Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Tras felicitar cordialmente al Diario de la educación por su décimo aniversario, querría comenzar estas líneas destacando que esa década ha coincidido con uno de los periodos de mayor producción legislativa en educación de nuestra época reciente. Esa circunstancia ha tenido reflejo directo en sus páginas, que han recogido una diversidad de planteamientos, opiniones y debates acerca de la educación, también acerca de cuestiones normativas. Obviamente, ese no ha sido el único cambio producido en este tiempo (e incluso estoy dispuesto a discutir si puede considerarse el más relevante), pero no me cabe duda de su importancia. Además, al haberme visto directamente implicado en la preparación y desarrollo de varias de esas normas, me siento obligado a referirme a ellas en esta ocasión.
El inicio de una década marcada por la inestabilidad normativa
Cuando el Diario comenzó su andadura se estaba empezando a aplicar la controvertida Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada a finales de 2013 con las tensiones que bien recordamos y las reacciones y resistencias que generó. Estaba además en plena aplicación el real decreto ley 14/2012 que implicó unos importantes recortes en materia de educación que tuvieron un gran impacto. Aquellos años iniciales no fueron buenos tiempos para nuestro sistema educativo, que experimentó muchas turbulencias.
Pero siendo todavía una publicación joven se produjo el cambio de Gobierno derivado de la moción de censura de mayo de 2018. A partir de ese momento se abrió una nueva etapa en el tratamiento legislativo de la educación. Como dijimos en muchas ocasiones en aquellos primeros tiempos, no teníamos el propósito de volver sin más a la regulación anterior, sino de revisar el estado del sistema educativo y adoptar las normas que permitiesen reforzarlo y adecuarlo a las nuevas necesidades y demandas sociales. Lógicamente, ello implicaba recuperar algunos elementos de la regulación anterior que habían sido transformados o eliminados y que continuaban siendo valiosos, pero la iniciativa iba más allá de su simple recuperación. En realidad, pretendíamos revisar la normativa existente y modificarla en todo lo que resultase necesario para orientar al sistema educativo hacia el futuro y conseguir su transformación.
Revertir los recortes y sentar las bases de una nueva etapa
Dada la valoración negativa que hacíamos de los recortes que se venían aplicando y que algunos habíamos experimentado en carne propia (fue mi caso en el rectorado de la UNED), quisimos que la primera medida adoptada consistiese en su reversión. Es así como se gestó y se consiguió la aprobación de la ley 4/2019, que coloquialmente denominamos la “ley corta”, en la que se anularon esas restricciones presupuestarias. Es cierto que la situación económica no era todavía muy halagüeña y que la política de austeridad había tenido efectos negativos que aún duraban, pero quisimos revertir aquellos recortes y abrir la puerta a que las administraciones educativas pudieran recuperar paulatinamente la situación que existía antes de la crisis, como efectivamente sucedió (con algunas excepciones notables, como la Comunidad de Madrid).
Tras ese primer paso comenzó la preparación de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Los primeros debates tuvieron que ver con la conveniencia de preparar una ley completa o de promover solamente las modificaciones legales necesarias en la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE). Aunque no faltaron opiniones favorables a la primera opción, optamos por la segunda, en lo que creo que fue una buena decisión, pues la otra tenía un alto grado de riesgo y podía haber fracasado en su tramitación. La LOMLOE tenía varios objetivos confluyentes: modernizar la ordenación educativa, facilitar el funcionamiento de los centros y los equipos docentes, reforzar el derecho a la educación en condiciones de equidad y dar un impulso a la educación inclusiva. Con esa intención, diseñamos un marco legislativo abierto, que recuperaba algunas disposiciones que se habían eliminado o restringido, adoptaba modelos innovadores, promovía la participación de la comunidad educativa y permitía la adopción de modelos educativos y curriculares adecuados a las nuevas circunstancias.
Después de la aprobación de la LOMLOE a finales de 2020, comenzó un intenso periodo de desarrollo e implantación de la ley. Ello nos obligó a trabajar en varios frentes: desarrollo de los nuevos currículos, revisión de la normativa de escolarización y de conciertos educativos, definición de criterios de titulación y repetición de curso, posibilidad de organización en ámbitos, mecanismos de evaluación de centros y del sistema educativo en general, por no citar sino algunos de los principales. Como es bien sabido, pensar que un cambio de legislación equivale sin más a una verdadera transformación educativa es una ilusión, por más arraigada que la idea se encuentre. Y aquí se ha dejado notar nuevamente. En aquellos aspectos en que se ha llevado a cabo un esfuerzo decidido de implantación se han dejado sentir efectos positivos, mientras que en aquellos en que no se ha insistido ha ocurrido lo contrario. Es una lección que sabemos bien, pero que no siempre aplicamos como es debido.
Reformas estructurales más allá de la escuela obligatoria
De manera paralela al trabajo en la LOMLOE, comenzó a impulsarse un cambio de notable envergadura en la Formación Profesional, que comenzó con la elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico en 2019 y terminó concretándose en la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional de 2022. Su objetivo principal consistió en la integración de los dos subsistemas antes existentes, el del sistema educativo y el laboral. La existencia de esa doble vía, que conducía a dos tipos distintos de cualificaciones (títulos de técnicos y técnicos superiores frente a certificados de profesionalidad) planteaba muchas dificultades para la conformación de trayectorias formativas y profesionales confluyentes. La integración de los distintos títulos en un sistema unificado de grados, unida al reconocimiento de las cualificaciones obtenidas por medio de la experiencia profesional, permitirá una concepción modular, secuencial y progresiva de las trayectorias y las carreras profesionales. Además, se aprovecharán mejor los recursos formativos existentes, al poder combinar los de las redes preexistentes.
En el ámbito estrictamente educativo, esa ley plantea un refuerzo importante de la formación práctica, estableciendo un sistema dual, con un componente destacado de formación en los centros de trabajo (aunque sin llegar a las proporciones establecidas en algunos otros sistemas nacionales de FP). Esa novedad, que plantea desafíos para la organización de las prácticas, ahora además con cotización, supone un avance importante. Y a todo ello se ha sumado un incremento muy notable del número de plazas de formación profesional en sus diversas familias profesionales y grados.
A esas novedades legislativas habría que añadir otras dos más. En 2023 se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que pretende actualizar este nivel. Entre sus aportaciones merece la pena destacar el refuerzo de la autonomía universitaria, ligada a su rendición de cuentas y transparencia, con objeto de permitir que las universidades lleven a cabo sus misiones del mejor modo posible. Dicho refuerzo está vinculado al necesario fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria. Especial importancia tiene la reordenación de las figuras del profesorado y de la movilidad y progresión entre ellas, con el objetivo añadido de eliminar la precariedad de condiciones laborales que muchos de ellos han sufrido. También hay que mencionar la revisión de la regulación de las universidades privadas, con vistas a asegurar su calidad y el cumplimiento de su ineludible función social, la creciente internacionalización y la gestión del sistema universitario en el Estado autonómico.
Y la última de las leyes educativas aprobadas ha sido la que en 2024 ha regulado las enseñanzas artísticas superiores, estableciendo también la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. Esta reciente norma ha venido a abordar un ámbito muy necesitado de revisión y que no había sido objeto de una regulación específica. Tras un periodo de crecimiento de estas enseñanzas y de acercamiento a las universitarias, parecía llegado el momento de prestarles la atención que necesitaban. Además de ordenar mejor sus titulaciones, la ley establece nuevas posibilidades de organización y funcionamiento de los centros que las imparten, regula las figuras de profesorado a su cargo y sitúa de una manera más clara el lugar de estas enseñanzas en el sistema educativo, estableciendo sus relaciones con otros niveles y muy especialmente con el universitario.
Cosas por hacer
Como puede apreciarse, aunque este vistazo haya sido bastante sintético, el periodo que se extiende de 2019 a 2024 ha asistido a una importante revisión de la legislación que regula todo el sistema educativo, ampliando, mejorando o adaptando la anteriormente existente. Como señalaba más arriba, ello no implica que la tarea esté completada. Por hablar de una iniciativa importante, queda todavía por revisar la normativa que regula la profesión docente, en lo que se trabaja actualmente. Por otra parte, quienes hemos dedicado mucho tiempo y energías a estas tareas sabemos bien que, por más luminosas que sean las leyes educativas, el secreto de su éxito radica en buena medida en su proceso de implantación. Y ahí tenemos buenos y malos ejemplos. Creo que en algunos casos no se le ha prestado la atención debida y en otros han concurrido circunstancias que han dificultado ese proceso. Pero también hay ejemplos de actuaciones bien diseñadas e implementadas, que deben servir de acicate para otros desarrollos.
Para terminar, debo decir que el esfuerzo legislativo realizado en estos años, siendo muy notable, no agota ni mucho menos la transformación que ha experimentado la educación. Aunque no voy a tratarlo en esta ocasión, no quiero dejar de aludir a las dificultades que provocó y los cambios que impulsó la pandemia, la situación más complicada que me ha tocado vivir en mi larga vida profesional. O a las transformaciones que permitió el plan desarrollado con fondos europeos para hacer frente a esa situación, cuyos programas de cooperación (PROA+, digitalización, impulso a la FP) han mostrado caminos interesantes a seguir para el futuro. Estas han sido también algunas de las transformaciones importantes que se han producido en los últimos años de esta década. Pero me permitirán que a eso pueda referirme en otra ocasión. En esta quería centrarme en un conjunto de iniciativas legislativas, insuficientes por sí solas, claro, pero de gran relevancia en la evolución de nuestro sistema educativo.
