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Desde hace aproximadamente 15 años. Desde entonces se calcula que la universidad madrileña está en situación de infrafinanciación. Una situación que en los últimos dos años ha llegado al punto de que la Complutense, la mayor universidad del país, haya tenido que pedir a la Comunidad de Madrid un préstamo de 35 millones de euros. Que la salve de las políticas que el propio Gobierno Regional ha impuesto.
Esto, que no solo afecta a la UCM sino también a la Universidad de Alcalá, a la Rey Juan Carlos y, al menos, a la Autónoma, se está generalizando al mismo tiempo que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no para de aprobar, incluso con informes negativos, la apertura de universidades privadas que no paran de ver crecer su matrícula al mismo tiempo que la calefacción no llega a todas las aulas ni despachos, literalmente, de algunas de las facultades más importantes del país.
Infrafinanciación
Alberto (nombre ficticio) milita en la Coordinadora Juvenil Socialista y es estudiante de la UCM. Señala que la privatización y la represión que impone la ley de universidades madrileña que se está tramitando (LESUC). En sus primeros borradores señala que la Administración aportará el 70 % de la financiación y que el 30 restante tendrá que buscarlo cada centro como pueda.
Sabela Fondevila es docente en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Asegura que la falta de financiación ya se ha notado con recortes del 35 % en todos los departamentos, que dejan sin posibilidad, por ejemplo, de asistencia a congresos al profesorado. Como tampoco a quienes están realizando el doctorado, añade Luis Lloredo, docente de Filosofía del Derecho en la UAM.
Además, este pasar a un 30 % de financiación privada, cree Lloredo, va a llevar a las universidades, facultades y departamentos a «financiarnos con contratos competitivos, a la concurrencia con empresas por financiación europea, a la explotación, la precarización y, todo ello, sin trabajadores; en la UAM no se están reponiendo a los catedráticos que se jubilan», explica.
Lloredo asegura que tiene una manta en el despacho para cuando no funciona la calefacción, mientras que Fondevila habla de mobiliario de los años 60, de goteras que no se arreglan porque no hay dinero para mantenimiento.
Esta docente explica todo esto mientras prepara comida para el encierro de la pasada noche en su Facultad. Los piquetes han comenzado a las 8 de la mañana y habrá concentración ante el Gobierno regional a las 15 horas.
Pero no solo es que los edificios se estén viniendo abajo por falta de mantenimiento. El profesorado que se jubila deja plazas sin cubrir. El trabajo lo tienen que asumir quienes quedan detrás. Trabajo de docencia que se acumula a la que ya tenían y que quita tiempo de investigación.
No hay personal de administración que se encargue de preparar los papeles para aplicar a los proyectos de infnaciación y que vaya haciendo la burocracia. Según Lloredo, tienen una ratio de un docente (PDI) por cada 0,4 administrativo (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, PTGAS). Asegura que la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de la Universidad Española) estima que la ratio debería ser de 1 a 1.
Hace meses que se hablaba de la dificultad para pagar las nóminas en la UCM y de ahí la petición de un crédito de 35 millones. Pero la dificultad económica, como explica Lloredo, no es esa solo. Están pagando a proveedores de servicios, como a grupos editoriales que envían revistas y otras publicaciones a las bibliotecas, hasta con un año de retraso. Estudiantes doctorales tienen que adelantar dinero para hacer estancias en el extranjero que, cuenta, no logran recuperar hasta un año y medio después.
Falta de autonomía y represión
Los otros dos puntos conflictivos que pretende desplegar la Ley universitaria de Madrid tienen que ver con el poder de decisión de la Administración en quiénes formarán parte de los Consejos Sociales de cada centro. Estos consejos, formados por personas ajenas a la propia universidad tienen una gran importancia, por ejemplo, en la aprobación de los presupuestos de las universidades.
Lloredo explica que, por ejemplo, los municipios cercanos a cada centro tienen representación en ellos, pero también hay personas de la empresa, la cultura o el deporte que, de facto, elige o el Ejecutivo autonómico o la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La comunidad universitaria teme que de esta manera pueda pervertirse el fin último de la universidad y esta sea mercantilizada y quede a merced de los intereses de ciertas empresas.
Al mismo tiempo, el texto de la ley prevé unas sanciones que unos y otros califican de desproporcionadas. Alberto habla de multas de 15.000 euros por poner pegatinas o carteles. Fondevila habla de hasta 300.000 euros por escraches, acampadas y otras formas de protesta. «Sanciones peores que la ley mordaza», dice. Alberto sospecha que, además, aunque cambiase el color político en la Comunidad de Madrid, estas sanciones no cambiarían en absoluto.
El texto legal recoge, según explica Fondevila que, por ejemplo, acciones como el paro académico que se ha impuesto en la UCM y que supone que el alumnado no perderá clase ni derecho a exámenes, quedaría imposibilitado según está escrita.
El futuro de la universidad pública madrileña no es halagüeño y menos teniendo en cuenta que hace algún tiempo que hay más centros privados que públicos. Para Fondevila, aunque las protestas son obligatorias y necesarias, cree que el impacto real sobre la situación de las seis universidades públicas no mejorará demasiado. Tal vez se suavicen algunas de las medidas relacionadas con la represión o con la financiación privada de los centros, pero el fondo del texto quedará como está.
