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En las últimas décadas, la escuela se ha convertido en un espacio de producción constante de datos. Cada registro de asistencia, cada evaluación digital, cada interacción en una plataforma deja una huella que alimenta los sistemas de información de la administración, las bases de datos de las empresas tecnológicas o los algoritmos que prometen personalizar el aprendizaje. Vivimos en una sociedad donde el dato se ha transformado en una gramática invisible que organiza la vida cotidiana, también la educativa. Pero cuando esos datos provienen de niñas, niños y jóvenes la cuestión deja de ser técnica: es política, ética y profundamente educativa.
Las plataformas digitales han sido presentadas como soluciones funcionales y seguras, con políticas de privacidad que, en teoría, garantizan el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDGDD). Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Las condiciones de uso son opacas, los contratos con las administraciones poco transparentes y la capacidad de auditar los sistemas prácticamente nula. En la práctica, el cumplimiento normativo se ha convertido en un trámite burocrático: casillas marcadas, consentimientos genéricos y documentos que casi nadie lee. Mientras tanto, las infraestructuras digitales continúan capturando y procesando información sobre estudiantes y docentes con una lógica de extracción propia del capitalismo de datos.
La paradoja es evidente. Nunca se ha hablado tanto de protección de la infancia y nunca se ha recopilado tanta información sobre ella. En nombre de la innovación y la eficiencia, las escuelas públicas se han transformado en nodos de una red global de datificación educativa. Los niños, niñas y jóvenes dejan de ser únicamente sujetos de aprendizaje para convertirse también en productores de datos: cada clic, cada entrega de tarea, cada tiempo de conexión conforma una identidad digital que se construye mucho antes de que puedan comprender sus implicaciones.
El problema no radica solo en la cantidad de datos que se generan, sino en la falta de control y comprensión sobre su circulación. En algunas investigaciones recientes hemos evidenciado cómo buena parte del profesorado y de los equipos directivos desconoce quién gestiona, analiza o reutiliza los datos que producen cotidianamente en sus aulas (Rivera-Vargas y Jacovkis, 2024). Lo mismo ocurre con las familias, que suelen confiar en que las plataformas institucionales son seguras por el mero hecho de haber sido aprobadas por la administración educativa (Rivera-Vargas et al., 2024). Esta distancia entre la retórica de la protección y las prácticas reales constituye uno de los mayores vacíos de la gobernanza digital educativa.
Sin comprensión crítica de los datos, la protección de la infancia queda reducida a un formalismo jurídico
La brecha de alfabetización en datos es profunda. El profesorado está cada vez más familiarizado con el uso instrumental de las plataformas, pero no con su lógica de funcionamiento ni con sus implicaciones éticas, políticas o económicas (Neut et al., 2024). La ciudadanía digital que formamos en las aulas es hábil para navegar y producir contenidos, pero indudablemente carece de las herramientas y habilidades necesarias para comprender cómo se construye y circula la información que deja su rastro en la red. Esta carencia no es menor: sin comprensión crítica de los datos, la protección de la infancia queda reducida a un formalismo jurídico.
Aplicar el marco regulador vigente en el contexto escolar exige mucho más que cumplir protocolos. Supone asumir que la gestión de los datos es también un acto educativo y que las decisiones sobre qué se recopila, quién lo custodia y con qué fines deben ser objeto de debate público. Las administraciones educativas no pueden limitarse a delegar esta responsabilidad en los centros ni en coordinadores digitales que, la mayoría de las veces, trabajan sin apoyo ni formación especializada. Es necesario construir políticas de supervisión independientes, transparentes y acompañadas de procesos de formación ética en torno al uso de la información digital.
La datificación educativa no es una consecuencia inevitable de la digitalización, sino el resultado de decisiones políticas sobre qué tipo de escuela pública queremos sostener. Una escuela que trata a sus estudiantes como usuarios y fuentes de datos, o una que los reconoce como sujetos de derecho capaces de comprender y cuestionar el mundo digital que habitan.
En una sociedad organizada en torno al dato, defender la infancia no puede limitarse a protegerla del riesgo. También implica dotarla de las habilidades y herramientas necesarias para comprender cómo operan las tecnologías que modelan su vida cotidiana. La alfabetización en datos debe formar parte del núcleo pedagógico de la educación pública, no como un añadido técnico, sino como una forma de ciudadanía crítica. Porque si la escuela no enseña a leer el dato, otros lo harán, y probablemente no con el mismo propósito educativo.
La pregunta ya no es si debemos usar plataformas digitales en la educación, sino bajo qué condiciones, con qué garantías y con qué sentido pedagógico. La protección de la infancia en la sociedad digital se juega en la capacidad colectiva de comprender y gobernar los datos que la escuela produce cada día. Y, sobre todo, en recordar que detrás de cada dato hay una vida, una trayectoria y un derecho que la educación pública tiene la obligación de cuidar.
Referencias
Neut Aguayo, P., Blanco-Navarro, M., Lozano-Mulet, P., & Dussel, I. (2024). Plataformización educativa y profesionalidad docente: tensiones y nudos críticos. Edutec, Revista Electrónica De Tecnología Educativa, (87), 74–89. https://doi.org/10.21556/edutec.2024.87.3107
Rivera-Vargas, P., Calderón-Garrido, D., Jacovkis, J., & Parcerisa, L. (2024). BigTech digital platforms in public schools: Student and family concerns and confidence. Journal of New Approaches in Educational Research, 13(5). https://doi.org/10.1007/s44322-023-00003-4
Rivera-Vargas, P., y Jacovkis, J. (2024) Plataformas digitales y corporaciones tecnológicas en los centros educativos. Una mirada desde los derechos de la infancia. Octaedro.
