Opiniones

Alejandro Tiana

A vueltas con la financiación universitaria Alejandro Tiana

Dos informes publicados en algo más de un mes corroboran la sensación general de desatención de la administración hacia las universidades.

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Campus de Getafe de la Universidad Carlos III.

Me permitirán que vuelva a escribir sobre financiación universitaria, aunque hace apenas tres meses y medio que lo hacía en estas mismas páginas. Pero es que desde que escribí mi última colaboración mensual a comienzos del pasado mes de diciembre han aparecido dos valiosos informes que aportan nueva información al respecto y que reclaman nuestra atención. El primero ha sido el informe correspondiente a 2017 del Public Funding Observatory, de la Asociación Europea de Universidades (EUA), que fue presentado en Bruselas el pasado 13 de diciembre. El segundo, el informe ¿Quién financia la universidad?, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario, que se presentó en Madrid el pasado 16 de enero. Ambos documentos contienen información relevante y rigurosa a la que quiero hacer referencia.

El informe de la EUA presenta en su primera parte los datos relativos a la evolución de la financiación pública que han recibido entre 2008 y 2017 las universidades de 34 sistemas universitarios europeos (algunos países tienen más de un sistema, como es el caso de Bélgica o el Reino Unido), ajustándola a la inflación y utilizando como elemento de contraste el número de estudiantes y el crecimiento económico. En la segunda se centra en los cambios ocurridos en 2016 y 2017.

El análisis de la financiación recibida a lo largo de estos diez años permite hablar de cuatro grupos de países. El primero, que incluye Austria, Alemania, Noruega o Suecia, han experimentado un crecimiento significativo y sostenido de los fondos recibidos, por encima del 20% en el conjunto del periodo. Un segundo grupo, con países como Francia, Holanda o Polonia, ha registrado crecimientos menores, entre el 5% y el 20%. Un tercer grupo, que incluye a Islandia o Portugal, es el de los que se han beneficiado de una etapa reciente de reinversión tras un periodo previo de recortes, recuperando en 2017 una situación presupuestaria bastante similar a la de 2008. Y un cuarto grupo está formado por países como Italia, Letonia, el Reino Unido o Irlanda, que han experimentado recortes superiores al 5% a lo largo de la década. España ocupa una posición especialmente negativa en este último grupo, pues la caída de la financiación pública ha llegado al 24%, teniendo solo cinco sistemas universitarios por detrás. Si bien cabría alegar que los recortes se han producido en España en un contexto de caída del PIB, que no se ha registrado en todos los países, los datos indican que el descenso de la inversión presupuestaria ha sido mayor que el declive económico en términos generales.

Al poner en conexión estos datos con la evolución del número de estudiantes, los países se clasifican en cinco grupos: dos de ellos se encuentran en una situación globalmente positiva (los denominados sistemas adelantados y en crecimiento bajo presión), que combinan el crecimiento presupuestario con el del número de estudiantes, aunque uno y otro en mayor o menor proporción; los otros tres se encuentran en una situación globalmente negativa (los denominados sistemas en contracción, en decrecimiento bajo presión o en peligro), pues en todos ellos ha caído la inversión presupuestaria, aunque en algunos ha crecido el número de estudiantes mientras que en otros ha disminuido. España se sitúa al borde de los sistemas en decrecimiento bajo presión, salvando algo su situación el hecho de haberse prácticamente estabilizado el número de estudiantes en estos años, pero estando en riesgo de caer entre los sistemas en peligro si este número aumentase próximamente. A ello se ha sumado una caída paralela del número de docentes universitarios, lo que ha impedido aliviar la presión.

No cabe duda de que la situación en que se encuentra España en el contexto europeo es, de acuerdo con este informe, más que preocupante, con unas muy ligeras señales de recuperación en el último año, que no permiten albergar excesivas esperanzas. Y, además, en términos comparativos, las diferencias entre los países que aumentan la financiación pública de sus universidades y los que la reducen continúa creciendo. Como afirma el informe, una vez efectuados los recortes, su recuperación exige mucho tiempo y eso se deja sentir durante un periodo dilatado.

¿Por qué el sistema universitario no se ha hundido en estas circunstancias? La respuesta la da el informe del Observatorio del Sistema Universitario: porque se han transferido esos recortes a las familias y los estudiantes. La aportación de las matrículas al presupuesto de las universidades ha pasado de representar el 11% de media en 2009 al 18% en 2015. Los precios públicos de los estudios han crecido en el mismo periodo un promedio del 31%, alcanzando el 67,6% en Cataluña, el 59,4% en la Comunidad Valenciana y el 40,7% en Madrid. Por el contrario, la financiación pública media ha bajado del 78% al 71% en el mismo periodo (me permitirán un ligero desahogo: en la UNED la financiación pública representa apenas el 40% del presupuesto anual, lo que resulta profundamente injusto para sus estudiantes).

Así pues, por si teníamos pocos datos acerca del declive de la inversión pública en las universidades españolas, la transferencia de parte de esta a las familias y los estudiantes, y la situación general de infrafinanciación en que vive el sistema universitario, las evidencias aportadas por estos dos informes no hacen sino corroborar la sensación general de desatención por parte de las autoridades. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que se comience a revertirla?

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