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Reconozco que mi tranquilidad se ve atacada cada vez que reaparece el debate sobre si es la jornada escolar partida o la continua la que debe establecerse en los centros educativos públicos. Es uno de los elementos de confrontación entre sectores de la comunidad educativa y en el interno de estos que más me enfada, porque la mayoría de la gente pierde el tiempo con ello, y se lo hace perder a los demás, defendiendo posturas que saben más que cuestionables cuando no directamente falsas, aunque esta vez en la Comunidad de Madrid algunas caretas se han caído y se pueden ver las razones reales que han emponzoñado todo por no ser expuestas con claridad desde el principio.
En este mismo diario ya escribí sobre la jornada escolar y la evidencia científica al respecto, por lo que no tendría sentido repetir los argumentos que trasladé entonces, ya que es suficiente con decir que los mantengo todos. Pero sí quiero recordar algo que afirmé entonces y que recupero ahora: “Tras décadas de vivir todo esto, no parece que se aprenda y se repite ahora el inadecuado enfoque como respuesta al anuncio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el cual lleva, dicho sea de paso, intenciones ocultas no tan aceptables, pero eso queda para otro momento porque son otros los debates necesarios al respecto.” Finalizaba el artículo preguntando al viento si se haría ahora el tan necesario como rechazado debate sobre la jornada escolar que debe tener el alumnado. Me respondía diciendo que temía que tampoco en esta ocasión se produciría y, desafortunadamente, no me equivoqué.
Un año y medio de dilación para publicar la nueva norma
El anuncio de apostar por la jornada escolar partida, argumentando que la continua es perjudicial para el alumnado madrileño, se hizo a la vez que el de la puesta en marcha del nuevo formato de CEIPSO, los centros que solo incorporarán al parecer 1º y 2º de la ESO. Lo primero, si era combatir un grave perjuicio para el alumnado, era urgente abordarlo, o debería haberlo sido. Sin embargo, la nueva norma ha tardado en aparecer año y medio, señal de que igual no era tan grave o que ese perjuicio no preocupaba que siguiera existiendo. Y lo segundo, el cambio de modelo en los CEIPSO era una decisión ideológica que todo gobierno tiene derecho a tomar y realizar, pero carecía de ese carácter de urgente, aunque para ponerla en marcha sí que se aceleró todo. Parece el mundo al revés.
El tema de la jornada escolar, ligada a los CEIPSO, era solo un debate distractor y una estrategia de negociación, como lo ha sido siempre con los representantes del profesorado por parte de la Administración educativa. Los dirigentes políticos madrileños piensan que los docentes soportarán: ratios más altas de las que deberíamos tener en las aulas; más horas lectivas que en otras comunidades autónomas; peores condiciones salariales si se tiene en cuenta el coste de vida en nuestra comunidad, y con muchas incluso sin eso; más burocracia de la necesaria, según lo que realmente exige la legislación estatal; menores posibilidades de formación continua que en otros territorios; un discurso culpabilizador hacia el profesorado, que en ocasiones llega a ser ofensivo, incluso visto por parte de quienes no somos docentes; en fin, que piensan que lo aguantarán casi todo.
Eso sí, asumen que la jornada continua no la pueden tocar, porque entonces sí que corren ríos de tinta en las redes sociales exigiendo a los sindicatos que se movilicen. Personas que por todo lo demás no pasan de la queja débil tomando café, se arman de valor movilizador si les dicen que su jornada puede pasar a ser partida. Tan convencidos están de ello que han publicado a norma cuando la educación estaba de vacaciones de fin de año, para salvar la posible respuesta inmediata.
Un dato: sirva recordar lo que ha pasado el curso pasado con la propuesta de los CEIPSO, donde la mayoría de los centros en los que equipos directivos y docentes -también familias- rechazaron plantearse asumirla lo hicieron casi en exclusiva porque se había dicho que todos tendrían que asumir la jornada partida. Cuando se aclaró que no sería obligado el cambio a esta última, algunos centros corrieron para ver si estaban a tiempo de apuntarse al nuevo modelo de centro. No pesaron mucho las razones pedagógicas basadas en el interés superior de los menores en quienes así actuaron, ya fueran docentes o familias, solo la jornada deseada.
Y ahora publican la demostración de dos falsedades y un engaño
Durante este tiempo se dieron varios argumentos, que se resumen básicamente en tres: que el objetivo de la norma era proteger a los menores de una jornada escolar que les perjudica; que se pondría fin al paso de centros públicos de la jornada partida a la continua; y que se daría más peso a las familias para que el regreso a la partida pudiera ser realmente viable -hasta ahora no lo era-. Pues bien, dos de los tres son falsos y el otro es un engaño.
Empecemos por el que debería ser el único argumento: proteger a los menores. La nueva norma permite que todos los centros que tienen jornada continua la mantengan in eternum, es decir, que o el perjuicio no existe y es falso el argumento, o quienes tienen evidencias que fundamentan sus afirmaciones no tienen reparo alguno en que el alumnado siga sufriendo el perjuicio que vocean públicamente. Sinceramente, aunque las evidencias existen, prefiero pensar que no se las creen a que lo hacen y consienten el perjuicio, porque lo primero es sectarismo o ineptitud, pero lo segundo es denunciable.
Voy con el segundo de los argumentos falsos: dará mayor peso a las familias para pasar a la jornada partida. Al contrario, les ha quitado toda su capacidad de decisión. En el borrador que pasó por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se indicaba que, en la votación de las familias, si la mayoría simple lo hacía a favor, el cambio a partida quedaba aprobado. Si ese escenario era el adecuado o no, es un debate que ahora carece de sentido, porque no es el que se ha establecido en la norma. Con la redacción final, todas las consultas son no vinculantes, incluida la de las familias. Antes se tenían que superar varias mayorías cualificadas para que el cambio se pudiera aprobar, y ahora da igual lo que pase en cada consulta -consejo escolar, claustro y familias-, porque la decisión final será arbitraria y quedará en poder exclusivo del titular de la dirección de Área Territorial que corresponda. Menudo cambio. Las familias no decidirán el paso a partida, a pesar de que se anunciara a bombo y platillo que se les daría mayor poder de decisión. Buena campaña de marketing que ha durado año y medio.
Hay quien dice que la norma se retrasó un curso porque se negoció con sindicatos que se dejara que todos los centros que quisieran pasar a jornada continua lo pudieran intentar una vez más antes de publicar la norma. Si fue así, se corresponde con la dilación de un curso escolar que no era entendible hace un año. También se dice que el cambio que ahora se produce en cuanto a eliminar el peso de las familias es una reivindicación sindical para blindar a los centros que ya tienen la continua. Tampoco puede extrañar, porque, entre que conseguir el tercio del consejo escolar para abrir el proceso seguirá siendo del todo imposible -incompatibilidades inexistentes que serían necesarias lo impedirán- y que las familias no tendrán el poder de decisión que se anunciaba, el cambio hacia la partida seguirá siendo posible solo en el papel de la norma, salvo rara excepción que confirme la regla. Habrá quien diga que eso será la consecuencia de que nadie quiera volver a la partida, pero será falso, porque si bien antes se presionaba hasta límites insoportables para que se abriera el proceso, porque no dejar hacerlo se etiquetaba de “no democrático”, ahora la presión será a la inversa, argumentando que no abrirlo es un escenario tan democrático como el que más. Tiempo al tiempo. Es decir, que este argumento de dar una mayor facilidad a las familias para el cambio también es falso.
Y acabo con el que se cumple, pero es un engaño. Sí, la norma pone fin al posible cambio de jornada partida a continua, ya que ahora no se podrá plantear, pero el engaño consiste en que realmente no se elimina el proceso porque se quiera proteger al alumnado, simplemente se le declara finalizado por agotamiento. Ya era muy excepcional el centro educativo que cambiaba a continua, por lo que el proceso significaba mantener carga de trabajo en la Consejería de Educación para atender quejas de unas partes y otras sobre procesos viciados que se alejaban de la norma con frecuencia. Es decir, que la Consejería de Educación no pone freno a una fuga hacia la jornada continua que se siguiera produciendo, solo certifica la defunción de un proceso agotado que únicamente daba quebraderos de cabeza. Así que, el cambio encierra un simple engaño.
Eso sí, ha quedado al descubierto el argumento real y ha aparecido otro absurdo
No quiero terminar este artículo sin llamar la atención sobre dos argumentos: el único real desde la óptica sindical para defender la jornada continua, y otro absurdo que ha aparecido para desacreditar la nueva norma, innecesario porque se desacredita sola.
El real. Parece haber coincidencia sindical en anunciar recursos contra la nueva normativa por atentar contra los derechos laborales de los docentes. ¡Eureka! Llevamos décadas diciendo que esta era la verdadera razón de exigir la jornada continua y siempre se negaba. Bastaba con asistir a cualquier debate sobre jornada escolar para comprobar que cuando se decía que la demanda estaba basada en una mejora laboral de los docentes, en la inmensa mayoría de los casos se argumentaba en contra diciendo que exponerlo era un ataque al profesorado. No, no era un ataque, era la constatación de una realidad, como ahora queda demostrado con estos anuncios públicos. Una realidad absolutamente legítima, dicho sea de paso, porque no se encontrará un colectivo profesional que renuncie a mejorar sus condiciones laborales. Y queda demostrado porque no se anuncian recursos ante un perjuicio para el alumnado con la partida, por más que se utilice esa afirmación, ni tan siquiera porque la norma no exija ahora una mayoría a favor de los docentes en el consejo escolar o el claustro, ni por cualquier otra causa que no sean los derechos laborales “consolidados” que ahora supuestamente se cercenarían. Así que, blanco y en botella, leche; por fin, leche.
El absurdo. Se ha trasladado que esta norma abre la puerta a la privatización de la escuela pública. ¿Perdón? ¿Qué se nos ha pasado por alto? Quizás se refieran a que ahora puede que haya más alumnado en el comedor escolar y que esto abra la puerta a su gestión por empresas privadas. ¿Es que ahora lo gestionan las administraciones públicas? No. O tal vez se refieran a que esto permitirá privatizar las actividades extraescolares que se desarrollan cuando acaba el horario lectivo. ¿Pero no están también en manos privadas? Pues sí. Quienes lo han dicho, una de dos, o no han dedicado ni dos segundos a pensar lo que decían, o viven en un mundo imaginario porque desconocen la realidad de la educación madrileña. Igual es una mezcla de las dos cosas.
Repetiré lo que he dicho innumerables veces: es perfectamente posible separar el horario lectivo del alumnado y el laboral de los docentes, dándoles a cada uno lo que necesitan; al alumnado el horario lectivo que mejor se adapta a sus ritmos vitales, y al profesorado la posibilidad de negociar su horario laboral sin tener que ligarlo al del alumnado. No es difícil, pero se necesita una voluntad política que no existe en la Comunidad de Madrid porque debe ir aparejada de una inversión en la educación pública que no se quiere realizar. En todo caso, también reiteraré que las familias y sus asociaciones deben ser dejadas tranquilas de una vez. El horario lectivo del alumnado debe estar basado en evidencias científicas y esas no se deben votar para ver si se respetan o no, simplemente se deben poner en la base de las decisiones pedagógicas y organizativas que se tomen desde las Administraciones públicas. ¿Debatimos ya sobre éstas como comunidad educativa? ¿O tampoco esta vez?
