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Celaá: “No vamos a cerrar la concertada”

Una nueva comparecencia de la ministra en el Congreso pivota sobre la eliminación de la demanda social como elemento de ordenación previsto por la LOMCE.

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La ministra Isabel Celaá junto a la presidenta de la Comisión de Eduación, Teófila Martínez. Fotografía: Congreso de los Diputados

Más de tres horas de comparecencia se han vivido esta mañana en el congreso de los diputados para volver a hablar de dos asuntos tratados ya antes del verano: la derogación vía legislativa del Real Decreto Ley 14/2012 de racionalización del gasto y la del artículo 109.3 de la LOMCE. Ha sido este punto el que más polémica ha suscitado, principalmente, por la divergencia de criterios sobre el significado del concepto de libertad de centro y de elección, así como su peso en la Constitución y como herramienta en la que basar la planificación de la escolarización.

Sandra Moneo, portavoz del PP en Educación en el Congreso, e Isabel Celaá, ministra de Educación y FP han protagonizado la mayor parte de la discusión.

“Nuestra posición es clara, ha asegurado Moneo: creemos en la libertad, la defendemos, forma parte de nuestros principios. Nos vamos a oponer a cualquier decisión que coarte el ejercicio de la misma a cualquier persona. Su decisión (la del Ministerio de Educación) cuestiona la libertad de elección de las familias”.

La portavoz del PP ha defendido la necesidad de que las familias tengan voz y voto a la hora de que se hable de la planificación de la oferta de centros educativos que realice la administración educativa. Para Moneo y su partido, la eliminación del 109.3 supondría excluir a las familias.

“En la vida me habían acusado de cuestionar la libertad de elección de las familias, o de cuestionar la libertad”, respondió Celaá, quien recordó a la portavoz de los populares que la Constitución garantiza la libertad de creación de elección de centro, así como la libertad de cátedra, no así el hecho de que la Administración haga dejación de su obligación de planificar la enseñanza así como de ofrecer plazas suficientes para la escolarización de niñas y niños.
“El Estado no tiene el monopolio”, aseguró Celaá, en cuanto a creación de centros educativos. Pero eso no significa que los poderes públicos no tengan la obligación de estar en todas las poblaciones.

“Nuestra defensa de la pública es respetuosa con la libertad de elección, de construcción de centro, de la libertad de cátedra. Elección dentro de una programación”.

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Moneo insistió en que el PSOE habla de planificación de la enseñanza pero con la eliminación del 109 deja fuera de esa planificación los intereses y deseos de las familias. “Tendrá que tener en cuenta a los actores implicados, también las familias”, le espetó la portavoz del PP a la ministra.

En esta misma línea, Moneo dijo que “las familias, como responsables primeros de la educación de sus hijos, deberían estar seguros de que el Estado garantiza sus derechos, y el ejercicio de la libertad de centros” recogido en el artículo 27 de la Constitución, ha afirmado Moneo.

Celaá ha tirado de cifras para asegurar que es necesaria una planificación de la escolarización para equilibrar los esfuerzos de la red pública y concertada en relación a la matriculación de personas con necesidades educativas especiales o migrantes, concentradas históricamente, en los centros públicos, con sobrerepresentación en muchos casos. Y volvió a poner de ejemplo el hecho de que la concertada no esté en zonas rurales y sí, mayoritariamente, en las urbanas. Entre otras cosas, señalaba, que la pública tienen la obligación de garantizar el desarrollo del derecho a la educación. La concertada no. Puede estar o no en donde le parezca oportuno. “No vamos a cerrar la concertada. Eso es fake news. No vamos a atacar a la concertada. No queremos proteccionismo para la pública”, ha cerrado la ministra.

Derogación del RD 14/2012

Como ya anunciara a final del curso, el Ministerio continúa con los trámites para la derogación del real decreto ley 14/2012 que permitió el recorte de varios miles de millones de euros de presupuesto público con el amento de las horas lectivas, de los días para la sustitución de las bajas o el aumento de las ratior profesor/alumnos.

Una derogación que el ejecutivo ha planteado por la vía haitual y no rápida del decreto ley. De manera que continúan los pasos comenzados ya con las reuniones con los sindicatos, las consejerías de Educación de las comunidades, así como el envío al Consejo Escolar del Estado. Hoy ha explicado el anteproyecto de ley a los grupos políticos de la Comisión y por delante quedarían su envío y aprobación en el consejo de Ministros así como su paso por el Congreso de los Diputados.

Las medidas serán la reversión de las ratios a los parámetros anteriores al 14/2012, la disminución de los días para cubrir las sustituciones de docentes y también la vuelta a las horas lectivas, sin modificación de las horas trabajadas por los docentes de las diferentes etapas.

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Muchas de estas medidas ya se habían comenzado a llevar a cabo en buena parte de las autonomías, entre otras cosas con permiso y manga ancha por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Lo que pretende ahora el de Pedro Sánchez es dar la posibilidad a las consejerías de Educación a que puedan elegir si bajar o no las horas lectivas o las ratios. Mayor capacidad de autonomía, ha incidido la ministra.

Tanto Sandra Moneo como la portavoz educativa de Ciudadanos, Marta Martín, han exigido al Ministerio los trabajos necesarios para la redacción y aprobación de un Estatuto Docente que establezca las condiciones de trabajo del colectivo, más allá de que puedan tomarse medidas más o menos profundas con la supresión del decreto 14/2012.

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