En la serie ¿Qué nos jugamos en estas próximas elecciones estatales? queremos tratar el tema del profesorado y la profesión docente. Es palpable en el campo de la docencia que cuando gobiernan las políticas conservadoras (y ya no digamos de cariz ultraconservadoras) el profesorado sale perjudicado. Una premisa es que no se fían de los docentes. Los consideran transmisores de ciertas ideologías y responsables de su adoctrinamiento por enseñar al alumnado a pensar y no a cómo deben pensar.
Cuando las políticas públicas son “progresistas” (y lo ponemos entre comillas) hay mayor confianza en el profesado y su formación. Recordemos qué se ha hecho con los centros de profesorado en autonomías en las que han gobernado partidos conservadores, el trato favorable a la concertada o en los brutales recortes que infringieron en la educación pública. Con eso no queremos justificar que las políticas más progresistas no hayan perjudicado también, muchas veces, al profesorado, pero no es comparable con las políticas conservadoras.
Debemos seguir luchando en contra de un marco profesional docente adaptado y postrado a una sociedad competitiva y consumista, donde el coste-beneficio y la ideología individualista están por encima de otras finalidades. La información y la formación son una mercancía preparada para consumir y los conocimientos sirven para la acreditación y la meritocracia.
Las políticas conservadoras hacen propuestas en torno a la profesión docente basadas en el control de las evaluaciones, los incentivos profesionales, los currículos estandarizados y los modelos de gestión tecnocráticos. No creen en los funcionarios públicos, en la estabilidad e independencia que significa su estatus y prefieren contratos inestables que los sometan a direcciones autoritarias. Se vuelve a un profesional que sea mero ejecutor de las directrices emanadas de las administraciones y transmisor de conocimientos, con una escasa profesionalidad y poco poder de decisión en educación. Eso nos vuelve al pasado más rancio de la educación y no lo podemos permitir.
Si las políticas conservadoras no se fían del profesorado uno de los efectos es la reducción o eliminación casi total de la formación permanente, la discrecionalidad en la forma de contratación del profesorado y en una gestión gerencialista, como propone la LOMCE y la propuesta del estatuto docente del Partido Popular. Todo ello supone una precarización del profesorado en las relaciones con su trabajo que no aseguran los mismos derechos ni garantías, no solo en cuanto a la estabilidad, sino a la falta de autonomía, pues refuerza las relaciones jerárquicas y abre un espacio a la arbitrariedad en el acceso a la profesión.
Hemos de reivindicar la autonomía del docente como potenciador de la innovación educativa y de la libertad para tomar decisiones sobre la gestión de la escuela y una de las claves para que se produzca el cambio educativo. Las políticas neoconservadoras, neoliberales y los populistas autoritarios ponen grilletes al ejercicio de la autonomía proletarizando y desprofesionalizando el ejercicio docente para ejercer un control más eficaz sobre la educación y sobre el profesorado.
Hemos de reivindicar una autonomía educativa (flexibilidad curricular y organizativa) que proporcione espacios de poder a los territorios, centros escolares y profesorado para decidir sobre normas y órganos de gestión propios y para organizar sus enseñanzas, de modo que su oferta educativa se pueda ajustar al máximo a las demandas, características y necesidades de su alumnado y de su contexto. Que dejen trabajar a los docentes y no regulen y burocraticen el trabajo docente.
Ante este tipo de políticas conservadoras que devalúan al profesorado, debemos contraponer la regulación de sus derechos que debe estar garantizada, sabiendo que su estabilidad, autonomía, formación y consideración garantizan la calidad de la educación. Y, por tanto, es necesario un estatuto de la profesión docente, pendiente desde hace mucho tiempo, pero desde un punto de vista democrático, justo y con una visión de futuro.
Este estatuto debe regular las normas correspondientes al trabajo docente, al ingreso en la profesión, la permanencia y la estabilidad en los puestos de trabajo, la movilidad interna, el desempeño de determinados puestos profesionales… Debe desarrollar la planificación de la formación del profesorado, en un proceso continuo y dinámico en el que se va configurando el profesional docente que abarca la formación inicial y permanente, el acceso a la función docente, las condiciones de trabajo y la carrera docente. Y por supuesto, su elaboración debe contar con la participación del profesorado y los representantes sindicales y tener como objetivo la regulación de sus derechos y obligaciones.
Sustituir las medidas de eficacia y control sobre el trabajo docente, evaluaciones con premios y castigos, por condiciones de trabajo dignas, menores ratios, más personal y más recursos para que puedan atender a las necesidades diversas del alumnado desde el principio de la escolaridad. Acompañadas de apoyo para los proyectos de innovación educativa y de investigación, a la elaboración de materiales curriculares, a los proyectos para situaciones con bajo desempeño, a la creación de redes…
Nos jugamos mucho. Según quien gobierne veremos cómo se trata el acceso a la función docente, la formación del profesorado y la carrera.
Si queremos mejorar la profesión docente y todo lo que comporta, tenemos que revertir las políticas de recortes llevadas a cabo durante la crisis y reformar la educación con nuevas políticas educativas, basadas en acuerdos y sobre todo en la confianza en el profesorado y en su trabajo. Ello significa dotarlos de una mayor autonomía, una mejor formación y un mayor apoyo institucional para el desarrollo de su trabajo. Y eso no lo defienden todos los partidos políticos.
Francisco Imbernón y Carmen Rodríguez Martínez. Foro de Sevilla.
