Fue uno de los principales rostros del movimiento estudiantil chileno que en 2011 logró poner en jaque al Gobierno conservador de Sebastián Piñera, exigiéndole una “educación pública, gratuita y de calidad”. Su liderazgo dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la agrupación universitaria más antigua y simbólica de Chile, le entregó la popularidad que cultivó también desde la calle.
Ante los oídos sordos del entonces mandatario chileno, y pese a la desconfianza inicial en el sistema institucional, decidió tratar de impulsar los cambios desde dentro del Congreso. Con sólo 25 años, Camila Vallejo se convirtió en diputada por el Partido Comunista. Junto con otros tres líderes estudiantiles del momento, saltó al mundo de la política formal con la reforma educativa como una de sus principales prioridades.
Hoy, con 29, preside la Comisión de Educación del Congreso y está punto de cerrar su primera legislatura con el objetivo prácticamente cumplido. Quizás no con la profundidad que desearía, pero al fin y al cabo, con cambios destacables para revertir un sistema educativo que registra tasas más altas en la educación superior pública que en la privada, y cuyas universidades estatales son las segundas más caras de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo por detrás de Estados Unidos.
El fin al lucro, la gratuidad universal progresiva -tanto en educación escolar como en superior- o el traspaso de las competencias educativas de los municipios al Estado para terminar con la desigualdad entre centro educativos, son algunas de las propuestas que esta geógrafa de profesión ha peleado a fondo desde su escaño en los últimos cuatro años.
¿Qué la llevó, a nivel personal, a levantar la lucha por una reforma educativa hasta convertirse en dirigente estudiantil?
Durante mi ingreso a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile empecé a tomar consciencia de la necesidad de hacer un cambio en el sistema educativo. Empecé a trabajar con compañeros, a levantar centros de estudiantes -porque no había en mi carrera-, a participar en instancias de la facultad y a involucrarme en los debates de la Federación de Estudiantes.
Me impliqué principalmente viendo mi realidad del endeudamiento y el de mis compañeros, que no podían pagar las carreras en la universidad pública, ni tampoco la comida o los materiales. Ahí empecé a cuestionar por qué la universidad pública no tiene financiamiento estatal como corresponde y tiene que autofinanciarse cobrando aranceles y provocando mucha desigualdad dentro de sus facultades.
¿Qué déficits enfrentan las universidades públicas en Chile?
Las universidades del Estado y particularmente la Universidad de Chile, que sigue siendo un referente muy importante en nuestro país y en el mundo, tiene que cobrar aranceles de 4.000 dólares al año para poder mantenerse. Eso hacía que no todos pudieran entrar y los que lo hacían tenían que endeudarse. No parece sostenible cuando la mayoría de las universidades del mundo son públicas, gratuitas o tienen financiamiento por parte del Estado. La Universidad de Chile se financia con menos de un 20% de aporte estatal. Es muy difícil ingresar a la educación superior con estos costos. Es perverso y no me parecía factible.
¿Así decidió pasarse de los movimientos sociales a las instituciones?
Fue un paso difícil pero necesario porque en un momento había millones de personas en las calles marchando, con apoyos de toda la familia. Era un movimiento muy transversal y diverso que tenía más del 80% de apoyo a sus demandas. Teníamos la mayoría, teníamos la razón, y el respaldo de investigaciones y estudios internacionales que hablaban de la educación de mercado en Chile. Pero nos faltaba algo: el Gobierno [de Sebastián Piñera] no quería recoger las demandas y defendía la educación privada, el lucro y el mercado. Por otra parte, había un Parlamento que no respondía a hacer cambios reales, y no había quórums suficientes para impulsarlos.
Ahí decidimos que no bastaba con marchar sino que había que llevar estas demandas a las instituciones para poder decidir y no que los otros hicieran los cambios por nosotros.
¿Qué supuso para usted dar ese salto?
No fue fácil. Hubo mucha crítica porque éramos dirigentes estudiantiles y nos metíamos en una institucionalidad muy desprestigiada. Pero lo hicimos y se lograron avances importantes respecto a las demandas que teníamos.
¿Que establece la reforma de la gratuidad que se encuentra hoy en su segundo trámite en el Senado?
Desde este año, el 50% de los estudiantes con más bajos ingresos ya estudian en la universidad de forma gratuita. El próximo año esto se amplía al 60% y se incorporará un mecanismo para llegar al 100% a futuro, sin pagar ni derechos de matrícula ni aranceles. El requisito para que el Estado financie a las universidades es que no tengan fines de lucro y que dispongan de un certificado de calidad.
Además de la gratuidad, las universidades públicas tendrán otros avances.
Sí. Superaremos algo que nos dejó la dictadura y que el gobierno de la transición no pudo solucionar: la desarticulación y falta de recursos. La reforma vuelve a articular las universidades estatales en una red y les otorga financiamiento adicional directo y permanente para docencia, investigación, extensión o infraestructura. Este aporte es aún insuficiente y tendría que aumentar para que puedan crecer las matrículas.
También establece una estatuto propio de la universidad, que la mayoría de ellas no tienen y siguen con los estatutos de la dictadura militar.
¿Cómo avanzarán estas propuestas si se cumplen los pronósticos electorales que prevén la llegada de la derecha al Gobierno tras las elecciones de noviembre?
Creo que vamos a poder avanzar. Desde el primer día, todas las reformas han sido amenazadas por la derecha con llevarlas al Tribunal Constitucional, y han entorpeciendo los trámites legislativos. Para nosotros esto no es nuevo y estamos preparados para estos escenarios. Tendremos que trabajar con premura para llegar con todas las reformas educacionales aprobadas al fin del mandato de Bachelet.
¿Cómo evalúa estos cambios en la educación?
Son cambios históricos y democráticos, que se han dado con mucha dificultad y resistencia porque hay intereses políticos, ideológicos y económicos de quienes quieren mantener el legado de la dictadura militar a toda costa. No es sólo una cuestión cultural.
Si sale reelegida como diputada, ¿qué temas podría plantear para una nueva legislatura?
En educación, habrá que monitorizar la reforma porque muchas cosas se irán implementando en los próximos años.
Además, serán temas el apoyo a la formación técnica estatal, la extensión de la jornada en los colegios o sus estructuras de financiamiento, ya que una parte importante sale de una subvención por asistencia y en los colegios más vulnerables los niñas y niños asisten menos por distintas razones, lo que promueve la desigualdad.