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Grupo promotor de la ILA por una Escolarización Inclusiva

El día que a Manuel le echaron de su colegio Grupo promotor de la ILA por una Escolarización Inclusiva

“Hemos aprendido a surcar el aire como los pájaros, a navegar los mares como los peces, pero aún no hemos aprendido a caminar en La Tierra como hermanos y hermanas”. Martin Luther King.

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Paula viene de recoger del cole a su hijo Manuel. Desde que al final de Infantil le recomendaron sacarle del colegio ordinario al que asistía con su hermana y sus vecinos, Manuel acude a este centro de Educación Especial. Aunque no fue una decisión fácil, Paula asumió que aquella recomendación era por el bien del niño. “Yo no tengo la formación adecuada para atender a este tipo de niños y con veinticinco en clase me faltan manos”, le dijo Elena, la tutora de Manuel. “Aquí no tenemos los recursos necesarios y la metodología de la Educación Primaria no es adecuada para tu hijo, él necesita un centro específico”, le explicó Patricia, la orientadora educativa. Así que Paula se resignó a correr de un lado a otro para llevar a sus hijos a coles distintos, con lo que eso supone para la organización de las actividades diarias.

Al principio, a Manuel le costó separarse de los amigos con los que compartió los tres años de Infantil, pero ahora suele ir contento. Además, allí trabajan muy buenos profesionales. Pero hoy no es un día más. La directora ha convocado una reunión de urgencia y les ha dicho que una ley en tramitación pretende cerrar los colegios de Educación Especial en Madrid de forma inminente, para llevar a todos los niños y niñas a centros ordinarios. A Paula se le viene el mundo encima. Después de tanta incertidumbre, de tener que dejar el colegio de su barrio, ahora les quieren devolver allí sin pedirles opinión. Otro cambio para Manuel sería muy negativo. Paula piensa: “¿Por qué no nos dejan en paz?”. Y se convence: “Vamos a remover lo que haga falta para que respeten a nuestros hijos”.

Lo que Paula no sabe es que esa información es falsa. Que nadie quiere cerrar su centro. Que ninguna ley obligará a que Manuel abandone su colegio. No sabe que la ley a que se refería su directora solo pretende que los niños y niñas de los centros ordinarios tengan aquellos recursos de cuya carencia se quejaban Elena y Patricia. Una ley que quiere llevar los recursos donde están los niños y niñas sin obligarles a dejar su entorno, dotar a los centros de más profesorado, bajar las ratios de los profesionales de atención a la diversidad y ofrecer espacios y recursos didácticos suficientes y adecuados para todo el alumnado, sean cuales sean sus necesidades.

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Probablemente, Paula también ignora que vive en la región española que menos dinero público gasta en educación, que tiene más alumnos por docente y que más segrega al alumnado según su origen social. Y que, por estas y otras razones, en la Comunidad de Madrid se vulnera sistemáticamente el derecho fundamental a la educación de muchos niños y niñas, que necesitan medidas urgentes. Pero, quizá, lo que Paula menos se imagina es que están utilizando la preocupación y el sufrimiento de su familia como ariete contra el futuro de niños como Manuel, que merecen todos los recursos posibles.

Algunas semanas después, Paula escuchará que lo han conseguido. Se enterará de que PP y Ciudadanos han bloqueado la tramitación de esa “peligrosa” ley en la Asamblea de Madrid, y respirará tranquila. Sentirá que las familias han ganado, por fin, una batalla. Lo que quizá Paula nunca sabrá es que quien realmente ha impuesto sus intereses no han sido los padres, madres, niños y niñas, sino los empresarios y los sindicatos de la educación privada de la región. Nunca sabrá que este lobby tejió una campaña de desinformación masiva para engañarla a ella y a miles de familias, con el fin de condicionar la tramitación de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva, elaborada de forma transparente y democrática, y apoyada por 232 entidades, 43 ayuntamientos que representan a 5 millones y medio de personas, y la mayoría del parlamento regional. Ni sabrá que los promotores de esta idea son maestros y maestras de a pie, madres y padres, concejales de todos los colores políticos y profesionales de la atención a la diversidad que se dejan la piel día a día por niñas y niños como Manuel.

Si, por fortuna, algún día Paula es consciente de esto, comprobará que detrás de este conflicto se esconde la lucha por el significado de la palabra inclusión y por el contenido mismo del derecho a la educación. Y que hay dos grupos con intereses contrapuestos. A un lado, quienes apoyan una iniciativa legislativa que pretende dar más recursos educativos a los niños y niñas del sistema ordinario para frenar la exclusión. Enfrente, los dueños y sindicatos de los centros privados de Educación Especial sostenidos con fondos públicos, que quieren mantener las cosas como están para seguir con su negocio. Las armas de los primeros, la Constitución Española, la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y un masivo respaldo ciudadano. Las de los segundos, la política de lobby, el apoyo gubernamental del Partido Popular y una intensa campaña de manipulación en medios de comunicación afines que ha llevado a movilizarse a miles de familias contra una amenaza inexistente y una iniciativa legal que, en su gran mayoría, desconocen.

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Entonces, Paula recordará el día en que echaron a su hijo del colegio y resonarán aquellas palabras de Elena y de Patricia. Será difícil. Le dolerá comenzar a cuestionarse los motivos de fondo del itinerario escolar de Manuel, y se preguntará por qué su hijo no recibió los recursos suficientes. Finalmente, se dará cuenta de que había contribuido a bloquear una ley que suponía un avance significativo. Y, sobre todo, en lo más íntimo de su corazón comprenderá que la cuestión crucial no es qué postura había escogido ella, sino cuál habría elegido Manuel para defender su derecho a la educación.

Grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva.

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Comentarios

  • Lorena Benito

    Soy de Misiones, Argentina y creo que justamente el acceso a”la información” que tenga cada familia es el principal recurso para luchar por políticas públicas de Inclusión y como bien dicen en éste post, proveer de recursos,estrategias y personal apropiado para garantizar la cultura inclusiva desde las escuelas.

    08/11/2018

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