Jesús Antonio Zamanillo trabaja unas 30 horas semanales dando clase en la Universidad de Burgos por menos de 600 euros. Lleva así 13 años, con contratos de un curso de duración. Cada verano tiene que renovarlo. Como él está uno de cada cinco docentes en la universidad, aquellos que trabajan bajo un contrato de profesor asociado. «Somos precarios, pero la universidad no se podría sostener sin nosotros».
Que las universidades tienen un problema con sus plantillas es algo que ni se discute. Los profesores que están en el peldaño más precario, los asociados como Zamanillo, están sosteniendo la docencia. Con excepciones en algunos departamentos o universidades, los campus ya no se entienden sin ellos.
Sin un grupo de docentes que son el 20% de todos los profesores y casi la mitad de los contratados, un colectivo ya más numeroso que el de funcionarios titulares, a los que se considera el corazón de la enseñanza e investigación universitaria. Un grupo de docentes sosteniendo la enseñanza a razón de entre 300 y 600 euros al mes, en función de que den tres o seis horas semanales de clase (más otras tantas de tutoría). Algunos tienen otros empleos, es la idea del asociado. Pero todos están instalados en la precariedad en la universidad.
Para poner el salario de un asociado en contexto, hay que añadir que las propias universidades –al menos la de Valencia– establecen que cada hora de clase equivale a cinco de trabajo para el profesor. Bienvenidos a lo que Ramón Caballero, del CSIF, llama la «uberización» de la universidad. A cinco euros la hora de trabajo.
El Gobierno al menos es consciente del problema. Incluso se ha mostrado dispuesto a abordarlo. En los últimos meses ha estado moviendo entre sindicatos y otros grupos interesados un documento con el objetivo último de elaborar un Estatuto del Personal Docente e Investigador que regule la carrera (acceso, permanencia, promoción) y ponga un poco de orden en la Universidad. El Gobierno llega a plantear en ese texto «regularizar» a todos estos profesores.
Pero también los profesores universitarios son víctimas de la parálisis política del país. «El secretario general de Universidades nos explicó que es imposible desarrollar esto vía Real Decreto porque afecta a la Ley Orgánica de Universidades (LOU)», cuenta Caballero, «y el objetivo es hacer una ley nueva». Pero sin Congreso está complicada la tarea.
El Ministerio se muestra críptico. «Mientras se está en funciones, se focaliza en realizar las gestiones ordinarias. Cuando se constituya el Gobierno se adoptarán las iniciativas pertinentes», explican fuentes del Ministerio de Ciencia y Universidades cuando se pregunta por el Estatuto del PDI.
Es una cuestión económica
La situación actual es consecuencia de años de asfixia económica a las universidades durante la crisis –llegaron a perder 1.500 millones de euros en financiación– y la prohibición del Gobierno de que repusieran a los profesores que se jubilaban o que sacaran nuevas plazas.
Así, durante la última década, los rectores optaron por casi la única vía que les quedaba para cumplir con las necesidades docentes: contratar profesores bajo la figura del asociado. El problema es que este tipo de contrato se pensó para profesionales externos, con otro trabajo, que acudieran a la universidad a enseñar su experiencia laboral unas pocas horas a la semana. Como era más una cuestión de prestigio que laboral, están poco remunerados: se suponía que no tenía que ser su modo de vida.
«Esto viene por una mala gestión de las universidades», opina Jesús Antonio Zamanillo, profesor asociado en la Universidad de Burgos durante 13 años y miembro de la Plataforma Estatal de Profesores Asociados. «Cayeron en la tentación de ir a lo barato, pero han generado un problema estructural intentando tratar con temporalidad una situación permanente. Se contrata como asociados. Y los profesores tienen que comer, aunque sea poco. ¿Es responsabilidad del precario que acepta el contrato porque no le queda otra o de quién lo ofrece?», se pregunta.
«Aquí hay un conflicto legal. A mí la Universidad de Burgos me renueva cada año el contrato. Ya les he dicho formalmente que están en fraude de ley porque yo realmente tengo un contrato indefinido en el tiempo», explica este profesor. «Afortunadamente, los tribunales están dando la razón a los asociados».
Efectivamente, ya hay varios casos registrados en los que la justicia ha tumbado el despido de profesores asociados por considerar que estaban realizando una actividad «permanente y estructural».
En el documento que ha distribuido en las «mesas de trabajo», como las llama el ministerio, el Gobierno reconoce el problema cuando explica que «el modelo de PDI universitario incorpora otras figuras complementarias que responden a necesidades específicas del sistema (profesor asociado, sustituto interino y visitante), que exclusivamente deben dedicarse a suplir esas necesidades específicas».
¿Regulación selectiva?
¿Qué soluciones propone? Regularizar estas figuras. «El Ministerio (…) colaborará a través de un programa específico con las universidades para que aquellas que lo consideren adecuado puedan establecer una acción de regularización del profesorado asociado con dedicación fundamentalmente académica», se lee en el documento.
«Con dedicación fundamentalmente académica» hace alusión a los conocidos como falsos asociados. Esos profesores que no cumplen la exigencia de ser profesionales de prestigio en su campo laboral y que además dan clase. Son –casi todos los nuevos profesores asociados responden a este perfil– personas que se hicieron autónomas para poder ser asociados porque las universidades no andan preguntando a nadie si tiene otro trabajo o no.
«No me gusta esta división, todos somos asociados y nos une la precariedad», explica Zamanillo, que aunque se encuentra entre los afortunados habla en representación de tantos que no lo son. «La única diferencia es que a unos nos explotan la vocación docente y a otros la necesidad». Con contratos que se renuevan cada año, nadie está a salvo de una no renovación, por muy por hechas que se den.
Este docente nunca se ha planteado dejarlo. «Aunque me sienta maltratado y malpagado, aunque yo mismo me deje explotar, el aula me apasiona, pocas cosas me gustan más», explica.
En el documento del Gobierno también se desliza la posibilidad de crear las figuras laborales (no funcionarias) del profesor titular e incluso del catedrático. «Las figuras laborales hoy en día son las inestables y precarias, extender esto hacia arriba [titulares y catedráticos son la punta de la pirámide laboral universitaria] nos parecería extender la uberización«, opina Caballero.
En Catalunya estas figuras ya existen en la ley autonómica. Y los que saben del tema no le ven justificación. «¿Cuál es la diferencia entre estas dos vías? ¿En qué se diferencian? No he conseguido que me lo explique nadie», se pregunta una profesora experta en personal universitario que prefiere que no se cite su nombre para no mezclar su opinión personal con la de la institución a la que representa.
En lo que coinciden todos los consultados es que, sea cual sea la solución, va a tener un importante componente económico. Y, recuerdan, fue precisamente la falta de dinero lo que provocó la situación, por lo que los asociados son escépticos. «Se está precarizando el empleo en la universidad pública exactamente igual que en el resto de los sectores», cierra Zamanillo.
