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Un proyecto social de equidad exige un proyecto de ciudadanía que garantice la dignidad de todas las personas y su cohesión social basada en una distribución justa de los bienes y recursos. En la actualidad, la equidad es una demanda social derivada de la aspiración ciudadana que, amparada en valores democráticos y de progreso humano, intenta conjugar metas individuales y colectivas basadas en la igualdad, la justicia, la inclusión y la diversidad cohesiva, asumiendo un mayor protagonismo en reivindicar una sociedad más justa y equitativa.
Conciertos escolares (I): el mayor factor de segregación educativa y social
Su referente es la igualdad, si bien asegurando que las personas más desfavorecidas tengan prioridad en la distribución de los bienes públicos mediante un tratamiento diferenciado que elimine o reduzca las desigualdades de partida. Si desde el paradigma de la igualdad todas las personas tienen los mismos derechos y deben tener acceso a las mismas posibilidades y recursos, en el marco de la equidad el tratamiento “desigual” es justo siempre que beneficie a las personas más desfavorecidas, asumiendo las propuestas de la teoría de la justicia distributiva según el aforismo de Carlos Marx “dé cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades” mediante acciones de “acción o discriminación positiva” para quien más lo necesita.
Un sistema educativo sería equitativo si y solo si, como consecuencia de sus políticas, no solo garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, sino también en el proceso (atendiendo a cuestiones de reconocimiento y participación) y en el éxito de los resultados de todo el alumnado, superando las barreras que limitan la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. Esto implica arbitrar políticas y medidas para asegurar, por una parte, que las circunstancias personales y sociales -por ejemplo, clase, sexo, origen étnico- no sean un obstáculo para alcanzar ese éxito socioeducativo y, por otra, dar respuesta a todos y todas sin exclusión, creando un sentido de comunidad, cohesión social y de apoyo mutuo.
La revisión de las políticas de equidad educativa muestra que las medidas más citadas en este sentido en la literatura académica hacen referencia a varias tendencias:
- Políticas de igualdad de oportunidades ligada al acceso y oferta de servicios, como garantizar la cobertura de gastos educativos básicos yendo más allá de la educación gratuita referida al coste de la matrícula;
- Ampliar la oferta de plazas públicas en la educación infantil y su gratuidad real, dada su importancia en la evolución educativa posterior, en el desarrollo integral y en la cohesión social derivada de ello;
- La prolongación de la educación obligatoria.
- Políticas de reducción sustancial de ratios escolares que permitan desarrollar una educación inclusiva real.
Políticas de justicia de resultados que permitan el éxito de todos y todas, como la política de inversión educativa finalista y centrada en las necesidades de los colectivos más desfavorecidos para reducir desigualdades superando el 6% del PIB complementada con política de becas y ayudas; establecer de modo obligatorio la formación continua del profesorado.
Políticas de equidad como educación inclusiva y justa, con énfasis en la equidad durante el proceso ligado a medidas como evitar la concentración excesiva de alumnado migrante extranjero en determinados centros educativos; la supresión de itinerarios académicos; mantener un programa común para todo el alumnado en la etapa obligatoria; la inclusión de capacidades y diversidades en la misma aula.
Por el contrario, los resultados de la investigación disponible muestran que las políticas orientadas al mercado que impulsan la competencia tienden a producir efectos negativos sobre la equidad, al potenciar la segregación escolar y la estratificación social entre las escuelas públicas y privadas: políticas de “selección de centro”, de “cheques escolares”, de “conciertos educativos”, de “cesión de terreno público a centros privados”, etc. conforman un todo interconectado y participan en la configuración del dispositivo segregador.
Un ejemplo claro de este amplio dispositivo segregador que despliegan determinadas políticas educativas en España, como es en este caso en la Región de Murcia, nos los ofrecen los resultados de la investigación reciente: “La apuesta política por una red que segrega –la privada concertada–, la selección económica que realiza la enseñanza privada y privada concertada; las posibilidades para desplazarse a los centros de cada colectivo; la falta de inversión en la red pública, además de una oferta cada vez menos atractiva; el ideario, especialmente el religioso, que excluye a la población musulmana; y, por último, un proceso de escolarización, sin zonificación municipal, con criterios de baremación donde hay una baja consideración hacia las rentas bajas, y sin reservas de plazas en los centros para distribuir al alumnado con necesidades de apoyo educativo y de incorporación tardía”. (Sánchez, 2017, p. 141).
Concluyendo que “se trata de un dispositivo claramente segregador en el que los valores de la cohesión social y la equidad están supeditados a la libertad de elección de las familias, al poder económico y la competencia”.
Se puede seguir leyendo más sobre este tema en el siguiente artículo, publicado en la Revista Internacional JCEPS: Díez-Gutiérrez, E.J. & Palomo-Cermeño, E. (2023). Socioeconomic School Segregation, Equity and Educational Policies in Spain: A Systematic Literature Review. Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS), 20(3), 81-122.
Bibliografía citada
Sánchez, F. (2017). La segregación étnica y social en el sistema educativo de la región de Murcia. Análisis del dispositivo sociocultural generador de guetos escolares. Revista Nuevas Tendencias en Antropología, (8), 114-145.
