En el curso 1974/75 se produce la huelga más larga que ha vivido la universidad española. Arranca el mes de febrero del 75 y ya no terminará hasta cinco meses después, con el fin de curso en junio. Fue una huelga protagonizada por los que entonces se conocían como profesores no numerarios (PNN o penenes), profesorado no funcionario cuya presencia había ido creciendo de forma exponencial en las universidades españolas durante el decenio anterior para dar respuesta al incremento del alumnado. Estos profesores hacía años que reivindicaban una mejora en sus precarias condiciones laborales, así como un cambio en las formas y estructuras de gobierno de las universidades, estrechamente tuteladas por el régimen. En noviembre de 1975 muere Franco. La universidad franquista aún aguantará algunos años más, y el movimiento PNN (que extrañamente cuenta con muy pocos trabajos de investigación) será una de las principales palancas de cambio.
¿Qué tiene que ver aquella situación con la actual? «Prácticamente nada», opina Guillermo Lusa, profesor jubilado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (UPC), y uno de los dirigentes de ese movimiento. «El único paralelismo que se puede encontrar es la necesidad de encontrar una salida a una situación indeseable, tratando de hacer el menor daño posible», añade. Lusa formó parte del llamado comité de los seis, los seis profesores catalanes que participaron en la negociación con el director general de Universidades, Felipe Lucena Conde, durante aquella huelga del 75. Entre esos seis estaba también Narcís Serra, cuatro años antes de convertirse en alcalde de Barcelona; al igual que los líderes penenes en la Autónoma y la Complutense de Madrid eran dos jóvenes profesores de Química llamados Javier Solana y Alfredo Pérez Rubalcaba. La lista de ex PNN célebres es larga. Eulàlia Vintró y Muriel Casals estuvieron en el corazón de la lucha PNN en Cataluña. Como también Josep Ferrer, que acabaría siendo rector de la UPC, Enric Argullol, que lo sería de la UPF, y Margarita Arboix, que lo es ahora de la UAB.
El pedagogo Jaume Carbonell, una de las primeras voces que en esta ocasión se ha levantado reclamando la necesidad del aprobado general, coincide con Lusa. «La situación ahora es absolutamente diferente. Pero sí es cierto que la reivindicación del aprobado general ahora mismo contiene también unos ingredientes de protesta o de revuelta, que me parecen necesarios ante un sistema educativo y universitario muy burocratizado, que ha perdido ya hace tiempo su liderazgo social y como espacio de pensamiento «, opina Carbonell. «Ahora bien -añade-, el aprobado general no debería significar que los estudiantes ya han terminado el curso y no tienen que hacer nada más, o que todos deben tener la misma nota: deben contar las evaluaciones anteriores y se pueden hacer trabajos para mejorarla».
La lucha de los PNN
La «situación indeseable» que se creó en 1975 en realidad arranca unos años atrás. A principios de los setenta, el movimiento de PNN se fue articulando en la mayor parte de universidades del Estado. En mayo de 1972 ya se celebra la primera asamblea estatal de profesores no numerarios en Granada, con presencia de representantes de las principales universidades del Estado, y en abril de 1973 ya se convoca una primera huelga. Reclaman, además de un aumento retributivo, un contrato laboral, entonces inexistente en la universidad, y rechazan la vía del concurso-oposición para llegar a la categoría de profesor numerario, ya que en aquellos momentos las oposiciones eran consideradas una vía de entrada reservada a los afectos al régimen. Y todo esto ocurría en unos años de gran agitación política y de contestación en una dictadura que agonizaba, pero se resistía a morir. La mayor parte de los dirigentes del movimiento PNN pertenecían a organizaciones políticas clandestinas (sobre todo en el PCE y el PSUC) y antes habían estado en movimientos estudiantiles, por lo que el colectivo rápidamente se politizó y se erigió en un polo más de contestación a la dictadura.
La huelga del 75 se enquista porque cuando apenas comienza el régimen ordena el cierre de la Universidad de Valladolid, y poco después las de Sevilla y Málaga, mientras que en diferentes facultades de Barcelona, Madrid y Valencia también son expulsados profesores no numerarios por motivos ideológicos (que se suman a otros casos de catedráticos que habían sido purgados por posicionarse junto a los valores democráticos). Por ello, en aquella huelga las reivindicaciones laborales van de la mano de las antirepresivas (reapertura de las universidades cerradas, sobreseimiento de expedientes incoados a profesores y estudiantes, y readmisión). Las autoridades no ceden, y así se llega a mediados de mayo. Y es entonces cuando surge el debate sobre la evaluación. Un sector de los PNN apuesta por el boicot (es decir, seguir con la huelga con todas las consecuencias y no hacer exámenes) y otro para el aprobado general político, es decir, por poner un 5 a todos sin hacer ningún examen. El segundo adjetivo era importante: que los profesores remarcan que la suya es una huelga general política, más que del aprobado general, se habla del aprobado general político. De hecho, hacen fortuna las siglas AGP.
De las dos opciones, la de la AGP era la menos perjudicial para los estudiantes, si bien era igualmente rechazada por las autoridades educativas y universitarias, que amenazaban con sanciones a aquellos profesores que la aplicaran. A pesar de que se hicieron asambleas por distritos universitarios, por universidades y por facultades, al final la decisión la tomó cada docente. No todos los profesores no numerarios estuvieron de acuerdo con el AGP, ni tampoco suscitaba unanimidad entre los estudiantes.
Pocos aprobados generales
Según se explica en el libro La agonía de la universidad franquista (1), en la UB sólo optaron por esta vía de forma declarada los profesores de filosofía Francisco Fernández Buey y Miguel Candel. Como consecuencia, ambos serían expedientados y unos meses después (ya muerto Franco) readmitidos por el rector, entonces Fabián Estapé. Otros (Filología y en Geografía e Historia) lo harían de forma más encubierta (es decir, con evaluaciones formales que todo el mundo aprobaba), mientras que unos terceros (Derecho, Económicas…) optarían por hacer exámenes convencionales. En la UAB diversas facultades se apuntaron al APG, si bien de forma modulada y, por tanto, los alumnos que necesitaban nota para mantener la beca la pudieron obtener, mientras que en la UPC se hicieron exámenes, si bien la mayor parte se limitaron a la parte del temario impartido antes de la huelga.
Un caso aparte es la facultad de Magisterio de la UAB, según recuerda el catedrático de Historia, José Luis Martín Ramos, en una entrevista que le hicieron en el año 2014 por un trabajo de investigación (2). Martín Ramos entró en la Autónoma como PNN de la facultad de Magisterio, y recuerda que allí el profesorado no se limitó a hacer una huelga pasiva, sino que durante aquellos meses montó una universidad paralela, muy inspirada en el mayo del 68: olvidar el currículum y montar charlas sobre cuestiones políticas en la calle. «El hecho de haber hecho esta universidad paralela nos permitió plantear un final de curso que no fuera el aprobado general político, sino que se evaluaron las experiencias presentadas allí… y, ay, en realidad lo que estuvimos haciendo es generalizar buenas notas a los estudiantes que habían participado en la universidad paralela», comenta. Para Martín Ramos, por norma general, el profesorado militante del PSUC era más proclive al APG, mientras que el proveniente de Bandera Roja era más reticente.
La cuestión del AGP generó un cisma entre el colectivo de los PNN, que se mantendría activo pero ya nunca más con el mismo empuje. Su lucha por la estabilidad laboral se mantuvo hasta mitad de los años ochenta, y se empezó a solucionar con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que impulsa el PSOE poco después de llegar al poder. Al primer Ejecutivo de Adolfo Suárez (julio de 1976) se le conoció, despectivamente, como el Gobierno de los penenes, por la inexperiencia que se atribuía a Suárez y a muchos de sus ministros, pero el auténtico gobierno de los PNN fue el de Felipe González. Dos dirigentes PNN (Serra y Solana) ocuparon las carteras de Defensa y Cultura, mientras que Pérez Rubalcaba dirigió primero el gabinete de la Secretaría de Estado de Universidades y en el año 85 ya fue nombrado director general de Universidades. Posteriormente Solana sería ministro de Educación, y Pérez Rubalcaba lo sería después de él.
Guillermo Lusa recuerda que varios miembros de la coordinadora PNN de Barcelona fueron a ver a Rubalcaba en Madrid poco después de la victoria del PSOE, «y entonces nos dijo que no se atrevían a extinguir a los funcionarios, pero que encontrarían una solución para los no numerarios, y es cuando se inventaron la historia del funcionario de nuevo tipo». La LRU abrió la vía de la contratación laboral y también una nueva vía para acceder al funcionariado: se crearon las llamadas «pruebas de idoneidad» que reconocían la labor de investigación y docencia del profesorado a fin de que pudiera pasar a ser funcionario sin necesidad de superar unas oposiciones. No había sido esta la reivindicación histórica, pero sí fue la solución que terminó de desarticular el movimiento PNN.
(1) Equipo Límite: La agonía de la universidad franquista, Ed. Laia, Barcelona, 1976 (el «equipo límite» estaba formado por los periodistas Georgina Cisquella, José Luis Erviti, Maite Goicoechea, José L. Gómez Mompart y José A. Sorolla).
(2) Tania Ferré: El movimiento de PNN en Cataluña (1.972 a 1.984); trabajo fin de máster de Historia Contemporánea (curso 2013/14).
