El Congreso de los Diputados quiere que el Gobierno termine con el sistema de becas y ayudas al estudio que implantó el exministro José Ignacio Wert en 2013. La cámara ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Unidos Podemos (147) y la abstención de Ciudadanos, PNV y PDCat (66) una proposición no de ley –aprobada a través de un texto transaccional con enmiendas de los tres grupos– que pide «modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido como derecho subjetivo».
El texto definitivo, que ha contado con el rechazo del PP y Esquerra Republicana, pide al Ministerio de Educación que se establezcan criterios «claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano […] la cuantía que percibirá». También fija un periodo máximo de tres meses para la resolución de los expedientes de beca.
Esta proposición se aprueba justo cuando el Gobierno está a punto de dar luz verde al decreto de becas para el próximo curso, que no cambia «ni una coma» el sistema de los años anteriores, según el Consejo Escolar del Estado. El máximo órgano de representación de la comunidad educativa aprobó una enmienda de la asociación estudiantil CANAE para aumentar el importe y estudiar «la viabilidad de un nuevo modelo de gestión». Y no es la primera vez que critican esta forma de repartir las ayudas, que ha hecho disminuir la cuantía media en un 27% respecto a 2011-2012.
Con el sistema actual, las becas –universitarias y no universitarias– se dividen en dos partes: una fija y una variable. La fija incluye cantidades concretas en función de si se cumplen o no determinados requisitos: por ejemplo, a un universitario que vive en la Península, no supera el umbral más bajo de renta y estudia lejos de donde vive su familia le corresponden 3.000 euros.
El estudiante puede saber de antemano cuánto debe recibir de la parte fija, según los requisitos que cumple. Esta parte se la conceden unos meses después, empezado el curso, pero sin saber cuánto recibirá en total porque hasta final de curso no recibe la resolución definitiva con el último pago correspondiente a la parte variable.
Esta segunda cuantía se calcula a través de una fórmula matemática prácticamente indescifrable. Tanto es así que el Ministerio apañó a principio de curso un «simulador» web para calcular el importe total. Una vez que se han asignado todas las cantidades fijas, Educación reparte el dinero que sobra en todos los becarios y de ahí sale esa parte variable. Este sistema provoca año tras año las quejas de los estudiantes, que denuncian que reciben la beca –de la que ni siquiera saben su cuantía– muchos meses después de empezar el curso.
Además de un sistema de pago diferente, el Gobierno incluyó novedades en los requisitos académicos. Se establecía en un 5,5 la nota mínima de selectividad que da derecho a la exención de las tasas de matrícula en primer curso de la universidad, pero subía a un 6,5 la calificación que permite acceder a las becas generales.
«Teatro» y «deslealtad» al trabajo por el pacto educativo
Los grupos reclaman también que «un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tengan en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante» y se insta al Gobierno a convocar «con carácter de urgencia el Observatorio de Becas», creado en 2010. Sobre becas, se pide también la vuelta de las desaparecidas Séneca (ayudas para estudiar en otra universidad española) y una adaptación de las cuantías de las Erasmus en función del país de acogida para que sea «suficiente para la manutención del estudiante».
El texto urge al Ejecutivo de Rajoy a «eliminar la obligatoriedad de devolución a posteriori de la beca a aquellos alumnos que no hayan superado los créditos exigidos». El PSOE calcula que unos 120.000 han tenido que devolverla desde que existe el sistema, «aun endeudándose para hacerlo», ha dicho la diputada María Luz Martínez Seijo, encargada de defender la PNL. «Se exige al súper becario un rendimiento superior al resto y eso genera inseguridad en un contexto de dificultades económicas», ha añadido.
El PP y Ciudadanos han afeado al PSOE defender su propuesta desmarcándose de la subcomisión creada en el Congreso para alcanzar un pacto educativo. «Nos sorprende que traigan esta propuesta al pleno cuando la subcomisión es el foto adecuado, sin teatros», ha afirmado Marta Martín, de la formación naranja. «Es muy inoportuno y una deslealtad porque esto se está trabajando en la subcomisión», ha abundado el portavoz popular Miguel Lorenzo.
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