividad y la complicidad del PSOE, que lo consiente, haciendo oídos sordos de las demandas de la comunidad educativa, universitaria y de la propia conferencia de rectores y rectoras de las universidades públicas.
El último informe de la Federación de Educación del Sindicato Comisiones Obreras, sobre el sistema universitario, muestra a las claras que las comunidades autónomas avanzan en el fomento de las universidades privadas a costa de la pública. No solo en las gobernadas por el PP, o PP con VOX, sino en aquellas gobernadas también por el PSOE.
Es más, se denuncia que se está apostando por un modelo de universidad-chiringuito como “oportunidad de negocio, favoreciendo el crecimiento incontrolado e injustificado de universidades privadas”, cuyo interés es el afán de lucro. Un modelo universitario que no sólo no garantiza la igualdad efectiva de oportunidades, sino que acrecienta las desigualdades sociales y que impulsa la división y el afianzamiento de “las dos Españas”: la de los cayetanos y borbones, que quieren y pueden pagarse una educación separada del resto de la población, y la de la clase trabajadora que va a la pública, a la que las comunidades autónomas están estrangulando financieramente y deteriorando progresivamente.
Lo trágico es que nos lamentaremos tarde. Como en los años 30, en Alemania. Nos volveremos a preguntar, de nuevo: ¿cómo no lo vimos venir?, ¿cómo no vimos venir el crecimiento del nazismo en la República de Weimar? Como ahora se está permitiendo la barbarie del genocidio en Gaza. Como ahora se está permitiendo la barbarie del saqueo de las arcas públicas, no solo con la connivencia con la corrupción, sino con la impunidad que permite que la banca no devuelva ni un euro de los 140.000 millones con la que se la rescató o la barbarie del rearme y el recorte de lo público.
El problema, insisto, no es solamente lo que hace la derecha y la extrema derecha, sino la complicidad de la socialdemocracia que ha acabado comprando parte del marco ideológico y político del neofascismo: especialmente en temas securitarios (rearme al servicio de USA) y migratorios (ley de extranjería). Pero también en educación: crecimiento de la financiación pública de los conciertos educativos, mantenimiento de la religión en la escuela, privatización de la educación superior y la formación profesional, etc.
La socialdemocracia está jugando al juego que más le gusta: gestionar el capitalismo. Llámese de rostro humano, o tercera vía. El caso es que acaba imponiendo las reglas del capitalismo a la clase trabajadora y extiende el mantra de que no hay alternativa posible. Que lo que hay que hacer es minimizar la barbarie, en todo caso. Hacer declaraciones, pero no acciones.
Mientras, el neofascismo ya no se esconde, ya no es marginal, saca pecho y determina la agenda pública. De esta forma se va asentando progresivamente y ocupa el centro del escenario político, mediático y social. En el ámbito político, que lo ha blanqueado como una opción más, donde no solo se gobierna con él o se apoya en él para gobernar, sino que se tolera sus insultos, provocaciones, violencia, discurso de odio e incitaciones a golpes de estado en las instituciones democráticas (ya lo decían los clásicos: corroerán la democracia en nombre de la propia democracia). En el ámbito mediático, donde se le invita a las tertulias y análisis, se les da espacio y voz, se les jalea en su agenda de provocación constante, se les trata como “una opción más”. En el ámbito social que es respaldado por una parte de la población que está dispuesta a abandonar la democracia: uno de cada cuatro jóvenes varones de entre 18 y 26 años, los bautizados como generación Z, considera que “en algunas circunstancias”, el autoritarismo puede ser preferible al sistema democrático, mientras que el 18,3% de ellos elegiría una dictadura, según la última encuesta de 40dB para El País y la SER.
El aumento de los conciertos educativos, en vez de su progresiva supresión. El aumento de la financiación pública a aquellos centros privados concertados que “segreguen algo menos” de lo que hacen habitualmente, en vez de suprimirles la financiación pública de forma inmediata ante el incumplimiento de los requisitos para dicha financiación. La permisividad con la dación de suelo público para construir centros privados, que luego se conciertan. La complicidad con los cheques escolares para financiar la educación infantil privada. El estrangulamiento de la financiación pública de los centros educativos. La no reducción de la ratio escolar, impidiendo una inclusión educativa real. La reducción y precarización de las plantillas docentes en la escuela pública. La no climatización de los centros públicos. ¿Quieren que siga? Porque es un largo etcétera.
Lo sorprendente, de hecho, es que todo el mundo sabe cómo se arregla esto, al menos en buena parte: financiar la educación pública en vez de financiar el rearme de la privada y dejar de financiar la compra de más armas a Estados Unidos para sacarles de su recensión. Recuperar el rescate que se dio a los bancos. Evitar de forma efectiva los paraísos fiscales. Imponer un salario tope. Establecer impuestos del 50% a las grandes fortunas, como en otros países capitalistas. Dejar de financiar a la monarquía corrupta. Dejar de financiar a la iglesia católica. Etc., etc.
¡Ojo!, que todas estas son medidas socialdemócratas. Dentro del modelo de gestión del capitalismo. Que nadie ha hablado todavía de la toma de los medios de producción. Ni de la revolución. Solo de voluntad política dentro del capitalismo. De aplicar simplemente las medidas que la socialdemocracia proclama en sus programas y cuando llama a votar. Y que incumple sistemáticamente cuando llega al gobierno.
Esta es una de las razones clave que les da “credibilidad” a la derecha y a la extrema derecha: porque cuando la derecha y a la extrema derecha llegan al gobierno aplican realmente lo que proclaman, aunque sea a sangre y fuego (que para eso tienen el aparato policial y judicial, que son de su equipo), sin complejos: rescates bancarios, bajada de impuestos a las grandes fortunas, privatización de lo público, recorte de lo social, etc., etc. Véase ejemplos como Milei, Trump, Bukele, Bolsonaro, Meloni, Orban, Rajoy, Aznar, las comunidades autónomas gobernadas por PP-VOX, etc., etc.
Lo trágico (la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa) es que cuando gobierna la socialdemocracia no hay aplicación real del programa prometido. Lo que comprobamos una y otra vez es la traición de los principios y postulados defendidos cuando era oposición. Por eso ya a casi nadie sorprende el demoledor informe de la Federación de Educación de CCOO sobre la actual estrategia de privatización de la universidad pública que se está llevando a cabo en todo el Estado con total impunidad por parte de los diferentes gobiernos:
“esta estrategia pasa, necesariamente, por el cuestionamiento de la universidad pública por diversas vías. Aunque la herramienta principal es la infrafinanciación, estamos asistiendo a la puesta en marcha de nuevas medidas de fomento de la universidad privada. Más allá de la entrada en funcionamiento de cinco nuevas universidades privadas en el curso 2025/2026 y del incremento constante de nuevas solicitudes de autorización y funcionamiento de universidades privadas (en Andalucía, Madrid, Extremadura, Galicia, Aragón, Baleares, Asturias, etc.), en estos días entramos en una nueva fase en la que directamente se favorece de manera expresa y tangible a las universidades privadas en detrimento de la públicas. Ejemplo de esta política es la intención del Parlamento de La Rioja de permitir a la UNIR, universidad privada a distancia, impartir clases presenciales y semipresenciales. Es muy probable que termine impartiendo docencia presencial en Medicina, Enfermería, los grados en Educación Infantil y Educación Primaria o el máster de profesorado, titulaciones que, excepto Medicina, ya se están ofertando en la Universidad pública de la Rioja. Es decir, se autoriza a una universidad a distancia a impartir docencia presencial en las titulaciones con un mayor impacto de negocio en detrimento de la universidad pública. Pero el ejemplo más claro del desmantelamiento de la universidad pública en favor de la privada lo vivimos estos días en Andalucía, donde:
- En la elaboración del mapa de titulaciones 2025-2029 se inadmitieron títulos como el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte propuesto por la Universidad de Córdoba, alegando “baja empleabilidad específica”. Sin embargo, este grado sí se incluyó en el nuevo mapa para su impartición por la Universidad CEU Fernando III. Es decir, el criterio de una mayor o menor empleabilidad sólo se considera si la solicitante es una universidad pública.
- Se propone la autorización de hasta 34 nuevos títulos a las universidades privadas (Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía), cuando la mayoría ya se imparten en universidades públicas con un número más que suficiente de plazas. Al mismo tiempo, se rechazan propuestas de las universidades públicas:
- La Universidad de Granada no ve autorizados los títulos del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud (conjunto con la Universidad de Almería).
- Se rechaza un programa de doctorado en Arquitectura que implica a tres universidades públicas (Sevilla, Granada y Málaga).
- Se niega la puesta en marcha de grados universitarios en universidades públicas (Jaén y Granada), como es el Grado en Ingeniería Biomédica, al tiempo que se autorizan esa misma titulación a universidades privadas (La Loyola de Andalucía) sin recorrido en el ámbito de las ciencias de la salud y con informes que evidencian claras deficiencias en la propuesta presentada.
Esto se une a lo que ya está pasando desde hace tiempo en otros territorios, como Madrid, donde cualquier propuesta de universidad privada es aceptada, mientras las universidades públicas padecen una situación de inestabilidad debido a unos presupuestos insuficientes.
En Castilla y León hay más universidades privadas que públicas, cinco frente a cuatro, y el número de alumnos matriculados ha crecido más del 50 % en las privadas mientras que se ha estancado en las públicas. A esta situación debemos sumar una insuficiente financiación de las universidades públicas por parte de la Junta de Castilla y León”.
En definitiva, la Educación Superior solo puede ser pública si queremos una universidad al servicio del bien común y no regida por el afán de lucro de los accionistas que miran por sus intereses. Mantener universidades privadas supone asumir que el capitalismo, el lucro, la usura, las relaciones comerciales y la extracción de beneficio pueden regir la ciencia, el conocimiento y la formación propia de la educación superior. Algo que contradice abiertamente el sentido básico de la Educación Superior como un derecho esencial.
