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Las educadoras y educadores sociales de Cataluña han alzado la voz con contundencia frente al despliegue del Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el Entorno Educativo, conocido como EDUSEG.
A través de un comunicado, la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha expresado su rechazo frontal a una iniciativa que, a su juicio, confunde seguridad con educación y desplaza a los profesionales que verdaderamente están formados para trabajar la convivencia escolar desde una perspectiva pedagógica, preventiva y comunitaria.
EDUSEG
La iniciativa EDUSEG, impulsada por la Generalitat de Cataluña, consiste en una prueba piloto que introduce la presencia permanente de agentes de los Mossos d’Esquadra vestidos de paisano en 13 centros de educación secundaria de distintas zonas del territorio catalán, entre ellas L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d’Aran y Tàrrega, además de centros de El Prat de Llobregat y Sabadell.
El objetivo del programa es garantizar la convivencia escolar, reducir conflictos y agresiones, y actuar con funciones de prevención, acompañamiento e intervención cuando sea necesario. Sin embargo, esta medida ha levantado una amplia polémica en el ámbito educativo catalán, con sindicatos docentes, familias y más de un centenar de organizaciones agrupadas en la campaña Desmilitaricemos la Educación mostrando su oposición.
Rechazo a la presencia policial
El CEESC no se limita a mostrar su desacuerdo con el fondo de la medida, sino que denuncia también la forma en que se ha tomado la decisión. En el comunicado, la organización colegial señala que esta iniciativa se ha puesto en marcha sin que el Col·legi haya sido informado ni consultado con carácter previo, pese a ser uno de los agentes directamente implicados en las funciones que el programa pretende cubrir y pese a haber mostrado siempre disposición al diálogo y al trabajo conjunto.
Esta falta de interlocución resulta especialmente llamativa cuando se trata de decisiones que afectan de manera directa a los colectivos profesionales con competencias específicas en la materia.
El CEESC argumenta que resulta difícil de comprender que funciones claramente educativas, preventivas y de trabajo comunitario se deriven a cuerpos de seguridad. Las y los educadores sociales están formados específicamente para intervenir en convivencia escolar, mediación, gestión de conflictos y acompañamiento socioeducativo, y lo hacen desde una mirada educativa y no coercitiva. Su metodología se basa en la proximidad, la confianza y el tiempo, tres elementos que, según el CEESC, son incompatibles con una intervención de carácter policial.
El Col·legi alerta, además, de que este tipo de decisiones priorizan soluciones aparentemente más económicas a corto plazo en lugar de reforzar la acción socioeducativa, que es el pilar fundamental del bienestar colectivo en los entornos escolares.
A largo plazo, este enfoque puede traducirse en una menor cohesión social, intervenciones menos ajustadas a las necesidades reales del alumnado y un impacto negativo sobre niños, jóvenes y familias, especialmente sobre quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Por qué son imprescindibles los educadores sociales
El comunicado del CEESC recoge con detalle las funciones que los educadores y las educadoras sociales ya desarrollan en los centros educativos donde están presentes: trabajan para mejorar la convivencia y el clima de centro, intervienen en los conflictos desde una perspectiva educativa y restaurativa, acompañan a niños y adolescentes en su crecimiento personal y social, refuerzan el vínculo con las familias y la comunidad educativa, y se coordinan con otros servicios para dar respuestas más completas y ajustadas a las necesidades que van surgiendo.
Según el Informe CEESC 2022, la presencia de la educación social en la escuela tiene un impacto directo y demostrable en la mejora de la convivencia y el clima escolar, en la reducción y el abordaje de los conflictos, y en la detección y prevención de situaciones de riesgo social.
Además, contribuye de manera significativa a la prevención del absentismo y el abandono escolar, y facilita una intervención más precoz y coordinada ante situaciones de vulnerabilidad. Las y los educadores sociales también refuerzan el trabajo en red con los servicios sociales, sanitarios y comunitarios, y ofrecen apoyo directo al profesorado en la gestión de situaciones complejas, aliviando la presión sobre los equipos docentes y mejorando la respuesta educativa global de los centros.
Todo este trabajo, subraya el CEESC, exige precisamente aquello que una intervención policial no puede ofrecer: proximidad sostenida, tiempo suficiente y una relación de confianza construida de manera progresiva con el alumnado, las familias y la comunidad.
Trasladar estas funciones a los cuerpos de seguridad no solo resulta inadecuado desde el punto de vista pedagógico, sino que puede tener consecuencias negativas para el alumnado más vulnerable, que es quienes más necesita de ese acompañamiento especializado y no coercitivo.
Propuestas alternativas
Frente a todo esto, el CEESC reclama de forma explícita cuatro medidas concretas. En primer lugar, la retirada inmediata de la prueba piloto y del programa EDUSEG. En segundo, el reconocimiento efectivo y la incorporación real de las educadoras y los educadores sociales a los centros educativos de Cataluña. En tercer lugar, la apuesta decidida por modelos de convivencia basados en la prevención, la mediación y la justicia restaurativa desde una perspectiva socioeducativa. Y, finalmente, la defensa de los centros educativos como espacios libres de presencia policial de carácter estructural.
En un contexto en que el debate educativo catalán (y español) está marcado por la falta de personal, las ratios elevadas y la escasa inversión en educación inclusiva, el CEESC recuerda que la respuesta a los problemas de convivencia no pasa por la securización de los centros, sino por dotar a la escuela de los recursos humanos y socioeducativos que lleva años reclamando.
