El hijo de uno de los chóferes de Augusto Pinochet fue alumno de Lucas Fernández, profesor de Historia desde 2014. Fue en el primer año de su carrera profesional, en un centro de preparación universitaria, cuando el joven se le acercó al finalizar una clase en la sobre la dictadura en Chile (1973-1990): “Me contó que se sentía confundido con lo que habíamos comentado en el aula y lo comparó con lo que él había escuchado toda su vida en su familia, que tenía una ideología más de derecha”, recuerda Lucas.
Desde entonces, ha observado esta reacción en muchos otros estudiantes en los distintos institutos en los que ha trabajado, la mayoría de ellos reconocidos como “liceos emblemáticos”, una categoría que en Chile se otorga a los centros de alto nivel de exigencia académica. “Son niños y niñas que en su familia estaban adscritos a cierta posición política y lo que se produce cuando se trata el tema es confusión porque se les enseñó una sola perspectiva de la historia”, cuenta Fernández.
El período de la dictadura de Pinochet se estudia en clase de “Historia, geografía y ciencias sociales” de 2º medio, que equivale a 4º de ESO (15-16 años) en el sistema educativo español. El contenido curricular, elaborado por el Ministerio de Educación y aprobado por el Consejo Nacional de Educación (CNED), un organismo autónomo del Estado que “cautela y promueve” la calidad en este ámbito, recomienda una dedicación de 30 horas pedagógicas (de 45 minutos cada una) a la Unidad 3, que comprende “dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia en Chile”.
El temario aborda “la dictadura militar y supresión del Estado de derecho, así como la violación de los derechos humanos y el rol de las instituciones civiles y religiosas en la defensa de las víctimas”. También se enfoca en “las características y efectos del modelo económico neoliberal y los cambios políticos producto de la Constitución de 1980” hasta llegar al proceso de transición a la democracia.
Un tema polémico
El pasado reciente fue omitido en la asignatura de Historia durante la primera década de la transición y hasta la renovación curricular que implicó la Reforma Educativa de 1997. El debate sobre la forma de tratar las causas del golpe de 1973 y la sistemática violación a los derechos humanos retrasó la publicación del nuevo texto de estudio sobre este tema, que finalmente vio la luz en 2001. “El conflicto más recurrente y de mayor repercusión pública se dio a propósito de la incorporación del tratamiento de la historia reciente en la propuesta curricular”, documenta Renato Gazmuri en su tesis doctoral La construcción ideológica del currículum chileno de Historia y Ciencias Sociales.
Entre 2007 y 2009, el gobierno de Michelle Bachelet llevó a cabo otro proceso de ajuste al currículum nacional que fue muy criticado por un sector de historiadores conservadores que, según Gazmuri, “denunció que se atentaba contra la reconciliación de los chilenos, fomentando el odio y perpetuando divisiones”. Finalmente, el contenido que se imparte hoy fue elaborado en 2016 de acuerdo a las definiciones establecidas en las Bases Curriculares de 2013 y 2015.
“En la década pasada se abrió un nuevo camino y se plantea la perspectiva que domina en la actualidad: se pone en el centro del aprendizaje de este período las distintas interpretaciones que existen al respecto”, cuenta Lucas Fernández. Según él, toman importancia “las diferentes versiones” de las causas que explican cómo se llegó a una dictadura cívico-militar de 17 años. “No hay una sola hipótesis o relato, sino que –con el apoyo de fuentes documentales, iconográficas y audiovisuales– se establece una explicación multifactorial y más compleja del acontecimiento”, precisa el profesor.
“Distintas visiones”
La unidad 4 del libro de texto de Historia de la editorial Santillana dedica una página a analizar las “distintas visiones del quiebre a la democracia”. Recoge la opinión de la Iglesia Católica, de distintos partidos, de la Junta Militar de Gobierno, de una chilena –la cantante Javiera Parra– e incluso reserva un espacio para que el estudiante recoja el testimonio de un familiar. Luego añade la mirada de cinco investigadores y plantea preguntas al alumno como “¿Cuántas perspectivas del mismo acontecimiento puedes extraer?”.
Lucas Fernández cuenta que con este enfoque se llegó a una solución “de consenso” para “no imponer una perspectiva de que el golpe de Estado fue de los militares o de una derecha recalcitrante y opositora a Allende y al gobierno de la Unidad Popular (UP)”. En su opinión, eso da lugar a entender que “en alguna medida, el quiebre democrático tiene una especie de justificación y se puede caer en el riesgo de pensar que todas las perspectivas sean igualmente válidas”. Y concreta: “Uno no puede decir que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura estaban justificadas porque se iba a instaurar un gobierno socialista”.
La terminología que se utiliza para describir los hechos es otro de los aspectos polémicos de la enseñanza de este período histórico. Las académicas Paula Morgado y Sabela Fernández-Silva analizaron ocho libros de texto de la asignatura de Historia implementados a lo largo de 12 años. Su estudio –La selección terminológica referida al golpe y dictadura militar en textos escolares de historia durante el período 2002-2014– concluyó que el concepto régimen militar es el que más aparece en estas publicaciones, seguido de términos como gobierno o gobierno militar.
Según las autoras, “esto nos sitúa en un punto de vista neutro de los hechos” porque la selección terminológica “no da información específica y fidedigna acerca de los conflictos sociales, políticos y económicos que significó la imposición de este régimen”. Hace cinco años se empezaron a usar conceptos como dictadura militar, dictadura o régimen autoritario con más frecuencia: “Esto significa que podríamos hablar de una evolución temporal respecto del concepto, aunque siguen predominando las variantes neutras a la hora de caracterizar este período”, concluyen las investigadoras. La palabra dictador apareció en una única ocasión.
“Hijos de la cultura del miedo”
El año pasado, en motivo de la conmemoración de los 45 años del golpe de Estado, los profesores del departamento de Historia del instituto de Macul, un municipio del área metropolitana de Santiago, invitaron a los estudiantes a trabajar en un proyecto de memoria histórica local con perspectiva de género. Los jóvenes rescataron el testimonio de las víctimas del centro de tortura la Venda Sexy, ubicado a cinco manzanas del colegio y conocido por ser uno de los espacios donde la represión contra las mujeres fue especialmente brutal por la violencia sexual practicada por parte de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). “Identificaron los testimonios y realizaron siluetas de cartón de figuras humanas a tamaño real en las que escribieron los relatos de las víctimas”, explica Karina Toledo, profesora de Historia del Liceo Villa Macul Academia desde hace tres años. En total, unas 30 figuras fueron expuestas en el colegio antes de ser exhibidas al exterior del antiguo centro de tortura para que los vecinos y vecinas reconocieran el espacio como un lugar de memoria. “La actividad fue muy bien recibida por los estudiantes; muchos se emocionaron y se produjo un diálogo entre la comunidad educativa sobre los hechos”, destaca Toledo.
Ese tipo de intervenciones, sin embargo, no son comunes a todos los centros educativos. “Dependen de la apertura del equipo directivo del colegio”, afirma la profesora. “Es un tema que puede generar polémica y división dentro de la comunidad porque es lo que aún genera esa experiencia histórica”, añade. Ella misma reconoce que durante los cinco años que se desempeñó en otros institutos llegó a “autocensurarse” y se privó de organizar actividades de este tipo en liceos donde no se priorizaba el enfoque en derechos humanos.
“Han existido casos de censura, hostigamiento y despido a profesores por haber realizado algún tipo de actividad considerada ‘política’”, afirma Luís Alegría, académico y profesor de Historia en la carrera de Pedagogía de varias universidades de Chile. Según el experto, la dictadura impuso una “cultura del miedo” que impidió durante muchos años que los profesores realizaran actividades “más críticas” relacionadas con la memoria histórica y los derechos humanos. “Si bien hoy el tabú para hablar de esto es menor, las prácticas censuradoras se dan en menor medida y están menos aceptadas socialmente, seguimos siendo hijos de la cultura del miedo”, asegura.
La discusión sobre cómo enseñar el período de la dictadura cívico-militar en Chile se debate entre los docentes que optan por adoptar un rol meramente transmisor de información y, por otro lado, los que apuestan por provocar una toma de consciencia para que la historia no se repita. Luís Alegría se inclina por “abrirse a nuevas temáticas y diálogos” y superar el “trauma social” que dejó la dictadura. Este 11 de septiembre, con la conmemoración de los 46 años del golpe, habrá una nueva oportunidad para profesores y estudiantes para ponerlo en práctica.